Judicial
Magistrada la Cámara Segundo de San Salvador y defensa, podrían darle trato preferencial a Jorge Nieto mandándolo a arresto domiciliar
Jueza de la Cámara Segundo de San Salvador y defensa, buscan trato preferencial para Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas condenado a 12 años de prisión por delito de peculado
La defensa del exministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto, quien fue condenado a guardar prisión por 12 años y al pago de casi $13 millones por el delito de peculado en la construcción del bulevar Diego de Holguín, (hoy Monseñor Romero), presentó una petición a la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador para que Nieto guarde arresto domiciliar por riesgo de contagio del COVID-19.
La defensa pide que se realiza una audiencia urgente de revisión de medidas para el exministro de Obras Públicas, quien en noviembre del año pasado fue condenado por el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito antes mencionado.
Lisandro Quintanilla, abogado defensor de Nieto, asegura que su defensor no puede estar encarcelado hasta que la sentencia esté en firme, lo cual deberá resolver la Cámara Segunda de lo Penal, en los próximos días.
Quintanilla pide que su defendido porte un brazalete electrónico que garantice que no se fugará, ya que tiene problemas de salud crónicos, y el brote de coronavirus convertida en pandemia pone en riesgo a su cliente.
Esta medida de ser aceptada violaría los derechos de libertad e igualdad jurídica de más de 30 mil reos que conforman la población carcelaria en el país y dejaría entrever cierto “favoritismo” de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador para con Jorge Nieto, aseguran algunos expertos en leyes y derechos penales del país.
Para ellos, la petición por decretarle arresto domiciliar a Jorge Nieto en tiempos de crisis por coronavirus, sería una “jugada sucia” entre la magistrada de la Cámara, Rosa María Fortín Hueso y el abogado defensor del exfuncionario, ya que en todo caso resolver a favor o en contra del ex ministro de Obras Públicas es de debida competencia del juez de vigilancia.
De allí surge la interrogante ¿Por qué el trato preferencial hacia Jorge Isidoro Nieto por parte de la magistrada de Rosa María Fortín Hueso?, quien se habla maneja a su antojo los procesos judiciales dentro de la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador y de quien hay mucho cuestionamientos por sus fallos preferenciales junto a Victoria Blanco.
La medida no ha pasado por desapercibida en los usuarios de redes sociales, quienes muestra su repudio por la medida que busca favorecer a Jorge Nieto con tan solo meses de guardar prisión, mientras que 33 mil reos llevan años pagado por menores delitos y sin gozar de tratos preferenciales dentro del sistema carcelario del país.
Acá algunos Twitter de usuario en cuanto al tema.
La Fiscalía General de la República (FGR), atribuyó a Jorge Nieto una apropiación indebida de $9 millones del Estado, a favor de terceros, cuando este fungió como titular de Obras Públicas.
Además, de acuerdo con la FGR, el exministro permitió que se le entregara a la empresa responsable de la construcción del bulevar Diego de Holguín, (Hoy Monseñor Romero) un anticipo por $7,695,887, aun cuando esta no estaba cumpliendo lo pactado en el contrato.
Esta es una nueva prueba para el sistema judicial y penitenciario salvadoreño, en el que está a punto de cometerse una flagrante injusticia, poniendo en libertad a alguien que quiere pasar por encima de todo el sistema para salir de la cárcel y gozar de un cómodo arresto domiciliar.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
