Judicial
Magistrada la Cámara Segundo de San Salvador y defensa, podrían darle trato preferencial a Jorge Nieto mandándolo a arresto domiciliar
Jueza de la Cámara Segundo de San Salvador y defensa, buscan trato preferencial para Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas condenado a 12 años de prisión por delito de peculado
La defensa del exministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto, quien fue condenado a guardar prisión por 12 años y al pago de casi $13 millones por el delito de peculado en la construcción del bulevar Diego de Holguín, (hoy Monseñor Romero), presentó una petición a la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador para que Nieto guarde arresto domiciliar por riesgo de contagio del COVID-19.
La defensa pide que se realiza una audiencia urgente de revisión de medidas para el exministro de Obras Públicas, quien en noviembre del año pasado fue condenado por el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito antes mencionado.
Lisandro Quintanilla, abogado defensor de Nieto, asegura que su defensor no puede estar encarcelado hasta que la sentencia esté en firme, lo cual deberá resolver la Cámara Segunda de lo Penal, en los próximos días.
Quintanilla pide que su defendido porte un brazalete electrónico que garantice que no se fugará, ya que tiene problemas de salud crónicos, y el brote de coronavirus convertida en pandemia pone en riesgo a su cliente.
Esta medida de ser aceptada violaría los derechos de libertad e igualdad jurídica de más de 30 mil reos que conforman la población carcelaria en el país y dejaría entrever cierto “favoritismo” de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador para con Jorge Nieto, aseguran algunos expertos en leyes y derechos penales del país.
Para ellos, la petición por decretarle arresto domiciliar a Jorge Nieto en tiempos de crisis por coronavirus, sería una “jugada sucia” entre la magistrada de la Cámara, Rosa María Fortín Hueso y el abogado defensor del exfuncionario, ya que en todo caso resolver a favor o en contra del ex ministro de Obras Públicas es de debida competencia del juez de vigilancia.
De allí surge la interrogante ¿Por qué el trato preferencial hacia Jorge Isidoro Nieto por parte de la magistrada de Rosa María Fortín Hueso?, quien se habla maneja a su antojo los procesos judiciales dentro de la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador y de quien hay mucho cuestionamientos por sus fallos preferenciales junto a Victoria Blanco.
La medida no ha pasado por desapercibida en los usuarios de redes sociales, quienes muestra su repudio por la medida que busca favorecer a Jorge Nieto con tan solo meses de guardar prisión, mientras que 33 mil reos llevan años pagado por menores delitos y sin gozar de tratos preferenciales dentro del sistema carcelario del país.
Acá algunos Twitter de usuario en cuanto al tema.
La Fiscalía General de la República (FGR), atribuyó a Jorge Nieto una apropiación indebida de $9 millones del Estado, a favor de terceros, cuando este fungió como titular de Obras Públicas.
Además, de acuerdo con la FGR, el exministro permitió que se le entregara a la empresa responsable de la construcción del bulevar Diego de Holguín, (Hoy Monseñor Romero) un anticipo por $7,695,887, aun cuando esta no estaba cumpliendo lo pactado en el contrato.
Esta es una nueva prueba para el sistema judicial y penitenciario salvadoreño, en el que está a punto de cometerse una flagrante injusticia, poniendo en libertad a alguien que quiere pasar por encima de todo el sistema para salir de la cárcel y gozar de un cómodo arresto domiciliar.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
