Judicial
Juzgado rechaza petición de liberación de depósitos a plazo a nombre del exministro David Munguía Payés
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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, rechazó liberar $113,213.88 que el exministro de Defensa David Munguía Payés tiene a su nombre en tres depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias.
Los abogados del exfuncionario plantearon al juzgado que emitiera una resolución anticipada para que su representado pudiera disponer de ese dinero, pero se denegó la petición porque es un punto que se va a conocer hasta que se haga la audiencia preparatoria que es la primera del proceso donde se deben plantear ese tipo de peticiones y donde se conocen nulidades y excepciones.
En esa diligencia también el juzgado debe resolver sobre la admisión o rechazo de las pruebas y luego convocar a la audiencia de sentencia si el expediente pasa a la siguiente etapa.
En la audiencia especial fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio se opusieron a la pretensión de los abogados del exministro. «El resultado se difiere para la audiencia preparatoria y cuando exista una inmediación con el elenco probatorio que es lo que viene sosteniendo representación fiscal respetar el debido proceso, son puntos que deben resolverse en la audiencia preparatoria y en el momento procesal oportuno», dijo una fiscal.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía busca que 10 cuentas bancarias, entre de ahorro y de plazo fijo, dos vehículos y dos inmuebles en San Salvador y La Libertad, por un monto $4,638,164.91 pasen al Estado.
El 20 de diciembre del año 2021, el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, envió a la cárcel a Munguía Payés, tras una petición de la Fiscalía General de la República, el juez le revocó el arresto domiciliar que tenía y ordenó que lo trasladaran a un penal.
El exfuncionario en los gobiernos del FMLN está pendiente enfrentar la vista pública por el delito de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, supuestamente facilitó y avaló la tregua entre pandillas.
El exministro tiene otra causa penal en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, es el caso conocido como Centrum, donde también era procesado el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, quien se suicidó el pasado 21 de julio.
Este caso tiene que ver con una permuta de armas donde se favoreció a Centrum entregando pistolas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban.
Por: Diario El Salvador
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
