Judicial
DISPUTA: “¿Cuál es el miedo? Si no te vas de aquí, entonces te voy a mandar a matar a vos y a tu familia», la amenaza de un hombre a su vecino
El pasado 2 de abril de este 2018, la familia Pérez retornaba a su vivienda, situada en la colonia Santa Margarita, en el municipio de Cuscatancingo, en San Salvador, luego de realizar sus jornadas laborales.
A bordo de un vehículo se transportaba Napoleón y su esposa, Amanda de Pérez, quienes a eso de las 5:50 de la tarde pretendían llegar a relajarse a su casa de habitación, pero la idea les cambió cuando a lo lejos vieron a dos menores de edad –entre 13 y 14 años- que lanzaban basura en el terreno que les pertenece.
Napoleón, como era de esperarse, les reclamó y les solicitó que dejaran de lanzar los desperdicios en su lotificación. A cambio de ello lo que recibió fueron burlas.
“Este ‘maitro’ está loco y enfermo. Este terreno es de mi papá”, comentó uno de los jóvenes. Se trataba del hijo de Mario Cornejo Pineda, el vecino de 50 años de edad con el que la familia Pérez ha tenido casi 10 años de disputarse el territorio en donde habitan.
Tras el reclamo de Napoleón a los jóvenes, estos corrieron hacia su casa para interponer la queja a Cornejo Pineda. Sin esperar tanto, el hombre tomó un ladrillo y bajo las amenazas de lanzarlo hacia el vehículo de Napoleón este los intimidó: “¿Cuál es el miedo? Si no te vas de aquí, entonces te voy a mandar a matar a vos y a tu familia. Ya sabes quién soy yo”.
Estas amenazas a muerte eran constantes. A lo largo de los 10 años, Cornejo Pineda siempre hacía la advertencia de que un día moriría la familia Pérez a manos de él mismo.
“No voy a descansar hasta verte muerto, aquí te voy a enterrar”, decía el sujeto al mismo tiempo en que señalaba el terreno en disputa, pese a que Napoleón posee las debidas escrituras que lo acreditan como dueño del mismo.
El fin de la paciencia sostenida durante una década
La amenaza hecha con un ladrillo fue el punto que hizo que Napoleón decidiera interponer la denuncia en contra de su vecino ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que inició las investigaciones y determinó acusar a Cornejo Pineda del delito de amenazas.
Por ello, los representantes del ministerio público que conocieron el caso presentaron el requerimiento en contra del sujeto ante el Juzgado de Paz de Cuscatancingo.
Para continuar con el procedimiento judicial, el Tribunal 5° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública, en donde hubo un proceso de conciliación entre ambos vecinos, el afectado y amenazador.
Con ello, Cornejo Pineda deberá cumplir medidas dictadas en el juicio con un plazo de tres meses, por lo que este tiene hasta el 20 de noviembre de este año para concluirlas.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
