Judicial
Magistrada la Cámara Segundo de San Salvador y defensa, podrían darle trato preferencial a Jorge Nieto mandándolo a arresto domiciliar
Jueza de la Cámara Segundo de San Salvador y defensa, buscan trato preferencial para Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas condenado a 12 años de prisión por delito de peculado
La defensa del exministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto, quien fue condenado a guardar prisión por 12 años y al pago de casi $13 millones por el delito de peculado en la construcción del bulevar Diego de Holguín, (hoy Monseñor Romero), presentó una petición a la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador para que Nieto guarde arresto domiciliar por riesgo de contagio del COVID-19.
La defensa pide que se realiza una audiencia urgente de revisión de medidas para el exministro de Obras Públicas, quien en noviembre del año pasado fue condenado por el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito antes mencionado.
Lisandro Quintanilla, abogado defensor de Nieto, asegura que su defensor no puede estar encarcelado hasta que la sentencia esté en firme, lo cual deberá resolver la Cámara Segunda de lo Penal, en los próximos días.
Quintanilla pide que su defendido porte un brazalete electrónico que garantice que no se fugará, ya que tiene problemas de salud crónicos, y el brote de coronavirus convertida en pandemia pone en riesgo a su cliente.
Esta medida de ser aceptada violaría los derechos de libertad e igualdad jurídica de más de 30 mil reos que conforman la población carcelaria en el país y dejaría entrever cierto “favoritismo” de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador para con Jorge Nieto, aseguran algunos expertos en leyes y derechos penales del país.
Para ellos, la petición por decretarle arresto domiciliar a Jorge Nieto en tiempos de crisis por coronavirus, sería una “jugada sucia” entre la magistrada de la Cámara, Rosa María Fortín Hueso y el abogado defensor del exfuncionario, ya que en todo caso resolver a favor o en contra del ex ministro de Obras Públicas es de debida competencia del juez de vigilancia.
De allí surge la interrogante ¿Por qué el trato preferencial hacia Jorge Isidoro Nieto por parte de la magistrada de Rosa María Fortín Hueso?, quien se habla maneja a su antojo los procesos judiciales dentro de la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador y de quien hay mucho cuestionamientos por sus fallos preferenciales junto a Victoria Blanco.
La medida no ha pasado por desapercibida en los usuarios de redes sociales, quienes muestra su repudio por la medida que busca favorecer a Jorge Nieto con tan solo meses de guardar prisión, mientras que 33 mil reos llevan años pagado por menores delitos y sin gozar de tratos preferenciales dentro del sistema carcelario del país.
Acá algunos Twitter de usuario en cuanto al tema.
La Fiscalía General de la República (FGR), atribuyó a Jorge Nieto una apropiación indebida de $9 millones del Estado, a favor de terceros, cuando este fungió como titular de Obras Públicas.
Además, de acuerdo con la FGR, el exministro permitió que se le entregara a la empresa responsable de la construcción del bulevar Diego de Holguín, (Hoy Monseñor Romero) un anticipo por $7,695,887, aun cuando esta no estaba cumpliendo lo pactado en el contrato.
Esta es una nueva prueba para el sistema judicial y penitenciario salvadoreño, en el que está a punto de cometerse una flagrante injusticia, poniendo en libertad a alguien que quiere pasar por encima de todo el sistema para salir de la cárcel y gozar de un cómodo arresto domiciliar.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
