Judicial
Llevan ante la justicia a pandilleros homicidas de agente en Nueva Concepción
Los tres terroristas homicidas del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Maximino Vásquez Rodríguez, el pasado 16 de mayo en Nueva Concepción, Chalatenango, fueron acusados hoy Juzgado Especializado de Instrucción A1 de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de imposición de medidas presentada ha pedido que Francis Antonio Gómez Calderón, alias «monkey o mono»; José Armando Gutiérrez, alias «sapo» o «verde»; y Salvador Enrique Portillo, alias «el C4», sigan en prisión.
Los tres miembros de la Mara Salvatrucha son acusados de los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
En el expediente judicializado la representación fiscal los señala como los responsables del crimen. El agente Vásquez Rodríguez fue asesinado cuando patrullaba en el cantón El Zapote, del referido municipio.
Según las investigaciones del ministerio público, el policía fue atacado por los pandilleros quienes pueden pasar más de 50 años en la cárcel al ser encontrados culpables por el homicidio del agente.
Los tres terroristas son miembros de la clica Fulton Locos Salvatruchos, del programa Hollywood, de la MS-13, en Chalatenango, esta estructura terrorista se ha dedicado al tráfico de armas, tráfico de drogas y extorsiones en la zona.
Los pandilleros fueron detenidos en el marco del cerco de seguridad que el pasado 17 de mayo fue ordenado el presidente Nayib Bukele. Desde ese día, se instalaron 5,000 militares y 500 policías para ubicar a los responsables del homicidio del agente Vásquez y toda la estructura, incluyendo a sus colaboradores.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
