Judicial
Exfiscal Luis Martínez saldrá de Mariona el 27 de agosto y pasará a arresto domiciliario
La Unidad de Vigilancia Penitenciaria de la oficina fiscal de San Salvador logró que el sentenciado, Luis Antonio Martínez González, exfiscal general de la República, cumpla la totalidad de la pena de 5 años de prisión, impuesta en 2018 por el Tribunal 6º de Sentencia, por el delito de Divulgación de Material Reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el “padre Toño”.
En la audiencia especial, celebrada en el Juzgado 5º de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, para ventilar sobre las condiciones de reclusión del interno, el juez determinó que los argumentos de los fiscales del caso eran sólidos para mantener al condenado en prisión hasta que cumpla la totalidad de pena el próximo 26 de agosto.
No obstante, Martínez tiene dos procesos penales pendientes uno de sentencia y el otro para que se realice la respectiva audiencia preliminar, por lo que, en uno de ellos, la Cámara de 1º de lo Penal decretó que pase a arresto domiciliar y que le sea impuesto el dispositivo electrónico de localización, conocido como brazalete electrónico.
Además, deberá cumplir una serie de medidas cautelares como acercarse a firmar cada 15 días al Juzgado correspondiente, no salir del país y no acercarse a las víctimas y testigos.
Lo descrito con antelación se da a causa de que en los dos procesos ya cumplió con los dos años, período máximo, de detención provisional en cárcel, por lo que es de rigor legal que le sean impuestas otras medidas, para garantizar que enfrente uno de los procesos judiciales restantes.
Martínez está procesado en el caso “Corruptela”, por los delitos de Omisión de la Investigación, Lavado de Dinero, Peculado, Falsedad Documental, Negociaciones Ilícitas, Cohecho Propio y Falsedad Ideológica. Este proceso está a cargo del Juzgado 4º de Instrucción de San Salvador; pero dicho tribunal se declaró incompetente para conocer en octubre del 2020, por lo que el proceso está en estudio de la Cámara 1º de lo Penal.
El sentenciado también está procesado en el caso denominado “Rais-Martínez”, por los delitos de Revelación de Documentos Secretos y Omisión de la Investigación. Este caso está en el Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador. Una de las juezas se excusó de conocer el caso y el proceso está en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá si acepta la excusa de la jueza o la sustituye.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
