Judicial
Jóvenes que visitaban un bar vieron «a quien no debían» y por eso los secuestraron y golpearon, uno de ellos fue asesinado en San Salvador
El Juzgado 15° de Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con detención provisional para Francisco Javier Perdomo, de 28 años de edad, José Antonio Molina y Erick Bladimir Melara, acusados de quitarle la vida a una víctima, además de privación de libertad y robo agravado en perjuicio de dos víctimas más, con régimen de protección.
Según requerimiento fiscal los hechos se llevaron a cabo el día 6 de abril del año 2019, cuando tres jóvenes decidieron reunirse a departir un momento en el bar Emporium.
Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde, se dirigieron en el automóvil de uno de ellos y lo dejaron estacionado en el “car wash” que está en la entrada de club/bar, un vigilante del lugar los registró, y cobro a los tres el costo para poder ingresar.
Ya en el interior del establecimiento decidieron salir a la terraza para poder fumar, pero desde ahí, sin intención observaron cuando un automóvil tipo sedán llegaba al lugar, y se estacionaba debajo de la terraza; de este se bajaron Francisco Javier Perdomo y José Antonio Molina descargando del auto varias cajas, ambos sujetos se dieron cuenta que los tres jóvenes los estaban observando, sacaron su arma, subieron a la terraza y apuntándoles les gritaron que se tiraran al suelo, nueve sujetos más se acercaron y empezaron a darles patadas entre ellos José Antonio Molina y Erick Bladimir Melara Quintanilla, también procesados en este caso.
Cuando estaban tirados en el suelo, siendo golpeados, escuchaban como lo sujetos les preguntaban “¿y de dónde son pues?”, “¿Quién sos?”, y los despojaron de sus pertenencias, les taparon la boca y amarraron de manos y pies.
Entre todos los sujetos metieron a las víctimas en el carro en que llegaron, uno en el baúl y dos en el asiento trasero, el imputado Francisco Perdomo era quien manejaba, José Antonio Molina y Erick Bladimir Melara, le acompañaban.
Después de aproximadamente 15 minutos se detienen en la calle la ronda del cantón el Carmen de San Salvador, y bajan del auto a las tres víctimas, los tiran contra el suelo y sin mediar palabra les descargan varios disparos, uno de los jóvenes falleció en el momento con heridas en el cráneo, tórax y abdomen, mientras que los otros dos quedan heridos pero aún con vida, los ahora imputados huyen; una persona que pasa por el lugar da aviso a las autoridades a través del 911.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
