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FOTOS: Carros, ranchos y un millón de dólares le son incautados a sujetos vinculados a la pandilla MS
En $1,782,479.13 están valorados los bienes y dinero en efectivo que la Fiscalía General de la República (FGR) incauta a un grupo de sujetos que están siendo procesados judicialmente.
Se trata de una serie de vehículos y otras pertenencias ubicadas en diferentes partes del país, sobre todo en la zona de San Miguel y La Libertad, indican las autoridades.
Estos estarían a nombre de las 14 personas capturadas en la Operación Cuscatlán a mediados del mes de febrero del presente año.
Unidad Especializada Extinción de Dominio informa que hoy ha continuado materializando bienes, en este caso vehículos, de las personas que fueron capturadas en Operación Cuscatlán. Este jueves el personal fiscal se ha desplazado al Parqueo de Hacienda Santa Rita, La Libertad. 1 pic.twitter.com/jrWPWnKft0
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 13 de diciembre de 2018
Entre los afectados, se encuentra un reconocido distribuidor de San Miguel y sus familiares, quienes colaboraban con las estructuras delincuenciales, según las acusaciones.
En el referido operativo, se ejecutaron ordenes de captura en seis departamentos, dejando 520 personas a la orden de la justicia y con lo que se logró “impactar nuevamente a las estructuras financieras de la “Mara Salvatrucha”, principalmente en el Oriente de la República”, detalla la FGR.
A estas personas, “por la vía judicial, se les quitará todos los bienes que obtuvieron de manera ilícita” agrega la fuente.
Personal fiscal ha materializado con medidas cautelares un total de 26 vehículos, valorados en $623,863.76. A esto se suma 41 inmuebles valorados en $762,314.80 que ayer se materializaron en diferentes partes del país y principalmente el Oriente. 2 pic.twitter.com/7eIuF8k5jA
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 13 de diciembre de 2018
Un informe fiscal señala que entre ayer y hoy se han materializado las medidas cautelares contra 41 inmuebles ubicados en San Miguel, Usulután, La Unión, Cuscatlán y San Salvador, los cuales han sido valorados en $762,314.80.
“Son 14 personas las afectadas en este proceso y contra quienes se ha presentado la correspondiente solicitud ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con el objetivo de que todos los bienes que poseían sean transferidos a favor del Estado”, explicó el fiscal del caso.
También se ha incluido el despojo de 26 vehículos cuyo valor está determinado en $623,863.76. Además, hay un monto de $324,723.43 los cuales fueron decomisados en efectivo y en cuentas bancarias; y también se ha fijado un total de $71,577.14 descubiertos en acciones de todo tipo.
De todos los bienes descritos anteriormente, la FGR ha obtenido el monto de $1,782,479.13.
Entres los procesados a quienes se les ha incautado bienes se encuentra el comerciante mayoritario de Buenaventura Gómez Hernández, alias “Tomatero” y 3 miembros de su familia, quienes mantenían estrecha colaboración con la MS de San Miguel.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
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Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
