Judicial
FOTOS: Carros, ranchos y un millón de dólares le son incautados a sujetos vinculados a la pandilla MS
En $1,782,479.13 están valorados los bienes y dinero en efectivo que la Fiscalía General de la República (FGR) incauta a un grupo de sujetos que están siendo procesados judicialmente.
Se trata de una serie de vehículos y otras pertenencias ubicadas en diferentes partes del país, sobre todo en la zona de San Miguel y La Libertad, indican las autoridades.
Estos estarían a nombre de las 14 personas capturadas en la Operación Cuscatlán a mediados del mes de febrero del presente año.
Unidad Especializada Extinción de Dominio informa que hoy ha continuado materializando bienes, en este caso vehículos, de las personas que fueron capturadas en Operación Cuscatlán. Este jueves el personal fiscal se ha desplazado al Parqueo de Hacienda Santa Rita, La Libertad. 1 pic.twitter.com/jrWPWnKft0
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 13 de diciembre de 2018
Entre los afectados, se encuentra un reconocido distribuidor de San Miguel y sus familiares, quienes colaboraban con las estructuras delincuenciales, según las acusaciones.
En el referido operativo, se ejecutaron ordenes de captura en seis departamentos, dejando 520 personas a la orden de la justicia y con lo que se logró “impactar nuevamente a las estructuras financieras de la “Mara Salvatrucha”, principalmente en el Oriente de la República”, detalla la FGR.
A estas personas, “por la vía judicial, se les quitará todos los bienes que obtuvieron de manera ilícita” agrega la fuente.
Personal fiscal ha materializado con medidas cautelares un total de 26 vehículos, valorados en $623,863.76. A esto se suma 41 inmuebles valorados en $762,314.80 que ayer se materializaron en diferentes partes del país y principalmente el Oriente. 2 pic.twitter.com/7eIuF8k5jA
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 13 de diciembre de 2018
Un informe fiscal señala que entre ayer y hoy se han materializado las medidas cautelares contra 41 inmuebles ubicados en San Miguel, Usulután, La Unión, Cuscatlán y San Salvador, los cuales han sido valorados en $762,314.80.
“Son 14 personas las afectadas en este proceso y contra quienes se ha presentado la correspondiente solicitud ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con el objetivo de que todos los bienes que poseían sean transferidos a favor del Estado”, explicó el fiscal del caso.
También se ha incluido el despojo de 26 vehículos cuyo valor está determinado en $623,863.76. Además, hay un monto de $324,723.43 los cuales fueron decomisados en efectivo y en cuentas bancarias; y también se ha fijado un total de $71,577.14 descubiertos en acciones de todo tipo.
De todos los bienes descritos anteriormente, la FGR ha obtenido el monto de $1,782,479.13.
Entres los procesados a quienes se les ha incautado bienes se encuentra el comerciante mayoritario de Buenaventura Gómez Hernández, alias “Tomatero” y 3 miembros de su familia, quienes mantenían estrecha colaboración con la MS de San Miguel.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
