Judicial
Envían a prisión a acusada de matar a embarazada en Sonsonate
El Juzgado de Paz de San Antonio del Monte, Sonsonate, instaló ayer la audiencia inicial en contra de Gloria Estefany Ramírez Carías, acusada de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de una mujer, simulación de embarazo o parto e intento de homicidio de una recién nacida, que era hija de la fallecida.
Luego de escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el juez decidió enviarla a prisión por los tres delitos, mientras dura el proceso en su contra.
La captura de Ramírez Carías, de 22 años, se ejecutó en el marco del régimen de excepción impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El día que fue capturada, la Policía la reportó en un primer momento por el delito de resistencia, mientras se obtenían más pruebas de su culpabilidad en el crimen.
La mujer es estudiante de enfermería y su captura se viralizó en redes sociales donde la calificaron de «injusta»; sin embargo, la ampliación de tres a 15 días de la detención administrativa, que permite el régimen de excepción, sirvió para investigar este caso y se determinaron los delitos que había cometido anteriormente.
La FGR señaló que la joven asesinó a otra mujer, le robó al bebé y fingió que era suyo. Según la Fiscalía, las investigaciones determinaron que la víctima, una joven de 21 años, fue encontrada muerta el sábado 9 de julio en la vivienda de la imputada.
Familiares dijeron a las autoridades que había desaparecido un día antes, pues salió de su casa ubicada en el municipio de Nahuizalco hacia la unidad de salud de Sonzacate al control prenatal.
Asimismo, las autoridades señalaron que la víctima tenía un vínculo de amistad con Ramírez Carías.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
