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Juez ordenó apertura a juicio y envió a la cárcel a imputado que gozaba de libertad en Sonsonate por Lavado de dinero

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La Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que un tribunal de Sonsonate, resolvió enviar a juicio el proceso penal en contra de una persona que enfrenta el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y de Activos, ya que no justificó la tenencia legal de más de $14,000. Además, fue enviado a prisión.

La resolución fue emitida por el Juzgado Primero de Instrucción de esa localidad, ante el cual se presentó Salvador Alexander Najarro Landaverde, para enfrentar la audiencia preliminar en su contra por el ilícito ya descrito.

Durante la audiencia, la fiscal de la UIF ofreció al aplicador de justicia los elementos de prueba obtenidos y robustecidos a lo largo de la fase de instrucción. El dictamen fiscal fue debidamente fundamentado y en ese escrito se reiteró la solicitud que el proceso enfrente la fase de juicio y se emita el fallo condenatorio.

La fiscal demostró que la tenencia del dinero por parte del acusado no ha sido justificada, ya que a pesar que posee una tienda, no ha podido demostrar la procedencia lícita del mismo.

Este hecho fue descubierto el 21 de septiembre de 2017, cuando las autoridades fiscales y policiales llegaron a efectuar un allanamiento en la vivienda del implicado en Calle La Molina del Caserío y Cantón Tonalá, Sonsonate. Los vecinos habían denunciado que en esa casa los habitantes escondían dinero, producto de actividades ilegales, ya que colaboraban con pandilleros.

Tras el registro, les fue descubierto un total de $14,200 en billetes de todas las denominaciones.

El imputado se había mantenido en libertad, pero el juez ordenó su encarcelamiento hasta que se desarrolle la correspondiente vista pública y que estará a cargo del Tribunal de Sentencia de la misma jurisdicción.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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