Judicial
Martes se dará a conocer fallo contra tres policías acusados de homicidio
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, este martes darla el fallo en contra de tres agentes de la Policìa Nacional Civil (PNC) acusados de homicidio agravado y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública en perjuicio de Nelson Arquímedes Díaz Córdova, conocido socialmente como “Camila”.
Los acusados son identificados como Carlos Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza Rivas y Luis Alfredo Avelar Sandoval, quienes estaban destacados en el sistema de emergencia 911 de la PNC.
La audiencia se desarrolló de forma virtual desde el Centro Penitenciario La Esperanza, donde los acusados guardan prisión. Este día rindieron declaración dos testigos más, haciendo un total de seis testigos con prueba testimonial, entre ellos uno con régimen de protección, clave “Muralla”, quien manifestó que la víctima, antes de ser detenida fue observada cuando realizaba acciones extrañas como pelearse con los arbustos.
Los hechos sucedieron el 31 de enero de 2019 a las 3:00 de la madrugada, cuando los imputados atendieron un llamado del Sistema de Emergencia 911, donde informaron que Díaz Córdoba se encontraba generando disturbios, en la 25 Avenida norte en ésta capital y al llegar a la zona fue esposado y lo subieron a la patrulla policial.
Dos de los acusados rindieron su declaración en la audiencia, en la que manifestaron que luego de llegar al lugar donde se encontraba la víctima, le consultaron donde podían llevarlo, este dijo que a la calle Motocross, por lo que eso quedó registrado en el libro de novedades, el sujeto al llegar al lugar mencionado dijo que ya no, que mejor por los túneles de la 75 avenida, nuevamente al acercarse a la zona dijo que mejor por el Redondel Shafick, de esa forma fue que lo dejaron en el kilómetro 5 del Bulevar Constitución y que después no supieron más de él.
Según Fiscalía, los agentes manifestaron que iban a trasladar a la víctima y la privaron de libertad y que además durante el trayecto recibió golpes.
Estos lo bajaron en el Boulevard Constitución, luego fue trasladado al Hospital Nacional Rosales, pero debido a los golpes falleció el 3 de febrero de 2019.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
