Judicial
Juzgado ordena ejecutar embargo judicial al Banco Davivienda por más de $49 millones a favor del cafetalero José Antonio Salaverría
El Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador ordenó ejecutar el embargo judicial por un monto de $49 millones 314 mil 303 con 55 centavos al Banco Davivienda, a favor del empresario cafetalero, José Antonio Salaverría.
Salaverría ha explicado en varias oportunidades que Banco Davivienda inició un proceso de embargo en contra de sus propiedades de manera ilegal, por lo que él procedió a demandar a la entidad bancaria y tras un largo litigio de más de 12 años, ha llegado a su término con la resolución a su favor.
“Había suscrito un convenio Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
En 2019, se ordenó al Bando Davivienda pagar al empresario más de $49 millones, pero es hasta ahora que el Juzgado ha ordenado pagar la suma total a Salaverría, alegando que no hay sustento legal que impida que la entidad financiera cumpla con lo estipulado.
La Sala de lo Civil resolvió a favor del empresario, declarando improcedente la revisión de la sentencia solicitada por apoderados de Davivienda y ahora, a partir de esta sentencia, debe hacerse efectiva la orden del juez.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, dijo en su oportunidad el empresario, quien ha manifestado que el banco lo llevó a la quiebra, además de generarle inconvenientes con la banca nacional al no ser sujeto de créditos.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
