Judicial
Mauricio Arrieta presenta denuncia ante la Fiscalía contra notario, Karla Ivette Escamilla, a quien acusa de falsead documental agravada en poder usado para acusarlo
Este miércoles 11 de septiembre se ha presentado una nueva denuncia contra la abogada y notario, Karla Ivette Escamilla López, quien actualmente está siendo procesada por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Juzgado Cuarto de Instrucción por el delito de Peculado.
La nueva denunciada, relaciona que Karla Ivette Escamilla López con la intención de involucrar falsamente al arquitecto Mauricio Arrieta, ante sus oficios, relacionó falsamente las credenciales con que actúa para otorgar un poder al licenciado René Medrano en nombre de una sociedad en Barbados, poder dado al abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, el día 3 de mayo 2019 y nuevamente al día siguiente, intentó sorprender al magistrado Antonio Durán de la Cámara Tercera de lo Penal, vuelve a sustituir, ante sus propios oficios de notario, y regresa el mismo poder nuevamente a René Medrano.
Según la denuncia es tan falso y notorio dicho poder, que la notario afirma haber tenido a la vista el documento original, traducida al español la personería de la junta directiva y relata a los seis directores por sus nombres propios y sus cargos, pero “es tan burda la falsedad que dicha sociedad por ley de creación tiene un mínimo de un director y un máximo de 5 directores, cuando ella relaciona 6 directores, con lo cual se comprueba el delito”.
El abogado René Alberto Medrano, presentó una solicitud para constituirse Querellante, el cual hizo acompañar de un Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, otorgado ante los oficios notariales de la licenciada Karla Ivette Escamilla López, correspondiente a escritura número cincuenta y tres del Libro de Protocolo número quince, de la referida notario, resultando que en tal instrumento consta que fue otorgado: “En la ciudad de San Salvador a las quince horas del día tres de mayo de dos mil diecinueve, por René Alberto Medrano, quien manifestó actuar en nombre y representación de la Sociedad TRADESAL INC., una sociedad de nacionalidad Barbadense, del domicilio de San Michel, Barbados, quien en esa supuesta calidad le otorga poder especial para querellar, amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere procedente, a los abogados Carlos Daniel Ayala Turcios, José Carlos Barrientos Díaz y Jesús Edgardo Ventura Ayala”.
Posteriormente, mediante acta notarial otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas y quince minutos del día cuatro de mayo de dos mil diecinueve, suscrita ante sí y por sí, el abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, sustituye en todas y cada una de sus partes el poder que le había sido conferido, en el mismo licenciado René Alberto Medrano, es decir quien lo otorgó en supuesta representación de TRADESAL INC, según se desprende de la denuncia.
“Es por tal motivo, que corresponden al verificar la relación de la personería que la notario autorizante efectuó al momento del otorgamiento del relacionado poder, establece que el licenciado René Alberto Medrano contaba con amplias y suficientes credenciales para comparecer y conferir las potestades relacionadas en el poder especial para querellar, lo cual no coincidía con la realidad.
Precisamente, la notario autorizante y hoy denunciada, en el instrumento público señalado expresa dar fe de ser legítima y suficiente la personería con la cual actuó René Alberto Medrano, con lo cual sorprende como acostumbra hacer a los magistrados de la Cámara Tercera de lo penal y le otorgan ilegalmente la calidad de querellante”, comentó el abogado del denunciante.
Esta no es la primera vez que el abogado Medrano acredita ilegalmente una calidad, ya que también intentó hacerlo en otro proceso penal, aludiendo tener la calidad de apoderado de Tradesal. Lo que fue descartado por la Cámara 2a de San Salvador, mencionada el abogado.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
