Judicial
Fiscalía gira 210 órdenes administrativas de detención contra delincuentes a nivel nacional
El fiscal General de la República, Raúl Melara, informó que, en las últimas horas, se ordenaron y ejecutaron operativos simultáneos en todo el país; con los cuales se ha dado un golpe sin precedentes a estructuras criminales dedicadas a la Extorsión, Robo, Privaciones de libertad, Agresiones Sexuales, entre otros.
Las diferentes zonas del país a través de cada una de sus oficinas giraron 211 órdenes administrativas las cuales aún a esta hora se continúan realizando las capturas por parte de la PNC.
En el departamento de San Salvador se ordenaron más de 60 capturas en los municipios de Soyapango, San Salvador, Cuscatancingo, San Martín, Ilopango, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado.
Entre los delitos cometidos se encuentran Homicidio Agravado, Privación de Libertad, Limitación Ilegal a la libertad de Circulación, Extorsión Agravada, Estafa, Apropiación o Retención Indebida, Disparo de Arma de Fuego y Robo.
Mientras que las oficinas Fiscales de La Unión, Morazán y San Miguel respondiendo a la demanda de justicia de la población, ordenaron esta madrugada 55 órdenes de detención las cuales fueron realizadas a través de registros y allanamientos para hacer efectivas las detenciones de implicados en delitos como Homicidio Agravado, Extorsión y acciones ilícitas de naturaleza sexual.
En La Unión se aprehendieron a 21 personas, entre ellos, algunos miembros de la MS, vinculados en tres Homicidios Agravados, seis casos de Violación en Menor e Incapaz y una Privación de Libertad. Las detenciones se realizaron en los municipios de Conchagua, Anamorós, Intipucá, Santa Rosa de Lima, Concepción de Oriente y Polorós.
En Morazán se capturaron a cuatro hombres, entre ellos, uno de nacionalidad nicaragüense, por los delitos de Violación en Menor e Incapaz, Agresión Sexual en Menor e Incapaz y Acoso Sexual.
El departamento de Cuscatlán la oficina Fiscal con sede en Cojutepeque informa que, en las últimas horas, se han detenido en los municipios de San Pedro Perulapán, San Ramón, Tenancingo y Cojutepeque a seis personas, de las cuales dos son mujeres, por estar ligados a delitos como Extorsión, Robo Agravado, Estafa y Hurto, de las 12 órdenes giradas.
Mientras que la oficina de Zacatecoluca ordenó la detención de ocho personas de las cuales se han hecho efectivas tres miembros de una estructura terrorista de la 18R, por el delito de Extorsión y la captura de Miguel García Medrano, acusado de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, las cuales fueron efectivas en diferentes cantones del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Por delitos de naturaleza sexual las oficinas de Zaragoza y Santa Tecla han girado 11 órdenes de detención administrativas por los delitos de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, Violación en Menor e Incapaz, Acoso Sexual y Homicidio Agravado.
La sede de Ilobasco ordenó la detención cuatro personas por los delitos de Homicidio Agravado, Desaparición de personas, Apropiación o retención indebida, Estafa, Violación en menor e incapaz, Violación en menor e incapaz continuada.
En Chalatenango se giraron 35 órdenes administrativas de detención de las cuales se han logrado hacer efectivas 19 capturas en los municipios de San Miguel de Mercedes y Chalatenango, contra estructuras terroristas de la MS, los cuales están vinculados en los delitos de Extorsión, Siembra y Cultivo; y de Acoso Sexual.
Por su parte la sede de Sonsonate ordenó la detención administrativa de cinco sujetos acusados de los delitos de Robo Agravado y Privación de Libertad; en perjuicio de una empresa distribuidora de cigarros. El hecho ocurrió 07 de agosto 2020, robaron US$9,000.00 en producto y una escopeta, hasta el momento se han hecho tres capturas efectivas por este caso.
Además, esta misma sede reporta la detención de siete sujetos acusados del delio de extorsión y dos mujeres acusadas de robo, haciendo un total de 12 capturados esta madrugada en el departamento de Sonsonate.
Para concluir la zona occidental el departamento de Ahuachapán giró 12 órdenes de detención por diferentes delitos las cuales se harán efectivas en el transcurso del día; así como la orden emitida por la oficina de Santa Ana.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 15 órdenes administrativas (de captura) en diferentes departamentos del país contra una estructura criminal integrada por falsos abogados y notarios que ofrecían servicios legales a los ciudadanos para estafarlos.
Según el reporte fiscal, entre los capturados está Juan Alberto Platero, de quien se informó es hijo de un notario que ya falleció; es señalado de utilizar el nombre y protocolo de actuación de su padre para elaborar documentación falsa.
Platero le hacía creer a las víctimas mediante las redes sociales que tenía más de 15 años de ejercer la profesión, sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron hasta este año la Corte Suprema de Justicia lo había certificado como tal de acuerdo con los registros que la institución publica en su portal oficial.
«Ocupaba el nombre de su padre para crear documentos falsos, este sujeto no devuelve los sellos, su padre muere en 2013 y el centro nacional de registros se dio cuenta de que se estaban prestando instrumentos (legales), al parecer, firmados por este notario», explicó una de las fiscales de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado.
La fuente fiscal detalló que se trata de un grupo criminal dedicado a estafar a personas que necesitan solventar problemas legales, para lo cual, contra a los señalados en calidad de abogados, cuyos instrumentos legales que presentaban a diferentes instituciones se determinó eran falsos.
Las víctimas contrataban a los abogados para efectuar trámites de escrituración de inmuebles y otros asuntos legales.
Los delitos que se le atribuyen al grupo criminal son: agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, ejercicio ilegal de la profesión y fraude procesal.
Otros detenidos son Miguel Ramírez Moreno, Walter René Martínez Romero, Amanda María Bolaños Pacheco, José Ezequiel García, William Geovany Beltrán Romero, Haydee Guadalupe García Beltrán, Julián Enrique Galicia González y Coni Margarita Chachagua de Galicia.
En los próximos días serán presentados ante los tribunales correspondientes, informó el ministerio público.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, enjuicia en audiencia probatoria al exfiscal general Luis Martínez por enriquecimiento ilícito de $71,736.62.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República pretende que sea condenado a pagar al Estado el monto con el que se enriqueció de manera ilícita y lo inhabilite para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
Al exfiscal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 29 de noviembre de 2016, enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito tras encontrarle una serie de irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad justificar ante la Sección de Probidad.
«La Sección de Probidad le detectó irregularidades consistentes en pago de deudas, pagos de tarjetas de crédito propias y ajenas, una diferencia negativa entre sus saldos de ingresos y egresos» dijo uno de los fiscales del caso.
La demanda fue admitida el 9 de enero de 2018 por la Cámara de lo Penal y tras ocho años de estar en sede judicial se ha llegado a la última audiencia del juicio civil en la cual se definirá si el exfuncionario se enriqueció o no ilícitamente.
La CSJ ordenó el proceso en contra del exfuncionario, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, pero tras apelaciones presentadas por abogados permitieron que los parientes del exfuncionario fueran excluidos.
Luis Martínez, fungió como Fiscal General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 12 de diciembre de 2015.
El ministerio público ha ofrecido como prueba una pericia financiera con el fin de acreditar el incremento patrimonial no justificado de Martínez mientras fungió como titular de la Fiscalía General de la República.
También el exfuncionario estaría rindiendo su declaración con el fin de ejercer su derecho de aportación de prueba para que la Cámara la valore al momento de emitir la resolución.
