Judicial
FGR investiga a proceso tardío para realizar prueba de antidoping a agentes policiales capturados en aparente estado de ebriedad
La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que hicieron efectivas las capturas de ocho policías que se encontraban armados y estado de ebriedad el pasado lunes.
Información de la FGR asegura que la investigación ha abarcado a los agentes captores por su presunta complicidad en dilatar el proceso de la prueba antidoping a los policías que fueron capturados la tarde del lunes en sector del lago de Coatepeque, Santa Ana.
Entre los que se encuentra también un subinspector y fueron capturados a eso de las 4:00 de la tarde, pero fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Ana a eso de las 11:00 de la noche; tiempo suficiente para que el nivel de alcohol en la sangre bajara.
De acuerdo con la Fiscalía, los agentes captores no procedieron a realizar la prueba antidoping, argumentando que los aparatos para realizar la prueba alcotest se encontraban arruinados.
No obstante, una fuente de la PNC aseguró que los agentes detenidos no quisieron someterse al examen toxicológico, el cual comprobaría si estaban bajo los efectos del alcohol.
Por su parte la FGR asegura que hasta el momento no han recibido los resultados de la prueba alcotest de los ocho policías detenidos, por lo que momentáneamente se desconoce si esto será requerido ante los tribunales.
Los efectivos policiales son el subinspector Juan Carlos Rivera y los agentes William Ernesto Rivera, Fredis Alexander Chavarría, César Estanley Osorio Pérez, Amílcar Antonio Alfaro, Manuel de Jesús Vásquez y Darwin Ernesto Damián Álvarez.
De acuerdo con la institución policial, los policías fueron capturados por estar en aparente estado de ebriedad mientras manejaban sus vehículos y portaban las armas que la corporación les había designado, pese de estar en sus días libres.
En cuanto al tema, el director de la Policia Nacional Civil, Howard Cotto, dijo en una entrevista televisiva este miércoles que espera que al final del proceso disciplinario, los ocho policías sean destituidos de la institución, sobretodo el subinspector
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
