Judicial
Condenan a dos agentes policiales por solicitar «mordidas» a automovilistas en La Libertad
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la División de Tránsito Terrestre del Puerto de La Libertad, fueron condenados por el Tribunal 2º de Sentencia de Santa Tecla, luego de que los encontraran culpables de solicitar dinero a conductores que se veían involucrados en percances viales.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, los dos agentes fueron identificados como Irma Lorena Cáceres Sermeño y Kevin Alexander Sánchez Nolasco, quienes fueron culpados por el de delito de cohecho propio.
Según la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), Cáceres Sermeño participó en dos hechos. Uno de ellos ocurrió el 5 de marzo de 2017, cuando la imputada solicitó dinero a una víctima a cambio de devolverle la placa del vehículo que le había decomisado.
En el segundo caso ocurrió el 18 de junio del mismo año, la agente le solicitó dinero a una segunda víctima a cambio de no remitirle el vehículo, luego de que tuviera un accidente de tránsito.
Por su parte, Sánchez Nolasco le pidió dinero a una víctima a cambio de devolverle sus documentos de tránsito, mismos que habían sido retenidos al afectado el 29 de agosto de 2017, luego de que protagonizara un percance vial.
En el caso de la agente, la FGR demostró que hubo comunicación entre la imputada y la afectada a través de la bitácora de llamadas de los teléfonos de ambas; mientras que en los hechos cometidos por Sánchez Nolasco, se estableció que en el teléfono del imputado había fotografías de los documentos de la víctima.
La condena impuesta
La jueza a cargo de la audiencia de vista pública encontró responsable penal y civilmente a los agentes de Tránsito Terrestre.
Cáceres fue condenada a la pena de seis años de prisión; y Sánchez Nolasco deberá de pagar una pena de tres años de cárcel. Asimismo, ambos serán inhabilitados del cargo que ostentaban en la corporación policial por el mismo período.
La pena de prisión fue cambiada por trabajos de utilidad pública, por lo que la ahora exagente Cáceres Sermeño deberá de realizar 288 jornadas de trabajo público; y Sánchez Nolasco, 144. Además, deberán pagar como responsabilidad civil de $100 cada uno.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
