Judicial
Condenan a Vanda Pignato y otros exfuncionarios involucrados en el caso Saqueo Público
La exprimera dama en el gobierno del FMLN, Vanda Pignato, y otros exfuncionarios de la gestión del prófugo expresidente Mauricio Funes, fueron condenados este viernes, por el Tribunal Primero de Sentencia a penas de hasta 14 años por el desvío de $351 millones de las arcas del Estado a cuentas personales.
Pignato fue sentenciada a 3 años por simulación de delito, pena que será sustituida por 144 jornadas de trabajo. Sin embargo, fue absuelta por lavado de dinero, ya que según se resolvió, los fondos que recibió eran parte del dinero desviado por el principal implicado en el caso Saqueo Público, su ex esposo Mauricio Funes.
En cuanto a José Miguel Menéndez Avelar, alias, «Mecafé» purgará hasta 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero (8 años) y evasión de impuestos (6 años).
El juez mencionó que se logró establecer la participación de Mecafé como prestanombre de Funes, además de la entrega de una fuerte cantidad de dinero desde la presidencia en el período de 2009-2014.
Asimismo, habría ayudado al ocultamiento de incidentes dentro de la relación de confianza con Funes Cartagena. Miguel Menéndez recibió dinero de los gastos reservados de la presidencia a ritmo de $10,000 mensuales y siendo presidente «adhorem» del CIFCO, dada la confianza con el exmandatario salvadoreño, por lo que se configuró el delito de lavado de dinero.
Respecto al delito de defraudación al fisco, Menéndez no habría declarado al Ministerio de Hacienda más de $180,000. El juez indica que la Fiscalía logró probar la evasión de impuestos por parte de Mecafé y deberá pagar más de $183,000 en concepto de responsabilidad civil.
En el caso del expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, le decretaron 13 años de cárcel por los delitos de peculado (8 años) y lavado de dinero (5).
El juzgador explicó que el acusado era un funcionario público al quien se le puede atribuir el delito de peculado. El juez agregó que existe una conducta delictiva por parte del acusado en el ilícito de peculado en calidad de cómplice necesario.
Con respecto al lavado de dinero, la Fiscalía señaló que Rivera Castro recibía $5,000 mensuales provenientes de los fondos reservados de la presidencia, como pago por los servicios realizados en el Banco Hipotecario para beneficio de la red, por lo que se configura el referido delito, afirmó el juez.
Otros sentenciados son David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la presidencia, ha sido declarado culpable por lavado de dinero y pasará 8 años en la cárcel. Se comprobó que Rivas recibió 31 cheques y alcanzó un patrimonio de $225,000 de fondos ilícitos.
En tanto, el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, fue declarado culpable por lavado de dinero y condenado a 8 años de prisión.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
