Judicial
Condenan a dos agentes policiales por solicitar «mordidas» a automovilistas en La Libertad
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la División de Tránsito Terrestre del Puerto de La Libertad, fueron condenados por el Tribunal 2º de Sentencia de Santa Tecla, luego de que los encontraran culpables de solicitar dinero a conductores que se veían involucrados en percances viales.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, los dos agentes fueron identificados como Irma Lorena Cáceres Sermeño y Kevin Alexander Sánchez Nolasco, quienes fueron culpados por el de delito de cohecho propio.
Según la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), Cáceres Sermeño participó en dos hechos. Uno de ellos ocurrió el 5 de marzo de 2017, cuando la imputada solicitó dinero a una víctima a cambio de devolverle la placa del vehículo que le había decomisado.
En el segundo caso ocurrió el 18 de junio del mismo año, la agente le solicitó dinero a una segunda víctima a cambio de no remitirle el vehículo, luego de que tuviera un accidente de tránsito.
Por su parte, Sánchez Nolasco le pidió dinero a una víctima a cambio de devolverle sus documentos de tránsito, mismos que habían sido retenidos al afectado el 29 de agosto de 2017, luego de que protagonizara un percance vial.
En el caso de la agente, la FGR demostró que hubo comunicación entre la imputada y la afectada a través de la bitácora de llamadas de los teléfonos de ambas; mientras que en los hechos cometidos por Sánchez Nolasco, se estableció que en el teléfono del imputado había fotografías de los documentos de la víctima.
La condena impuesta
La jueza a cargo de la audiencia de vista pública encontró responsable penal y civilmente a los agentes de Tránsito Terrestre.
Cáceres fue condenada a la pena de seis años de prisión; y Sánchez Nolasco deberá de pagar una pena de tres años de cárcel. Asimismo, ambos serán inhabilitados del cargo que ostentaban en la corporación policial por el mismo período.
La pena de prisión fue cambiada por trabajos de utilidad pública, por lo que la ahora exagente Cáceres Sermeño deberá de realizar 288 jornadas de trabajo público; y Sánchez Nolasco, 144. Además, deberán pagar como responsabilidad civil de $100 cada uno.
Por: El Salvador Times.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
