Judicial
FGR presenta requerimiento contra tres empleados de la LNB, acusados de amañar sorteos y quedarse con $75 mil
La Fiscalía General de la República (FGR); presentó hoy ante el Juzgado 14º de Paz de San Salvador, el requerimiento contra tres empleados de la Lotería Nacional de Beneficencia, acusados de Falsedad Documental Agravada.
Los detenidos son Daniel Rodríguez Guardado, Alberto Javier Alvarenga Cardoza y Alexis Maxwell Funes Méndez, quienes fueron acusados de Falsedad Documental Agravada, en perjuicio de la Lotería Nacional de Beneficencia.
En la investigación realizada se detectó a través de la revisión de las minutas digitales de 59 sorteos realizados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de marzo de 2017, donde se comparó con los vídeos tomados en los mismos, para verificar cada número de billete favorecido con premio (obtenido a través de la cámara de aire), contra el número anotado en cada minuta, la cual consiste en la anotación de los números de billetes favorecidos y valores de los premios registrados durante la ejecución del sorteo, en la cual se hacen las verificaciones necesarias antes de elaborar la copia definitiva de la lista de premios, es decir es el instrumento para verificar, una vez concluido el sorteo, los números de los billetes favorecidos con premios de urna.
Se comprobó que en 46 sorteos en los que participaron estas personas, 35 de ellos tienen inconsistencias, ya que, de estos, 35 sorteos existen 153 números favorecidos: 123 que presentan cambio completo del número favorecido, y 30, en los que se les modificó solo un dígito.
En estos sorteos no coincidieron con los números anotados en las minutas, observando en unos casos números que varían en un solo dígito y otros en los cuales los números varían en su totalidad, identificándose que los premios corresponden a valores entre $100.00 y $2,000.00., y que el monto total de las diferencias asciende a la cantidad de $75,775.00
De manera reiterativa aparecen en los sorteos, los señores Daniel Rodríguez, Javier Alvarenga y Lexis Maxwell Funes Méndez. Es importante señalar que la participación de los primeros dos imputados consiste en que ellos eran las personas que levantaban la minuta de las listas de premios de manera digital a la hora del sorteo, y era su obligación posteriormente revisarlas.
Por otra parte, algunos vendedores de billetes de lotería se acercaron al Ingeniero José Armando Sánchez Gutiérrez, Gerente General de la institución, expresándole que han notado algunas situaciones que les parecen extrañas, como el hecho que una de las personas que normalmente está presentes en los sorteos, se ha visto frecuentemente cambiando premios, ya sea por producto o dinero, señalando en este caso al licenciado Daniel Rodríguez Guardado, Interventor por el Ministerio de Hacienda.
Por: El Blog.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
