Judicial
FGR presenta requerimiento contra tres empleados de la LNB, acusados de amañar sorteos y quedarse con $75 mil
La Fiscalía General de la República (FGR); presentó hoy ante el Juzgado 14º de Paz de San Salvador, el requerimiento contra tres empleados de la Lotería Nacional de Beneficencia, acusados de Falsedad Documental Agravada.
Los detenidos son Daniel Rodríguez Guardado, Alberto Javier Alvarenga Cardoza y Alexis Maxwell Funes Méndez, quienes fueron acusados de Falsedad Documental Agravada, en perjuicio de la Lotería Nacional de Beneficencia.
En la investigación realizada se detectó a través de la revisión de las minutas digitales de 59 sorteos realizados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de marzo de 2017, donde se comparó con los vídeos tomados en los mismos, para verificar cada número de billete favorecido con premio (obtenido a través de la cámara de aire), contra el número anotado en cada minuta, la cual consiste en la anotación de los números de billetes favorecidos y valores de los premios registrados durante la ejecución del sorteo, en la cual se hacen las verificaciones necesarias antes de elaborar la copia definitiva de la lista de premios, es decir es el instrumento para verificar, una vez concluido el sorteo, los números de los billetes favorecidos con premios de urna.
Se comprobó que en 46 sorteos en los que participaron estas personas, 35 de ellos tienen inconsistencias, ya que, de estos, 35 sorteos existen 153 números favorecidos: 123 que presentan cambio completo del número favorecido, y 30, en los que se les modificó solo un dígito.
En estos sorteos no coincidieron con los números anotados en las minutas, observando en unos casos números que varían en un solo dígito y otros en los cuales los números varían en su totalidad, identificándose que los premios corresponden a valores entre $100.00 y $2,000.00., y que el monto total de las diferencias asciende a la cantidad de $75,775.00
De manera reiterativa aparecen en los sorteos, los señores Daniel Rodríguez, Javier Alvarenga y Lexis Maxwell Funes Méndez. Es importante señalar que la participación de los primeros dos imputados consiste en que ellos eran las personas que levantaban la minuta de las listas de premios de manera digital a la hora del sorteo, y era su obligación posteriormente revisarlas.
Por otra parte, algunos vendedores de billetes de lotería se acercaron al Ingeniero José Armando Sánchez Gutiérrez, Gerente General de la institución, expresándole que han notado algunas situaciones que les parecen extrañas, como el hecho que una de las personas que normalmente está presentes en los sorteos, se ha visto frecuentemente cambiando premios, ya sea por producto o dinero, señalando en este caso al licenciado Daniel Rodríguez Guardado, Interventor por el Ministerio de Hacienda.
Por: El Blog.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
