Judicial
Exfiscal Luis Martínez saldrá de Mariona el 27 de agosto y pasará a arresto domiciliario
La Unidad de Vigilancia Penitenciaria de la oficina fiscal de San Salvador logró que el sentenciado, Luis Antonio Martínez González, exfiscal general de la República, cumpla la totalidad de la pena de 5 años de prisión, impuesta en 2018 por el Tribunal 6º de Sentencia, por el delito de Divulgación de Material Reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el “padre Toño”.
En la audiencia especial, celebrada en el Juzgado 5º de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, para ventilar sobre las condiciones de reclusión del interno, el juez determinó que los argumentos de los fiscales del caso eran sólidos para mantener al condenado en prisión hasta que cumpla la totalidad de pena el próximo 26 de agosto.
No obstante, Martínez tiene dos procesos penales pendientes uno de sentencia y el otro para que se realice la respectiva audiencia preliminar, por lo que, en uno de ellos, la Cámara de 1º de lo Penal decretó que pase a arresto domiciliar y que le sea impuesto el dispositivo electrónico de localización, conocido como brazalete electrónico.
Además, deberá cumplir una serie de medidas cautelares como acercarse a firmar cada 15 días al Juzgado correspondiente, no salir del país y no acercarse a las víctimas y testigos.
Lo descrito con antelación se da a causa de que en los dos procesos ya cumplió con los dos años, período máximo, de detención provisional en cárcel, por lo que es de rigor legal que le sean impuestas otras medidas, para garantizar que enfrente uno de los procesos judiciales restantes.
Martínez está procesado en el caso “Corruptela”, por los delitos de Omisión de la Investigación, Lavado de Dinero, Peculado, Falsedad Documental, Negociaciones Ilícitas, Cohecho Propio y Falsedad Ideológica. Este proceso está a cargo del Juzgado 4º de Instrucción de San Salvador; pero dicho tribunal se declaró incompetente para conocer en octubre del 2020, por lo que el proceso está en estudio de la Cámara 1º de lo Penal.
El sentenciado también está procesado en el caso denominado “Rais-Martínez”, por los delitos de Revelación de Documentos Secretos y Omisión de la Investigación. Este caso está en el Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador. Una de las juezas se excusó de conocer el caso y el proceso está en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá si acepta la excusa de la jueza o la sustituye.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
