Judicial
Líder de la MS-13 y responsable del alza de homicidios es enviado a «Zacatraz»
El jueves enfrentó audiencia especial de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción D-2 de Santa Ana, Bayron Arístides Salazar Ramírez, por los delitos de agrupaciones ilícitas; tenencia, portación, adquisición, empleo, almacenaje, conservación, transferencia o conducción de arma de guerra; y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Salazar Ramírez es acusado de ser una de las tres “llaves” terroristas de la zona occidental, ranflero a nivel nacional de la Mara Salvatrucha, primer líder del programa y clica “Criminal Little Saycos de Santa Ana” y, además, de ser el coordinador en la zona occidental para ejecutar el alza de homicidios ocurridos los días 25 y 26 de marzo del 2022.
Fue capturado el pasado 22 de agosto, en la Avenida Independencia Sur y 27ª. Calle Oriente de Santa Ana luego del operativo de seguimiento durante tres meses ejecutado por la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO).
Tras su captura se coordinó realizar un registro con prevención de allanamiento en su residencia ubicada en la residencial y avenida José Matías Delgado, de Santa Ana, encontrando -en el cielo falso- dos armas de fuego, así como un lanza cohetes “Law”, una granada en su recámara, chips de teléfonos celulares y una balanza digital, entre otros. Todo se encuentra incautado y a la orden de las autoridades judiciales.
La Fiscalía General de La República de El Salvador presentó prueba documental, pericial y testimonial indiciaria abundante, por ello el Juzgado antes mencionado ordenó la continuación del proceso penal en su contra con detención provisional, por lo que deberá continuar guardando prisión en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Zacatecoluca, en el departamento de La Paz.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
