Judicial
DISPUTA: “¿Cuál es el miedo? Si no te vas de aquí, entonces te voy a mandar a matar a vos y a tu familia», la amenaza de un hombre a su vecino
El pasado 2 de abril de este 2018, la familia Pérez retornaba a su vivienda, situada en la colonia Santa Margarita, en el municipio de Cuscatancingo, en San Salvador, luego de realizar sus jornadas laborales.
A bordo de un vehículo se transportaba Napoleón y su esposa, Amanda de Pérez, quienes a eso de las 5:50 de la tarde pretendían llegar a relajarse a su casa de habitación, pero la idea les cambió cuando a lo lejos vieron a dos menores de edad –entre 13 y 14 años- que lanzaban basura en el terreno que les pertenece.
Napoleón, como era de esperarse, les reclamó y les solicitó que dejaran de lanzar los desperdicios en su lotificación. A cambio de ello lo que recibió fueron burlas.
“Este ‘maitro’ está loco y enfermo. Este terreno es de mi papá”, comentó uno de los jóvenes. Se trataba del hijo de Mario Cornejo Pineda, el vecino de 50 años de edad con el que la familia Pérez ha tenido casi 10 años de disputarse el territorio en donde habitan.
Tras el reclamo de Napoleón a los jóvenes, estos corrieron hacia su casa para interponer la queja a Cornejo Pineda. Sin esperar tanto, el hombre tomó un ladrillo y bajo las amenazas de lanzarlo hacia el vehículo de Napoleón este los intimidó: “¿Cuál es el miedo? Si no te vas de aquí, entonces te voy a mandar a matar a vos y a tu familia. Ya sabes quién soy yo”.
Estas amenazas a muerte eran constantes. A lo largo de los 10 años, Cornejo Pineda siempre hacía la advertencia de que un día moriría la familia Pérez a manos de él mismo.
“No voy a descansar hasta verte muerto, aquí te voy a enterrar”, decía el sujeto al mismo tiempo en que señalaba el terreno en disputa, pese a que Napoleón posee las debidas escrituras que lo acreditan como dueño del mismo.
El fin de la paciencia sostenida durante una década
La amenaza hecha con un ladrillo fue el punto que hizo que Napoleón decidiera interponer la denuncia en contra de su vecino ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que inició las investigaciones y determinó acusar a Cornejo Pineda del delito de amenazas.
Por ello, los representantes del ministerio público que conocieron el caso presentaron el requerimiento en contra del sujeto ante el Juzgado de Paz de Cuscatancingo.
Para continuar con el procedimiento judicial, el Tribunal 5° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública, en donde hubo un proceso de conciliación entre ambos vecinos, el afectado y amenazador.
Con ello, Cornejo Pineda deberá cumplir medidas dictadas en el juicio con un plazo de tres meses, por lo que este tiene hasta el 20 de noviembre de este año para concluirlas.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
