Judicial
FGR logró condenas de prisión contra tratantes que explotaron sexualmente a jovencita en San Salvador
Condenas de 16 y 3 años de prisión fueron aplicadas a tres personas quienes al final del juicio fueron declaradas culpables por mantener cautiva y explotar sexualmente a una jovencita en diferentes lugares de San Salvador.
El informe de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas señala que los imputados son Celia Denise Colocho Choi, Ángel Alberto Umaña Salinas y Sara Cristina Rivera Soriano.
A Colocho Choi, se le atribuyeron los delitos de trata de personas agravada en la modalidad de explotación sexual y privación de libertad en perjuicio de una joven de 19 años, mientras a los otros dos acusados solamente se les atribuyó el delito de privación de libertad.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de esta ciudad tuvo a su cargo el desarrollo de la vista pública y durante la audiencia, la FGR contó con elementos de prueba que fueron ratificados por peritos y testigos que colaboraron en la investigación. “Ante el Juez quedó evidenciada la forma en que cada uno participó al momento de consumar los delitos”, explicó una fiscal del caso.
Y es que según las indagaciones fue en agosto del año 2019 cuando la imputada Colocho Choi llevó a trabajar a su casa a la víctima, en ese entonces como empleada doméstica; luego de unos días, la obligó a sostener relaciones sexuales remuneradas con hombres que llegaban a la vivienda de la imputada. Dicha mujer cobraba cantidades entre los 30 y 60 dólares por los servicios que se les ofrecía, llegando a entregar a la víctima a un promedio de 15 “clientes” semanalmente.
Con la ayuda de Umaña Salinas y Rivera Soriano, a la jovencita la retuvieron en un bar capitalino en donde también fue explotada sexualmente.
Sin embargo, el caso se conoció hasta que la víctima logró escapar cuando la trataron de llevar hasta una casa de citas, siempre en esta ciudad.
Con las pruebas aportadas por Fiscalía, el juez declaró la culpabilidad de los involucrados y determinó que Colocho Choi fue la responsable de dirigir el accionar por lo que le impuso la pena de los 16 años en prisión, mientras que los otros dos implicados cumplirán 3 años, dado que consideró que solo participaron en la Privación de libertad de la víctima.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
