Judicial
Hermanas pandilleras son condenadas a 16 años de cárcel en Mejicanos
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, condenó a 16 años de cárcel a Ismelda Marisol Hurtado Cerna y su hermana Reina Vanessa por amenazar y obligar a los residentes de dos viviendas de Mejicanos a salir del lugar.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) probó que las mujeres coaccionaron a las víctimas a desplazarse forzosamente de Mejicanos o de lo contrario atentarían en su contra.
En las pesquisas que agentes policiales realizaron bajo la dirección de la Fiscalía se determinó que las pandilleras de la Mara Salvatrucha infundieron terror en la zona con el fin de sacar a las personas de sus viviendas.
#Condena I Dos hermanas vinculadas a la MS13 fueron sentenciadas a 16 años de prisión por amenazar y obligar a varias familias salvadoreñas a abandonar sus viviendas, en Mejicanos.
En el 2022, Ismelda Marisol y Reina Vanessa Hurtado Cerna se acercaron a distintos residentes para… pic.twitter.com/zeuzOwJ3va
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 20, 2024
En el juicio la Fiscalía expuso que a finales de 2012 las mareras llegaron a la casa de las dos familias, a quienes les restringieron y prohibieron el libre desplazamiento en la comunidad, pero al ver que las víctimas no cumplían sus órdenes, las amenazaron de muerte para que abandonaran sus viviendas.
En las indagaciones los policías obtuvieron información de que las pandilleras habían llegado a la casa de varias familias para hacerles una serie de exigencias a nombre de la Mara Salvatrucha.
Habían ordenado a los residentes que no tenían autorización para transitar libremente y que como pandilla eran los que decidían los lugares donde podían ir y las actividades que iban a realizar.
Por temor a represalias ninguno de los residentes se atrevía a denunciar a las pandilleras quienes habían tomado el control en el lugar, ellas decidían quienes entraban y salían.
Pese a las amenazas, dos de las familias decidieron acudir antes las autoridades para denunciar lo que estaba ocurriendo y que se investigara el caso, la Fiscalía y Policía apoyaron a las víctimas, para proteger su identidad les otorgaron régimen de protección para garantizar que colaboraran aportando información y poder identificar las mareros para llevarlas ante los tribunales.
En el fallo emitido, el juez de la causa las encontró culpable por el delito de limitación ilegal a la libre circulación y accedió a la pretensión fiscal de condenarlas.
Al expediente se agregó información consistente en prueba documental donde consta la denuncia de las víctimas, actas de diligencias que agentes policiales realizaron, así como el testimonio de las familias afectadas por el accionar de las mareras.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de prisión al director de un centro educativo ubicado en Huizúcar, La Libertad Este, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz.
Durante el juicio, la víctima relató que las agresiones comenzaron cuando ella tenía 14 años, mientras estudiaba en la institución.
«Posteriormente, ya con 15 años, sostuvo una relación sexual con el imputado, ocurrida en la oficina del centro escolar, aunque bajo circunstancias de aparente consentimiento condicionado por la relación de poder», indicó la fiscal del caso.
Tras valorar las pruebas presentadas, el tribunal declaró culpable al director y le impuso una pena de ocho años de prisión.
Judicial
Ordenan prisión para cuatro pandilleros relacionados con el asesinato de una menor en Soyapango
Dos tribunales contra el crimen organizado de San Salvador ordenaron que cuatro miembros de la Mara Salvatrucha permanezcan en prisión preventiva, por el delito de agrupaciones ilícitas. Los sujetos están vinculados al homicidio de una adolescente de 14 años ocurrido el pasado 2 de junio en la comunidad 10 de Octubre, en Soyapango, aunque ese caso aún se encuentra en investigación.
Según un informe del Centro Judicial Isidro Menéndez, en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado se desarrolló la audiencia de imposición de medidas contra Jorge Efraín Vásquez Ibarra y los menores Rodrigo Alejandro M. S. y Mynor Giovanni C. L., mientras que el Tribunal Cuarto emitió resolución similar contra Geovanny Pablo Gómez Milán.
Los cuatro imputados son señalados como «homeboys» y colaboradores de las clicas Monte María Locos Salvatruchos, Montelimar Locos Salvatruchos y Abriles Danger Locos Salvatruchos, todas pertenecientes al programa Centro de la MS-13.
Los jueces valoraron pruebas obtenidas mediante técnicas especiales de investigación, y decretaron seis meses de instrucción. La participación de varios tribunales en el proceso obedece a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 803, que permite agrupar judicialmente los casos según la estructura criminal.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
