Judicial
Exalcaldesas condenadas a cinco años de cárcel por retener cuotas laborales a empleados municipales
Dos exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, fueron condenadas a cinco años de cárcel por el delito de apropiación o retención indebida de cuotas laborales a empleados municipales.
Las condenadas son Blanca Estela Cortés Lima, quien se desempeñó como alcaldesa en funciones entre julio de 2014 y el 30 de abril de 2015; mientras que Ana Mercedes Aguilar de Ochoa fungió como edil del 1 de mayo de 2015 al 30 abril de 2018.
La vista pública finalizó la semana pasada, no obstante la resolución fue emitida por el juez en la mañana del jueves.
Durante el juicio realizado en el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, el juez validó todas las pruebas presentadas por fiscales de la Dirección de Intereses del Estado de la zona occidental.
Las pruebas que presentó la fiscalía fueron las auditorías realizadas a la alcaldía y las denuncias de los empleados quienes explicaron que se les había descontado las cuotas del Seguro Social y AFP.
En el mismo caso también está procesado Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, extesorero municipal acusado por apropiación o retención indebida de cuotas laborales, pero fue separado durante la fase de sentencia ante la renuncia de su abogado defensor y debido a eso está a la espera se programe la vista pública en su contra.
Cabe mencionar que De Ochoa y Mendoza, ya habían sido condenados en julio a cuatro años de prisión tras ser encontradas culpables de apropiarse de $325,000 en cuotas de préstamos personales de los empleados de dicha comuna.
Por: El Salvador Times.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
