Judicial
FGR logró condenas de prisión contra tratantes que explotaron sexualmente a jovencita en San Salvador
Condenas de 16 y 3 años de prisión fueron aplicadas a tres personas quienes al final del juicio fueron declaradas culpables por mantener cautiva y explotar sexualmente a una jovencita en diferentes lugares de San Salvador.
El informe de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas señala que los imputados son Celia Denise Colocho Choi, Ángel Alberto Umaña Salinas y Sara Cristina Rivera Soriano.
A Colocho Choi, se le atribuyeron los delitos de trata de personas agravada en la modalidad de explotación sexual y privación de libertad en perjuicio de una joven de 19 años, mientras a los otros dos acusados solamente se les atribuyó el delito de privación de libertad.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de esta ciudad tuvo a su cargo el desarrollo de la vista pública y durante la audiencia, la FGR contó con elementos de prueba que fueron ratificados por peritos y testigos que colaboraron en la investigación. “Ante el Juez quedó evidenciada la forma en que cada uno participó al momento de consumar los delitos”, explicó una fiscal del caso.
Y es que según las indagaciones fue en agosto del año 2019 cuando la imputada Colocho Choi llevó a trabajar a su casa a la víctima, en ese entonces como empleada doméstica; luego de unos días, la obligó a sostener relaciones sexuales remuneradas con hombres que llegaban a la vivienda de la imputada. Dicha mujer cobraba cantidades entre los 30 y 60 dólares por los servicios que se les ofrecía, llegando a entregar a la víctima a un promedio de 15 “clientes” semanalmente.
Con la ayuda de Umaña Salinas y Rivera Soriano, a la jovencita la retuvieron en un bar capitalino en donde también fue explotada sexualmente.
Sin embargo, el caso se conoció hasta que la víctima logró escapar cuando la trataron de llevar hasta una casa de citas, siempre en esta ciudad.
Con las pruebas aportadas por Fiscalía, el juez declaró la culpabilidad de los involucrados y determinó que Colocho Choi fue la responsable de dirigir el accionar por lo que le impuso la pena de los 16 años en prisión, mientras que los otros dos implicados cumplirán 3 años, dado que consideró que solo participaron en la Privación de libertad de la víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
