Judicial
Expresentador de televisión, Carlos Toledo, es condenado por el delito de agresión sexual contra una joven
Esta tarde de viernes se ha dado a conocer que el exconductor del programa 8 en Punto de canal 33, Carlos José Toledo Chacón, fue encontrado culpable de haber agredido sexualmente a una joven universitaria que realizaba prácticas en el canal para el que laboraba en su momento.
El expresentador fue acusado el pasado 13 de julio de 2018 por el delito de otras agresiones sexuales, según informó la Fiscalía General de la República (FGR)
Tras la acusación Toledo Chacón fue despedido del canal por el escándalo y sorpresivamente sustituido por Carlos Monterrosa, quien también es el conductor del programa matutino «República SV».
La audiencia inicial contra Carlos José Toledo Chacón se celebró en el Juzgado 7° de Paz de San Salvador, donde el juez decretó que fuera procesado en libertad, debido a los arraigos que le presentó que aseguraban no se fugaría mientras el proceso en su contra se desarrollaba.
El fiscal del caso manifestó que los hechos de agresión sexual ocurrieron el pasado 21 de junio del presente año, cuando la víctima realizaba labores de producción y coordinación de un programa juvenil, cuando el imputado valiéndose de su posición dentro de la empresa televisora, intentó agredirla sexualmente, bajo amenaza de truncar su profesión.
La salida de Toledo se manejó con mucho hermetismo, sus compañeros del canal solamente se limitaron a decir: «Toledo ya no trabaja con nosotros” y se negaron a transmitir más información al respecto.
Debido a las pruebas presentadas, Toledo Chacón fue declarado por el delito en mención y condenado a tres años de prisión, cuya condena fue sustituida por el pedido obligatorio de una disculpa pública a través de su cuenta de Facebook, que debe hacerse efectiva entre el 29 y 31 de julio de este año.
Asimismo será obligado a cancelar $3,000 en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de la joven víctima. Además de la prohibición de consumir bebidas embriagantes, drogas y someterse a un tratamiento psicológico.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
