Judicial
Miembro de una familia se salva de milagro cuando un sujeto le apuntaba con un arma en la cabeza
La mañana del 13 de abril de 2017, la familia Fernández (apellido modificado por seguridad) vivió momentos de terror al interior de su vivienda, ubicada en una colonia de la Troncal del Norte, cuando uno de sus seis miembros se salvó milagrosamente de ser asesinado por un sujeto que le apuntaba con un arma de fuego a su cabeza.
A eso de las 10:00 de la mañana, uno de los integrantes del grupo familiar –entre los que había dos menores de edad- decidió mantener abierta la puerta principal de la casa debido al clima que había en la zona.
La familia decidió comenzar las labores domésticas, fue en el momento que una de las mujeres se encontraba en el área de cocina que logró escuchar dos voces diferentes a los de sus parientes, mismas que se mezclaron con gritos de desesperación.
La curiosidad hizo que esta presenciara un escenario de un gran escándalo. Dos sujetos con aspecto de pandilleros habían ingresado por la puerta que mantenían de par en par.
“¿Qué pedos?”, dijo Jesús Jonathan Romero Funes al entrar y servir de “escudo” a Edwin Enrique Soriano, quien sin mediar palabra alguna colocó un arma de fuego calibre 45 milímetros en la cabeza de “Carlos” (nombre modificado por protección).
Para suerte de la víctima, Soriano no pudo efectuar los diversos disparos que intentaba ejecutar, debido a que el arma se encasquilló.
Al ver la acción frustrada de ambos sujetos, otros miembros del núcleo familiar pidieron ayuda y, a la vez, empezaron a forcejear con los atacantes para despojarlos del arma y expulsarlos de la vivienda.
En tanto, la mujer que presenciaba todo desde la cocina corrió hasta donde Carlos para meterlo a una habitación y protegerlo. Fue ahí donde la víctima logró observar a través de una ventana que afuera de su casa se encontraba un tercer sujeto: David Margarito López Romero.
A bordo de un carro color verde López Romero esperaba a sus compinches. Al mismo tiempo observaba hacia todos lados para verificar que ninguna patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) transitara por la zona.
La captura de los imputados
Finalmente, la familia logró sacar a empujones a ambos hombres, sin tener él éxito de quitarles el arma, que de no haberse encasquillado habría sido la herramienta con la que le quitarían la vida a “Carlos”.
Romero Funes, Soriano y López Romero huyeron en el vehículo, pero minutos después fueron interceptados por agentes policiales, luego de que estos recibieran una alerta del operador de turno.
Los tres atacantes se estacionaron en una gasolinera ubicada sobre la carretera de la Troncal del Norte en donde dos de ellos fueron detenidos con prontitud; mientras Soriano intentó ocultarse entre los empleados del centro de servicio, pero los policías lo observaron al ser la única persona que no portaba uniforme del local.
Ante esto, Soriano intentó huir sin lograrlo. En su cintura portaba el arma estropeada, misma que le fue incautada, así como el vehículo.
Pese a la captura de sus verdugos, la familia Fernández optó por mudarse de la zona por temor a las represalias que los compinches de los capturados podrían tomar en su contra.
El proceso judicial
Posterior a la captura y con el relato de las víctimas, la representación de la Fiscalía General de la República acusó a los tres hombres por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.
Además, el ministerio público les adjudicó el delito de posesión y tenencia ilegal de armas a Soriano, por lo que este acumuló dos infracciones penales.
A través de una videoconferencia enlazada desde el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, y con Soriano presente en la sala de audiencias 3-C, tras ser trasladado desde el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, se desarrolló la audiencia de vista pública.
Por haber sido cómplice necesario para cometer el intento de asesinato, Romero Funes recibió 10 años de prisión; López Romero recibió siete años y seis meses por ser cómplice no necesario al hecho. La mayor pena fue para Soriano, quien recibió 15 años de prisión.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
