Judicial
Miembro de una familia se salva de milagro cuando un sujeto le apuntaba con un arma en la cabeza
La mañana del 13 de abril de 2017, la familia Fernández (apellido modificado por seguridad) vivió momentos de terror al interior de su vivienda, ubicada en una colonia de la Troncal del Norte, cuando uno de sus seis miembros se salvó milagrosamente de ser asesinado por un sujeto que le apuntaba con un arma de fuego a su cabeza.
A eso de las 10:00 de la mañana, uno de los integrantes del grupo familiar –entre los que había dos menores de edad- decidió mantener abierta la puerta principal de la casa debido al clima que había en la zona.
La familia decidió comenzar las labores domésticas, fue en el momento que una de las mujeres se encontraba en el área de cocina que logró escuchar dos voces diferentes a los de sus parientes, mismas que se mezclaron con gritos de desesperación.
La curiosidad hizo que esta presenciara un escenario de un gran escándalo. Dos sujetos con aspecto de pandilleros habían ingresado por la puerta que mantenían de par en par.
“¿Qué pedos?”, dijo Jesús Jonathan Romero Funes al entrar y servir de “escudo” a Edwin Enrique Soriano, quien sin mediar palabra alguna colocó un arma de fuego calibre 45 milímetros en la cabeza de “Carlos” (nombre modificado por protección).
Para suerte de la víctima, Soriano no pudo efectuar los diversos disparos que intentaba ejecutar, debido a que el arma se encasquilló.
Al ver la acción frustrada de ambos sujetos, otros miembros del núcleo familiar pidieron ayuda y, a la vez, empezaron a forcejear con los atacantes para despojarlos del arma y expulsarlos de la vivienda.
En tanto, la mujer que presenciaba todo desde la cocina corrió hasta donde Carlos para meterlo a una habitación y protegerlo. Fue ahí donde la víctima logró observar a través de una ventana que afuera de su casa se encontraba un tercer sujeto: David Margarito López Romero.
A bordo de un carro color verde López Romero esperaba a sus compinches. Al mismo tiempo observaba hacia todos lados para verificar que ninguna patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) transitara por la zona.
La captura de los imputados
Finalmente, la familia logró sacar a empujones a ambos hombres, sin tener él éxito de quitarles el arma, que de no haberse encasquillado habría sido la herramienta con la que le quitarían la vida a “Carlos”.
Romero Funes, Soriano y López Romero huyeron en el vehículo, pero minutos después fueron interceptados por agentes policiales, luego de que estos recibieran una alerta del operador de turno.
Los tres atacantes se estacionaron en una gasolinera ubicada sobre la carretera de la Troncal del Norte en donde dos de ellos fueron detenidos con prontitud; mientras Soriano intentó ocultarse entre los empleados del centro de servicio, pero los policías lo observaron al ser la única persona que no portaba uniforme del local.
Ante esto, Soriano intentó huir sin lograrlo. En su cintura portaba el arma estropeada, misma que le fue incautada, así como el vehículo.
Pese a la captura de sus verdugos, la familia Fernández optó por mudarse de la zona por temor a las represalias que los compinches de los capturados podrían tomar en su contra.
El proceso judicial
Posterior a la captura y con el relato de las víctimas, la representación de la Fiscalía General de la República acusó a los tres hombres por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.
Además, el ministerio público les adjudicó el delito de posesión y tenencia ilegal de armas a Soriano, por lo que este acumuló dos infracciones penales.
A través de una videoconferencia enlazada desde el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, y con Soriano presente en la sala de audiencias 3-C, tras ser trasladado desde el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, se desarrolló la audiencia de vista pública.
Por haber sido cómplice necesario para cometer el intento de asesinato, Romero Funes recibió 10 años de prisión; López Romero recibió siete años y seis meses por ser cómplice no necesario al hecho. La mayor pena fue para Soriano, quien recibió 15 años de prisión.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
