Judicial
“¡Llamen al 911. Soy policía, soy policía!”: hombres montan una falsa venta de auto para robarle a policía pero todo termina en balacera
Un agente policial nunca imaginó que intentar aprovechar la ganga de un carro en venta lo iba a llevar a estar al borde de la muerte en una balacera iniciada por dos falsos vendedores que querían robarle su dinero.
El 13 de febrero del 2016, Javier (nombre modificado por seguridad) y su esposa salieron rumbo al Seguro Social para que ella pasara consulta. Mientas estaban en el lugar, al agente recibió una llamada del personal del banco quienes le notificaron que su crédito había sido aprobado y que podía pasar a retirarlo.
Luego de varias semanas esperando la aprobación del préstamo, el agente policial se contactó con un sujeto que había anunciado las intenciones de vender su carro, el precio era una ganga que el agente quería aprovechar.
Luego de la cita médica, la pareja se dirigió a una agencia bancaria de Soyapango para obtener el efectivo que el hombre guardo junto a su arma en una pequeña cangurera que llevaba amarrada en la cintura.
Según el expediente judicial, al salir del banco la víctima realizó una llamada a los supuestos vendedores del carro, sin conocerse pactaron encontrarse en las cercanías del ISSS de Soyapango en la colonia Prados de Venecia 3.
Al llegar al punto de encuentro, Javier vio a dos sujetos frente al carro que quería, al mismo tiempo, decidió tomar fuertemente de la mano a su pareja a quien le pidió caminar rápido por que la situación le parecía sospechosa.
El enfrentamiento
El instinto policial no le falló a Javier, en cuestión de segundos perdió el interés en el vehículo e intentó pasar de largo ante los sujetos quienes comenzaron a perseguirlo para despojarlo del dinero.
“Párate ahí”, le dije uno de los sujetos al agente quien hizo caso omiso de la advertencia, algo que provocó que uno de los sospechosos comenzara a disparar en contra de la pareja en medio de gritos despavoridos de otros testigos.
El agente decidió separarse de su esposa quien se refugió en una tienda de la zona, mientras tanto, Javier corrió en dirección del edificio del ISSS buscando ser auxiliado por elementos de seguridad.
El intento de la víctima casi se vio frustrado por una bala que logró alcanzarlo, pero el impulso que llevaba le permitió llegar a uno de los portones del centro asistencial en el que con voz despavorida se identificó.
.“¡Llamen al 911. Soy policía, soy policía!”, insistía Javer quien fue auxiliado por los guardias del nosocomio quienes abrieron la puerta para que el agente lograra ingresar, pero el temor del agente aumentó al no saber de su pareja.
Preocupada por su esposo, la mujer decidió salir del punto en el que se resguardaba pero para su mala suerte se topó con uno de los delincuentes quien sacó provecho del estado que ella tenía para quitarle la cartera.
El delincuente salió corriendo sin percatarse que en la cartera que había robado se encontraba sin dinero, ya que el único papel que portaba la mujer eran las órdenes para retirar los medicamentos que necesitaba para mejorar su salud.
Las investigaciones policiales permitieron la identificación de los asaltantes quienes responden a los nombres de: Jimmy Orland Lara, alias “Bob Esponja”, de 31 años quien es motorista de la ruta 29 y César Emilio Zabala, alias “El César”, de 33.
Ambos están proceso por homicidio agravado en grado de tentativa, será el tribunal Sexto de Sentencia quien declare la responsabilidad penal en una fecha que está por conocerse.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
