Judicial
FGR logró condenas de prisión contra tratantes que explotaron sexualmente a jovencita en San Salvador
Condenas de 16 y 3 años de prisión fueron aplicadas a tres personas quienes al final del juicio fueron declaradas culpables por mantener cautiva y explotar sexualmente a una jovencita en diferentes lugares de San Salvador.
El informe de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas señala que los imputados son Celia Denise Colocho Choi, Ángel Alberto Umaña Salinas y Sara Cristina Rivera Soriano.
A Colocho Choi, se le atribuyeron los delitos de trata de personas agravada en la modalidad de explotación sexual y privación de libertad en perjuicio de una joven de 19 años, mientras a los otros dos acusados solamente se les atribuyó el delito de privación de libertad.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de esta ciudad tuvo a su cargo el desarrollo de la vista pública y durante la audiencia, la FGR contó con elementos de prueba que fueron ratificados por peritos y testigos que colaboraron en la investigación. “Ante el Juez quedó evidenciada la forma en que cada uno participó al momento de consumar los delitos”, explicó una fiscal del caso.
Y es que según las indagaciones fue en agosto del año 2019 cuando la imputada Colocho Choi llevó a trabajar a su casa a la víctima, en ese entonces como empleada doméstica; luego de unos días, la obligó a sostener relaciones sexuales remuneradas con hombres que llegaban a la vivienda de la imputada. Dicha mujer cobraba cantidades entre los 30 y 60 dólares por los servicios que se les ofrecía, llegando a entregar a la víctima a un promedio de 15 “clientes” semanalmente.
Con la ayuda de Umaña Salinas y Rivera Soriano, a la jovencita la retuvieron en un bar capitalino en donde también fue explotada sexualmente.
Sin embargo, el caso se conoció hasta que la víctima logró escapar cuando la trataron de llevar hasta una casa de citas, siempre en esta ciudad.
Con las pruebas aportadas por Fiscalía, el juez declaró la culpabilidad de los involucrados y determinó que Colocho Choi fue la responsable de dirigir el accionar por lo que le impuso la pena de los 16 años en prisión, mientras que los otros dos implicados cumplirán 3 años, dado que consideró que solo participaron en la Privación de libertad de la víctima.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
