Judicial
Miembro de una familia se salva de milagro cuando un sujeto le apuntaba con un arma en la cabeza
La mañana del 13 de abril de 2017, la familia Fernández (apellido modificado por seguridad) vivió momentos de terror al interior de su vivienda, ubicada en una colonia de la Troncal del Norte, cuando uno de sus seis miembros se salvó milagrosamente de ser asesinado por un sujeto que le apuntaba con un arma de fuego a su cabeza.
A eso de las 10:00 de la mañana, uno de los integrantes del grupo familiar –entre los que había dos menores de edad- decidió mantener abierta la puerta principal de la casa debido al clima que había en la zona.
La familia decidió comenzar las labores domésticas, fue en el momento que una de las mujeres se encontraba en el área de cocina que logró escuchar dos voces diferentes a los de sus parientes, mismas que se mezclaron con gritos de desesperación.
La curiosidad hizo que esta presenciara un escenario de un gran escándalo. Dos sujetos con aspecto de pandilleros habían ingresado por la puerta que mantenían de par en par.
“¿Qué pedos?”, dijo Jesús Jonathan Romero Funes al entrar y servir de “escudo” a Edwin Enrique Soriano, quien sin mediar palabra alguna colocó un arma de fuego calibre 45 milímetros en la cabeza de “Carlos” (nombre modificado por protección).
Para suerte de la víctima, Soriano no pudo efectuar los diversos disparos que intentaba ejecutar, debido a que el arma se encasquilló.
Al ver la acción frustrada de ambos sujetos, otros miembros del núcleo familiar pidieron ayuda y, a la vez, empezaron a forcejear con los atacantes para despojarlos del arma y expulsarlos de la vivienda.
En tanto, la mujer que presenciaba todo desde la cocina corrió hasta donde Carlos para meterlo a una habitación y protegerlo. Fue ahí donde la víctima logró observar a través de una ventana que afuera de su casa se encontraba un tercer sujeto: David Margarito López Romero.
A bordo de un carro color verde López Romero esperaba a sus compinches. Al mismo tiempo observaba hacia todos lados para verificar que ninguna patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) transitara por la zona.
La captura de los imputados
Finalmente, la familia logró sacar a empujones a ambos hombres, sin tener él éxito de quitarles el arma, que de no haberse encasquillado habría sido la herramienta con la que le quitarían la vida a “Carlos”.
Romero Funes, Soriano y López Romero huyeron en el vehículo, pero minutos después fueron interceptados por agentes policiales, luego de que estos recibieran una alerta del operador de turno.
Los tres atacantes se estacionaron en una gasolinera ubicada sobre la carretera de la Troncal del Norte en donde dos de ellos fueron detenidos con prontitud; mientras Soriano intentó ocultarse entre los empleados del centro de servicio, pero los policías lo observaron al ser la única persona que no portaba uniforme del local.
Ante esto, Soriano intentó huir sin lograrlo. En su cintura portaba el arma estropeada, misma que le fue incautada, así como el vehículo.
Pese a la captura de sus verdugos, la familia Fernández optó por mudarse de la zona por temor a las represalias que los compinches de los capturados podrían tomar en su contra.
El proceso judicial
Posterior a la captura y con el relato de las víctimas, la representación de la Fiscalía General de la República acusó a los tres hombres por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.
Además, el ministerio público les adjudicó el delito de posesión y tenencia ilegal de armas a Soriano, por lo que este acumuló dos infracciones penales.
A través de una videoconferencia enlazada desde el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, y con Soriano presente en la sala de audiencias 3-C, tras ser trasladado desde el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, se desarrolló la audiencia de vista pública.
Por haber sido cómplice necesario para cometer el intento de asesinato, Romero Funes recibió 10 años de prisión; López Romero recibió siete años y seis meses por ser cómplice no necesario al hecho. La mayor pena fue para Soriano, quien recibió 15 años de prisión.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
