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Judicial

Miembro de una familia se salva de milagro cuando un sujeto le apuntaba con un arma en la cabeza

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La mañana del 13 de abril de 2017, la familia Fernández (apellido modificado por seguridad) vivió momentos de terror al interior de su vivienda, ubicada en una colonia de la Troncal del Norte, cuando uno de sus seis miembros se salvó milagrosamente de ser asesinado por un sujeto que le apuntaba con un arma de fuego a su cabeza.

A eso de las 10:00 de la mañana, uno de los integrantes del grupo familiar –entre los que había dos menores de edad- decidió mantener abierta la puerta principal de la casa debido al clima que había en la zona.

La familia decidió comenzar las labores domésticas, fue en el momento que una de las mujeres se encontraba en el área de cocina que logró escuchar dos voces diferentes a los de sus parientes, mismas que se mezclaron con gritos de desesperación.

La curiosidad hizo que esta presenciara un escenario de un gran escándalo. Dos sujetos con aspecto de pandilleros habían ingresado por la puerta que mantenían de par en par.

“¿Qué pedos?”, dijo Jesús Jonathan Romero Funes al entrar y servir de “escudo” a Edwin Enrique Soriano, quien sin mediar palabra alguna colocó un arma de fuego calibre 45 milímetros en la cabeza de “Carlos” (nombre modificado por protección).

Para suerte de la víctima, Soriano no pudo efectuar los diversos disparos que intentaba ejecutar, debido a que el arma se encasquilló.

Al ver la acción frustrada de ambos sujetos, otros miembros del núcleo familiar pidieron ayuda y, a la vez, empezaron a forcejear con los atacantes para despojarlos del arma y expulsarlos de la vivienda.

En tanto, la mujer que presenciaba todo desde la cocina corrió hasta donde Carlos para meterlo a una habitación y protegerlo. Fue ahí donde la víctima logró observar a través de una ventana que afuera de su casa se encontraba un tercer sujeto: David Margarito López Romero.

A bordo de un carro color verde López Romero esperaba a sus compinches. Al mismo tiempo observaba hacia todos lados para verificar que ninguna patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) transitara por la zona.

La captura de los imputados

Finalmente, la familia logró sacar a empujones a ambos hombres, sin tener él éxito de quitarles el arma, que de no haberse encasquillado habría sido la herramienta con la que le quitarían la vida a “Carlos”.

Romero Funes, Soriano y López Romero huyeron en el vehículo, pero minutos después fueron interceptados por agentes policiales, luego de que estos recibieran una alerta  del operador de turno.

Los tres atacantes se estacionaron en una gasolinera ubicada sobre la carretera de la Troncal del Norte en donde dos de ellos fueron detenidos con prontitud; mientras Soriano intentó ocultarse entre los empleados del centro de servicio, pero los policías lo observaron al ser la única persona que no portaba uniforme del local.

Ante esto, Soriano intentó huir sin lograrlo. En su cintura portaba el arma estropeada, misma que le fue incautada, así como el vehículo.

Pese a la captura de sus verdugos, la familia Fernández optó por mudarse de la zona por temor a las represalias que los compinches de los capturados podrían tomar en su contra.

El proceso judicial

Posterior a la captura y con el relato de las víctimas, la representación de la Fiscalía General de la República acusó a los tres hombres por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Además, el ministerio público les adjudicó el delito de posesión y tenencia ilegal de armas a Soriano, por lo que este acumuló dos infracciones penales.

A través de una videoconferencia enlazada desde el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, y con Soriano presente en la sala de audiencias 3-C, tras ser trasladado desde el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, se desarrolló la audiencia de vista pública.

Por haber sido cómplice necesario para cometer el intento de asesinato, Romero Funes recibió 10 años de prisión; López Romero recibió siete años y seis meses por ser cómplice no necesario al hecho. La mayor pena fue para Soriano, quien recibió 15 años de prisión.

Foto Referencia.

Por: El Salvador Times.

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Internacionales

Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado

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La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.

La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.

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Judicial

Hombre recibe 66 años de prisión por violar y asesinar a niña en Soyapango

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El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.

De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.

Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.

Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.

Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.

El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.

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Judicial

Envían a juicio a Napoleón Duarte y familia por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.

Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.

Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.

Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.

La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.

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