Judicial
Exalcaldesas condenadas a cinco años de cárcel por retener cuotas laborales a empleados municipales
Dos exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, fueron condenadas a cinco años de cárcel por el delito de apropiación o retención indebida de cuotas laborales a empleados municipales.
Las condenadas son Blanca Estela Cortés Lima, quien se desempeñó como alcaldesa en funciones entre julio de 2014 y el 30 de abril de 2015; mientras que Ana Mercedes Aguilar de Ochoa fungió como edil del 1 de mayo de 2015 al 30 abril de 2018.
La vista pública finalizó la semana pasada, no obstante la resolución fue emitida por el juez en la mañana del jueves.
Durante el juicio realizado en el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, el juez validó todas las pruebas presentadas por fiscales de la Dirección de Intereses del Estado de la zona occidental.
Las pruebas que presentó la fiscalía fueron las auditorías realizadas a la alcaldía y las denuncias de los empleados quienes explicaron que se les había descontado las cuotas del Seguro Social y AFP.
En el mismo caso también está procesado Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, extesorero municipal acusado por apropiación o retención indebida de cuotas laborales, pero fue separado durante la fase de sentencia ante la renuncia de su abogado defensor y debido a eso está a la espera se programe la vista pública en su contra.
Cabe mencionar que De Ochoa y Mendoza, ya habían sido condenados en julio a cuatro años de prisión tras ser encontradas culpables de apropiarse de $325,000 en cuotas de préstamos personales de los empleados de dicha comuna.
Por: El Salvador Times.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
