Judicial
FGR investiga a proceso tardío para realizar prueba de antidoping a agentes policiales capturados en aparente estado de ebriedad
La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que hicieron efectivas las capturas de ocho policías que se encontraban armados y estado de ebriedad el pasado lunes.
Información de la FGR asegura que la investigación ha abarcado a los agentes captores por su presunta complicidad en dilatar el proceso de la prueba antidoping a los policías que fueron capturados la tarde del lunes en sector del lago de Coatepeque, Santa Ana.
Entre los que se encuentra también un subinspector y fueron capturados a eso de las 4:00 de la tarde, pero fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Ana a eso de las 11:00 de la noche; tiempo suficiente para que el nivel de alcohol en la sangre bajara.
De acuerdo con la Fiscalía, los agentes captores no procedieron a realizar la prueba antidoping, argumentando que los aparatos para realizar la prueba alcotest se encontraban arruinados.
No obstante, una fuente de la PNC aseguró que los agentes detenidos no quisieron someterse al examen toxicológico, el cual comprobaría si estaban bajo los efectos del alcohol.
Por su parte la FGR asegura que hasta el momento no han recibido los resultados de la prueba alcotest de los ocho policías detenidos, por lo que momentáneamente se desconoce si esto será requerido ante los tribunales.
Los efectivos policiales son el subinspector Juan Carlos Rivera y los agentes William Ernesto Rivera, Fredis Alexander Chavarría, César Estanley Osorio Pérez, Amílcar Antonio Alfaro, Manuel de Jesús Vásquez y Darwin Ernesto Damián Álvarez.
De acuerdo con la institución policial, los policías fueron capturados por estar en aparente estado de ebriedad mientras manejaban sus vehículos y portaban las armas que la corporación les había designado, pese de estar en sus días libres.
En cuanto al tema, el director de la Policia Nacional Civil, Howard Cotto, dijo en una entrevista televisiva este miércoles que espera que al final del proceso disciplinario, los ocho policías sean destituidos de la institución, sobretodo el subinspector
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
