Judicial
Munguía Payés reconoce que daba ayuda económica y que transfirió un inmueble a su hija mientras fue ministro
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador continuó con el desfile de testigos en la audiencia de sentencia en contra del exministro de Defensa, David Munguía Payés.
Ayer (martes), el exfuncionario declaró como testigo de descargo en dicho caso, durante su intervención Munguía Payés reconoció haber ayudado económicamente a su hija Blanca Patricia Munguía Molina entre el 2011 y 2012 cuando fungía como ministro.
«Entiendo que por una ayuda económica, que le di a mi hija Blanca Patricia Munguía Molina, entre finales de 2011 y mediados del 2012», respondió el exfuncionario ante la interrogante del abogado defensor, de ¿por qué se encontraba declarando como testigo en dicha audiencia?.
#CombateALaCorrupción I El exfuncionario utilizó fondos públicos para realizar compras de bienes e inversiones en depósitos a plazo fijo por un monto de $4,638,164.91.
La @FGR_SV solicita que 9 inmuebles, entre ellos un rancho de playa, 2 vehículos y 9 depósitos a plazo fijo a… pic.twitter.com/UCTJzNifjE
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 19, 2024
Munguía Payés explicó que la ayuda económica consistió en depósitos de efectivo en cuentas bancarias y la entrega de un inmueble.
«En realidad le hice un traspaso de un inmueble y algunos depósitos de dinero en cuenta bancaria», señaló el imputado.
El exministro explicó que el inmueble está ubicado en el km 9 y medio, pasaje Kriete, en Los Planes de Renderos, en San Salvador, con un valor de $20,000. Según Munguía Payés el lote fue adquirido en 1992, con los salarios obtenidos por unos trabajos realizados en Venezuela.
«El traspaso del inmueble se lo hice a mi hija a través de un contrato de compraventa por $20,000, al final no me pagó nada porque era mi hija y yo pensaba en ayudarla», indicó Munguía Payés respecto al traslado a favor de su hija del inmueble en enero de 2012.
Respecto a la ayuda económica brindada a su hija, el exfuncionario detalló que le depósito aproximadamente $14,000.
«Aproximadamente le entregue $14,000, el dinero se lo depositaba en su cuenta bancaria personal», apuntó Munguía Payés.
Los depósitos fueron realizados por un empleado que estaba a su cargo como ministro en montos que iban desde los $1,500 en adelante de forma mensual.
«El dinero depositado provenía del salario y de la pensión, mi salario en ese momento era de $3,500 aproximadamente y la pensión de $2,800», explicó el exministro.
Según Munguía Páyes, el dinero depositado era para obras de terracería en el terreno ubicado en Los Planes de Renderos, sin embargo, los trabajos nunca fueron ejecutados y en su lugar el lote fue vendido para que Blanca Patricia comprara un terreno ubicado en el exclusivo residencial Greenside, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad, por un monto entre los $92,000 y los $93,000.
«El terreno en Greenside fue adquirido con el dinero depositado, la venta del inmueble de Los Planes de Renderos, un préstamo que hizo el esposo de mi hija y $30,000 recaudados en los sobre recibidos por mi hija y su esposo en la celebración de su boda», detalló el exministro.
Según la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, en su calidad de funcionario en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, adquirió bienes e inmuebles por un monto de $4.6 millones, varios de ellos ahora están a nombre de sus familiares cercanos.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
