Judicial
Juzgado rechaza petición de liberación de depósitos a plazo a nombre del exministro David Munguía Payés
Foto: Cortesía
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, rechazó liberar $113,213.88 que el exministro de Defensa David Munguía Payés tiene a su nombre en tres depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias.
Los abogados del exfuncionario plantearon al juzgado que emitiera una resolución anticipada para que su representado pudiera disponer de ese dinero, pero se denegó la petición porque es un punto que se va a conocer hasta que se haga la audiencia preparatoria que es la primera del proceso donde se deben plantear ese tipo de peticiones y donde se conocen nulidades y excepciones.
En esa diligencia también el juzgado debe resolver sobre la admisión o rechazo de las pruebas y luego convocar a la audiencia de sentencia si el expediente pasa a la siguiente etapa.
En la audiencia especial fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio se opusieron a la pretensión de los abogados del exministro. «El resultado se difiere para la audiencia preparatoria y cuando exista una inmediación con el elenco probatorio que es lo que viene sosteniendo representación fiscal respetar el debido proceso, son puntos que deben resolverse en la audiencia preparatoria y en el momento procesal oportuno», dijo una fiscal.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía busca que 10 cuentas bancarias, entre de ahorro y de plazo fijo, dos vehículos y dos inmuebles en San Salvador y La Libertad, por un monto $4,638,164.91 pasen al Estado.
El 20 de diciembre del año 2021, el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, envió a la cárcel a Munguía Payés, tras una petición de la Fiscalía General de la República, el juez le revocó el arresto domiciliar que tenía y ordenó que lo trasladaran a un penal.
El exfuncionario en los gobiernos del FMLN está pendiente enfrentar la vista pública por el delito de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, supuestamente facilitó y avaló la tregua entre pandillas.
El exministro tiene otra causa penal en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, es el caso conocido como Centrum, donde también era procesado el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, quien se suicidó el pasado 21 de julio.
Este caso tiene que ver con una permuta de armas donde se favoreció a Centrum entregando pistolas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban.
Por: Diario El Salvador
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
