Judicial
FGR logró condenas de prisión contra tratantes que explotaron sexualmente a jovencita en San Salvador
Condenas de 16 y 3 años de prisión fueron aplicadas a tres personas quienes al final del juicio fueron declaradas culpables por mantener cautiva y explotar sexualmente a una jovencita en diferentes lugares de San Salvador.
El informe de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas señala que los imputados son Celia Denise Colocho Choi, Ángel Alberto Umaña Salinas y Sara Cristina Rivera Soriano.
A Colocho Choi, se le atribuyeron los delitos de trata de personas agravada en la modalidad de explotación sexual y privación de libertad en perjuicio de una joven de 19 años, mientras a los otros dos acusados solamente se les atribuyó el delito de privación de libertad.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de esta ciudad tuvo a su cargo el desarrollo de la vista pública y durante la audiencia, la FGR contó con elementos de prueba que fueron ratificados por peritos y testigos que colaboraron en la investigación. “Ante el Juez quedó evidenciada la forma en que cada uno participó al momento de consumar los delitos”, explicó una fiscal del caso.
Y es que según las indagaciones fue en agosto del año 2019 cuando la imputada Colocho Choi llevó a trabajar a su casa a la víctima, en ese entonces como empleada doméstica; luego de unos días, la obligó a sostener relaciones sexuales remuneradas con hombres que llegaban a la vivienda de la imputada. Dicha mujer cobraba cantidades entre los 30 y 60 dólares por los servicios que se les ofrecía, llegando a entregar a la víctima a un promedio de 15 “clientes” semanalmente.
Con la ayuda de Umaña Salinas y Rivera Soriano, a la jovencita la retuvieron en un bar capitalino en donde también fue explotada sexualmente.
Sin embargo, el caso se conoció hasta que la víctima logró escapar cuando la trataron de llevar hasta una casa de citas, siempre en esta ciudad.
Con las pruebas aportadas por Fiscalía, el juez declaró la culpabilidad de los involucrados y determinó que Colocho Choi fue la responsable de dirigir el accionar por lo que le impuso la pena de los 16 años en prisión, mientras que los otros dos implicados cumplirán 3 años, dado que consideró que solo participaron en la Privación de libertad de la víctima.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
