Judicial
Miembro de una familia se salva de milagro cuando un sujeto le apuntaba con un arma en la cabeza
La mañana del 13 de abril de 2017, la familia Fernández (apellido modificado por seguridad) vivió momentos de terror al interior de su vivienda, ubicada en una colonia de la Troncal del Norte, cuando uno de sus seis miembros se salvó milagrosamente de ser asesinado por un sujeto que le apuntaba con un arma de fuego a su cabeza.
A eso de las 10:00 de la mañana, uno de los integrantes del grupo familiar –entre los que había dos menores de edad- decidió mantener abierta la puerta principal de la casa debido al clima que había en la zona.
La familia decidió comenzar las labores domésticas, fue en el momento que una de las mujeres se encontraba en el área de cocina que logró escuchar dos voces diferentes a los de sus parientes, mismas que se mezclaron con gritos de desesperación.
La curiosidad hizo que esta presenciara un escenario de un gran escándalo. Dos sujetos con aspecto de pandilleros habían ingresado por la puerta que mantenían de par en par.
“¿Qué pedos?”, dijo Jesús Jonathan Romero Funes al entrar y servir de “escudo” a Edwin Enrique Soriano, quien sin mediar palabra alguna colocó un arma de fuego calibre 45 milímetros en la cabeza de “Carlos” (nombre modificado por protección).
Para suerte de la víctima, Soriano no pudo efectuar los diversos disparos que intentaba ejecutar, debido a que el arma se encasquilló.
Al ver la acción frustrada de ambos sujetos, otros miembros del núcleo familiar pidieron ayuda y, a la vez, empezaron a forcejear con los atacantes para despojarlos del arma y expulsarlos de la vivienda.
En tanto, la mujer que presenciaba todo desde la cocina corrió hasta donde Carlos para meterlo a una habitación y protegerlo. Fue ahí donde la víctima logró observar a través de una ventana que afuera de su casa se encontraba un tercer sujeto: David Margarito López Romero.
A bordo de un carro color verde López Romero esperaba a sus compinches. Al mismo tiempo observaba hacia todos lados para verificar que ninguna patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) transitara por la zona.
La captura de los imputados
Finalmente, la familia logró sacar a empujones a ambos hombres, sin tener él éxito de quitarles el arma, que de no haberse encasquillado habría sido la herramienta con la que le quitarían la vida a “Carlos”.
Romero Funes, Soriano y López Romero huyeron en el vehículo, pero minutos después fueron interceptados por agentes policiales, luego de que estos recibieran una alerta del operador de turno.
Los tres atacantes se estacionaron en una gasolinera ubicada sobre la carretera de la Troncal del Norte en donde dos de ellos fueron detenidos con prontitud; mientras Soriano intentó ocultarse entre los empleados del centro de servicio, pero los policías lo observaron al ser la única persona que no portaba uniforme del local.
Ante esto, Soriano intentó huir sin lograrlo. En su cintura portaba el arma estropeada, misma que le fue incautada, así como el vehículo.
Pese a la captura de sus verdugos, la familia Fernández optó por mudarse de la zona por temor a las represalias que los compinches de los capturados podrían tomar en su contra.
El proceso judicial
Posterior a la captura y con el relato de las víctimas, la representación de la Fiscalía General de la República acusó a los tres hombres por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.
Además, el ministerio público les adjudicó el delito de posesión y tenencia ilegal de armas a Soriano, por lo que este acumuló dos infracciones penales.
A través de una videoconferencia enlazada desde el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, y con Soriano presente en la sala de audiencias 3-C, tras ser trasladado desde el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, se desarrolló la audiencia de vista pública.
Por haber sido cómplice necesario para cometer el intento de asesinato, Romero Funes recibió 10 años de prisión; López Romero recibió siete años y seis meses por ser cómplice no necesario al hecho. La mayor pena fue para Soriano, quien recibió 15 años de prisión.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
