Judicial
Mauricio Arrieta presenta denuncia ante la Fiscalía contra notario, Karla Ivette Escamilla, a quien acusa de falsead documental agravada en poder usado para acusarlo
Este miércoles 11 de septiembre se ha presentado una nueva denuncia contra la abogada y notario, Karla Ivette Escamilla López, quien actualmente está siendo procesada por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Juzgado Cuarto de Instrucción por el delito de Peculado.
La nueva denunciada, relaciona que Karla Ivette Escamilla López con la intención de involucrar falsamente al arquitecto Mauricio Arrieta, ante sus oficios, relacionó falsamente las credenciales con que actúa para otorgar un poder al licenciado René Medrano en nombre de una sociedad en Barbados, poder dado al abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, el día 3 de mayo 2019 y nuevamente al día siguiente, intentó sorprender al magistrado Antonio Durán de la Cámara Tercera de lo Penal, vuelve a sustituir, ante sus propios oficios de notario, y regresa el mismo poder nuevamente a René Medrano.
Según la denuncia es tan falso y notorio dicho poder, que la notario afirma haber tenido a la vista el documento original, traducida al español la personería de la junta directiva y relata a los seis directores por sus nombres propios y sus cargos, pero “es tan burda la falsedad que dicha sociedad por ley de creación tiene un mínimo de un director y un máximo de 5 directores, cuando ella relaciona 6 directores, con lo cual se comprueba el delito”.
El abogado René Alberto Medrano, presentó una solicitud para constituirse Querellante, el cual hizo acompañar de un Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, otorgado ante los oficios notariales de la licenciada Karla Ivette Escamilla López, correspondiente a escritura número cincuenta y tres del Libro de Protocolo número quince, de la referida notario, resultando que en tal instrumento consta que fue otorgado: “En la ciudad de San Salvador a las quince horas del día tres de mayo de dos mil diecinueve, por René Alberto Medrano, quien manifestó actuar en nombre y representación de la Sociedad TRADESAL INC., una sociedad de nacionalidad Barbadense, del domicilio de San Michel, Barbados, quien en esa supuesta calidad le otorga poder especial para querellar, amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere procedente, a los abogados Carlos Daniel Ayala Turcios, José Carlos Barrientos Díaz y Jesús Edgardo Ventura Ayala”.
Posteriormente, mediante acta notarial otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas y quince minutos del día cuatro de mayo de dos mil diecinueve, suscrita ante sí y por sí, el abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, sustituye en todas y cada una de sus partes el poder que le había sido conferido, en el mismo licenciado René Alberto Medrano, es decir quien lo otorgó en supuesta representación de TRADESAL INC, según se desprende de la denuncia.
“Es por tal motivo, que corresponden al verificar la relación de la personería que la notario autorizante efectuó al momento del otorgamiento del relacionado poder, establece que el licenciado René Alberto Medrano contaba con amplias y suficientes credenciales para comparecer y conferir las potestades relacionadas en el poder especial para querellar, lo cual no coincidía con la realidad.
Precisamente, la notario autorizante y hoy denunciada, en el instrumento público señalado expresa dar fe de ser legítima y suficiente la personería con la cual actuó René Alberto Medrano, con lo cual sorprende como acostumbra hacer a los magistrados de la Cámara Tercera de lo penal y le otorgan ilegalmente la calidad de querellante”, comentó el abogado del denunciante.
Esta no es la primera vez que el abogado Medrano acredita ilegalmente una calidad, ya que también intentó hacerlo en otro proceso penal, aludiendo tener la calidad de apoderado de Tradesal. Lo que fue descartado por la Cámara 2a de San Salvador, mencionada el abogado.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
