Judicial
Juez ordenó apertura a juicio y envió a la cárcel a imputado que gozaba de libertad en Sonsonate por Lavado de dinero
La Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que un tribunal de Sonsonate, resolvió enviar a juicio el proceso penal en contra de una persona que enfrenta el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y de Activos, ya que no justificó la tenencia legal de más de $14,000. Además, fue enviado a prisión.
La resolución fue emitida por el Juzgado Primero de Instrucción de esa localidad, ante el cual se presentó Salvador Alexander Najarro Landaverde, para enfrentar la audiencia preliminar en su contra por el ilícito ya descrito.
Durante la audiencia, la fiscal de la UIF ofreció al aplicador de justicia los elementos de prueba obtenidos y robustecidos a lo largo de la fase de instrucción. El dictamen fiscal fue debidamente fundamentado y en ese escrito se reiteró la solicitud que el proceso enfrente la fase de juicio y se emita el fallo condenatorio.
La fiscal demostró que la tenencia del dinero por parte del acusado no ha sido justificada, ya que a pesar que posee una tienda, no ha podido demostrar la procedencia lícita del mismo.
Este hecho fue descubierto el 21 de septiembre de 2017, cuando las autoridades fiscales y policiales llegaron a efectuar un allanamiento en la vivienda del implicado en Calle La Molina del Caserío y Cantón Tonalá, Sonsonate. Los vecinos habían denunciado que en esa casa los habitantes escondían dinero, producto de actividades ilegales, ya que colaboraban con pandilleros.
Tras el registro, les fue descubierto un total de $14,200 en billetes de todas las denominaciones.
El imputado se había mantenido en libertad, pero el juez ordenó su encarcelamiento hasta que se desarrolle la correspondiente vista pública y que estará a cargo del Tribunal de Sentencia de la misma jurisdicción.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
