Jueza de la
Cámara Segundo de San Salvador y defensa, buscan trato preferencial para Jorge
Nieto, exministro de Obras Públicas condenado a 12 años de prisión por delito
de peculado
La defensa
del exministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto, quien fue condenado a
guardar prisión por 12 años y al pago de casi $13 millones por el delito de
peculado en la construcción del bulevar Diego de Holguín, (hoy Monseñor Romero),
presentó una petición a la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador para que Nieto
guarde arresto domiciliar por riesgo de contagio del COVID-19.
La defensa
pide que se realiza una audiencia urgente de revisión de medidas para el
exministro de Obras Públicas, quien en noviembre del año pasado fue condenado
por el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito antes mencionado.
Lisandro
Quintanilla, abogado defensor de Nieto, asegura que su defensor no puede estar
encarcelado hasta que la sentencia esté en firme, lo cual deberá resolver la
Cámara Segunda de lo Penal, en los próximos días.
Quintanilla
pide que su defendido porte un brazalete electrónico que garantice que no se
fugará, ya que tiene problemas de salud crónicos, y el brote de coronavirus convertida
en pandemia pone en riesgo a su cliente.
Esta medida de
ser aceptada violaría los derechos de libertad e igualdad jurídica de más de 30
mil reos que conforman la población carcelaria en el país y dejaría entrever
cierto “favoritismo” de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador para con
Jorge Nieto, aseguran algunos expertos en leyes y derechos penales del país.
Para ellos, la petición por decretarle arresto domiciliar a Jorge Nieto en tiempos de crisis por coronavirus, sería una “jugada sucia” entre la magistrada de la Cámara, Rosa María Fortín Hueso y el abogado defensor del exfuncionario, ya que en todo caso resolver a favor o en contra del ex ministro de Obras Públicas es de debida competencia del juez de vigilancia.
De allí surge la interrogante ¿Por qué el trato preferencial hacia Jorge Isidoro Nieto por parte de la magistrada de Rosa María Fortín Hueso?, quien se habla maneja a su antojo los procesos judiciales dentro de la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador y de quien hay mucho cuestionamientos por sus fallos preferenciales junto a Victoria Blanco.
La medida no
ha pasado por desapercibida en los usuarios de redes sociales, quienes muestra
su repudio por la medida que busca favorecer a Jorge Nieto con tan solo meses de
guardar prisión, mientras que 33 mil reos llevan años pagado por menores
delitos y sin gozar de tratos preferenciales dentro del sistema carcelario del
país.
Acá algunos Twitter de usuario en cuanto al tema.
La Fiscalía General de la República (FGR), atribuyó a Jorge Nieto una apropiación indebida de $9 millones del Estado, a favor de terceros, cuando este fungió como titular de Obras Públicas.
Además, de
acuerdo con la FGR, el exministro permitió que se le entregara a la empresa
responsable de la construcción del bulevar Diego de Holguín, (Hoy Monseñor
Romero) un anticipo por $7,695,887, aun cuando esta no estaba cumpliendo lo
pactado en el contrato.
Esta es una
nueva prueba para el sistema judicial y penitenciario salvadoreño, en el que
está a punto de cometerse una flagrante injusticia, poniendo en libertad a
alguien que quiere pasar por encima de todo el sistema para salir de la cárcel
y gozar de un cómodo arresto domiciliar.
A 15 años de prisión fue condenado Jeriel Elías Campos López por haber extorsionado a una víctima con publicar fotos íntimas en páginas de contenido sexual para adultos.
El delito se cometió el 6 de agosto del 2023, en la jurisdicción de Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Campos López comenzó a acosar a la víctima por medio de mensajes instantáneos promoviendo una página de contenido para adultos, y le advirtió que sino pagaba ciertas cantidades de dinero, publicarían imágenes e información personal en su sitio web.
La víctima se negó y al poco tiempo comenzó a recibir mensajes solicitando servicios sexuales que en ningún momento él ofreció, por lo que decidió denunciar ante la Fiscalía.
Tras la denuncia se montó operativo con cobertura policial, el 8 de agosto del 2023, fecha en que fue detenido el sujeto en flagrancia cuando recibía la extorsión.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Primero de Sentencia Santa Tecla se logró demostrar en juicio la culpabilidad del imputado y fue condenado por el delito de extorsión agravada.
Una red de extorsionistas salvadoreños controlada por extranjeros residentes fuera de El Salvador seguirá en prisión mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía General de la República.
Los imputados son Oscar García García, Oscar Elías García Rivera, José Otoniel Meléndez y Oscar Alejandro Tario Blanco (ausente).
El ministerio público detalló que la red contactaba a empresas «para que les brindaran servicios de instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros, se pactaba un precio y brindaban la supuesta dirección a donde requerían el servicio.
Los empleados de esas empresas se desplazaban a la dirección brindada, pero se encontraban con que no existía; cuando las víctimas se comunicaban con el contratante (que eran los delincuentes), les advertían que estaban en un terreno del -mexicano- Cartel de Jalisco, rodeados de francotiradores y que debían depositar hasta $5,000.
Luego de las amenazas a las víctimas, los extorsionistas que estaban en el extranjero exigían los contactos de sus familiares, patronos o conocidos para pedirles que hicieran depósitos a cuentas bancarias en El Salvador, a cambio de liberar a sus familiares o trabajadores.
A los cuatro imputados se les procesa por los delitos de lavado de dinero y activos, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. En este proceso, los hombres son acusados por exigirle a una empresa $20,782 para evitar que mataran a los trabajadores y que les liberaran.
El dinero era depositado en cuentas salvadoreñas, que pertenecían a personas reclutadas en redes sociales por otros delincuentes salvadoreños, y eran el puente para luego transferir el dinero a México, Colombia y Ecuador.
Las investigaciones fiscales han corroborado que desde 2014, la red cometió 28 extorsiones bajo esta modalidad.
Los cabecillas de la red son de diferentes nacionalidades y operaban desde el extranjero, según la Fiscalía.
«Asimismo, fue posible identificar que toda la comunicación fluía a través de WhatsApp por medio de 36 números telefónicos (mexicanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños); también se han perfilado 61 cuentas bancarias de 47 diferentes personas y se ha solicitado la inmovilización de fondos. Se estima que la cantidad depositada por las victimas es de $76,719.00», detalló el ministerio público.
Hasta penas de 97 años de cárcel fueron condenados seis pandilleros que cometieron varios crímenes entre 2018 y 2019 en varios cantones del distrito de Izalco, Sonsonate Este, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Los procesados, perfilados como integrantes de la pandilla 18 sureños, delinquían en los cantones Cruz Grande, Tapashucut, Tunalmiles y San Diego del Distrito de Izalco, Sonsonate Este.
Los condenados son: José Mauricio Pushagua Reyes, Pablo de Jesús Ajcat Tepas, Saúl Erenesto García García, Noé Omar García Sánchez, José Eliseo Pérez Gómez y José Orlando Quilizapa Shupan.
El juzgador impuso 97 años de cárcel para Pushagua Reyes, alias Wicha, por proposición y conspiración en el homicidio de una mujer en diciembre de 2018, así como por tres homicidios agravados que fueron cometidos en 2019. Además, fue sentenciado por el delito de agrupaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República.
Mientras que, Ajcat Tepas recibió una pena de 45 años en prisión por dos homicidios agravados en perjuicio de dos víctimas y el delito de agrupaciones ilícitas. García García, alias tortuga, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el asesinato de una persona y por agrupaciones ilícitas.
García Sánchez, Pérez Gómez y Quilizapa Shupan fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por pertenecer a estructuras criminales.
Durante el juicio, el ministerio público presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial que permitieron al tribunal establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en la comisión de los delitos.
Homicida de madre e hija a prisión
La semana anterior, el Tribunal Quinto Contra el Crimen de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a Noé Gustavo Reynosa González, alias Frijol, como responsable del delito de homicidio agravado en perjuicio de las víctimas Guadalupe Bonilla de Flores y Stephani S. B., madre e hija. El crimen ocurrió el 6 de marzo de 2013 en Apopa.
