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Judicial

Juzgado deja en libertad a mujer acusada de hurtar patrulla policial en 2019

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El Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, La Libertad, dejó libre a Ruth Lisseth Mejía Martínez, quien fue acusada de hurtar una patrulla policial en septiembre de 2019 en Ilopango.

La decisión de la jueza fue dada a conocer por la defensora de Martínez, la abogada Bertha María Deleón, la tarde de este martes.

“Hoy terminó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía inició injustamente contra Ruth M, el caso del supuesto hurto de la patrulla de PNC. La jueza de instrucción de Quezaltepeque la sobreseyó definitivamente por considerar que el hecho es atípico, no hubo ánimo de lucro”, explicó Deleón desde su cuenta de Twitter.

Cuando la abogada tomó el caso denunció que las autoridades no lo habían tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.

La profesional hizo hincapié que al momento en que sucedieron los hechos, Martínez estaba afectada por una crisis producto de la violencia intrafamiliar.

“Los  peritajes psicológicos y estudio psiquiátrico son claros y contundentes, en que al momento de los hechos estaba afectada por historial de violencia intrafamiliar y enfrentaba una crisis psicótica”, expuso.

“Hoy se hizo justicia, Ruth no cometió delito, hubo mal proceder policial, fiscal y judicial”, comentó Deleón.

Por su parte, los fiscales del caso habían solicitado a la jueza la apertura a juicio contra Martínez, algo que a criterio de la abogada es una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal.

“Pese a ello —la crisis emocional de la acusada —el fiscal auxiliar del caso, faltando a los Principios de legalidad, dignidad, imparcialidad, solicitó a la jueza que decretara apertura a juicio. Esto constituye una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal, pues está prohibido iniciar acciones judiciales ilegales o contrario a lo que establece la evidencia”, valoró defensora de Martínez.

Desde el principio, Deleón mencionó que este caso estaba poniendo a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.

“Es urgente que los operadores de justicia, se tomen estos casos en serio y dejen de procesar penalmente a personas que no han cometido delito. Hoy, se hizo justicia, sin embargo, Ruth permaneció 3 meses privada de libertad, por mal procedimiento policial, fiscal y del juez que conoció la audiencia inicial”, explicó en sus redes sociales.

Judicial

Dos agresores sexuales son condenados en Santa Ana

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Por el delito de Violación en Menor e Incapaz en perjuicio de una adolescente de 13 años, fue condenado a una pena de 14 años de cárcel Edwin Santos Reyes. Hecho ocurrido en el diciembre de 2016, en el municipio de Candelaria de la Frontera, del departamento de Santa Ana.

La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y la Adolescencia de la oficina fiscal de Santa Ana ordenó la detención administrativa de Edwin Santos Reyes, luego de recibida la denuncia de los hechos y realizar las investigaciones respectivas.

La vista pública se realizó en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, en la cual después del desfile probatorio el Juez manifestó que se tiene por acreditada la conducta atribuida al imputado por el delito de Violación en Menor e Incapaz, previsto y sancionado en el artículo 159 del Código Penal; por lo que Santos Reyes, fue condenado a cumplir 14 años de prisión.

La violación ocurrió en el municipio de Candelaria de la Frontera en el mes de diciembre de 2016, cuando el imputado aprovechándose que era vecino de la víctima abusó sexualmente de la adolescente.

Condenado por Otras Agresiones Sexuales

También, se informó sobre la condena de cinco años de cárcel y el pago de US$302.00 de responsabilidad civil contra César Leónidas Cortez Gómez, por el delito de Otras Agresiones Sexuales, en perjuicio de una mujer mayor.

Según el informe fiscal los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2019, cuando la víctima se desplazaba por una vereda de la zona rural del municipio de Santa Ana, y le salió al paso el imputado quien le pego con un palo en la cabeza y posteriormente la tiró al suelo donde la agredió sexualmente.

Durante la audiencia de vista pública desarrollada en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, los operadores de justicia condenaron a Gerson Cruz Orellana, por el delito de Otras Agresiones Sexuales, según lo establece el artículo 160 del Código Penal, a una pena de cinco años de cárcel y el pago de US$302.00 en concepto de responsabilidad civil.

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Judicial

ARENA sería objeto de embargo debido a tres demandas por deudas a medios de comunicación

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ARENA tiene tres demandas en su contra por una deuda de más de un cuarto de millón de dólares que tiene hacia empresas vinculadas hacia medios de comunicación.

La demanda, adquirida en el año 2019, fue admitida por el juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador por un monto de 256 mil 951 dólares.

Tras la falta de iniciativa del partido tricolor, la empresas solicitaron al Juzgado iniciar un proceso de conciliación para cancelar la deuda, pero si el partido no accede a estas el caso pasaría a la fase ejecutiva, esto es, que podrían embargar bienes del partido para cancelar el monto que se debe.

Diario La Página aseguró que el partido se encuentra en quiebra debido a la mala administración interna así como a los casos de corrupción al interior de la institución, por lo que ahora se les imposibilita cancelar su deuda.

La Página también señaló que esa misma situación ha dejado a ARENA sin los fondos necesarios para realizar la campaña de cara a las próximas elecciones.

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Decretan 15 años de cárcel para pandillero que extorsionó a una víctima con $80

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Un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) que se dedicaba a extorsionar fue condenado a 15 años de prisión, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de Luis Ángel Contreras Godoy, quien fue condenado tras ser hallado culpable por el cargo de extorsión agravada tras exigir a la víctima $80  dólares en efectivo a cambio de no acabar con su vida.

La FGR manifestó que la demanda de dinero se hizo de forma personal por parte del imputado, el 24 de julio de 2019, y debido a que la víctima no podía entregarla el efectivo en ese momento, lo obligó a darle un número de celular para comunicarse luego con él.

Al siguiente día, 25 de julio, las llamadas fueron recibidas insistentemente, advirtiéndole a la víctima que sino entregaba el dinero acabarían con su vida y la de su familia.

Tras las amenazas, se acordó la entrega en horas de la tarde, pero a través de un dispositivo policial se logró la captura en flagrancia de Godoy.

En el juicio, en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, la fiscal demostró con prueba documental, testimonial y pericial la responsabilidad penal del incriminado que recibió una sentencia condenatoria de 15 años de cárcel.

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