Judicial
Condenan a dos agentes policiales por solicitar «mordidas» a automovilistas en La Libertad

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la División de Tránsito Terrestre del Puerto de La Libertad, fueron condenados por el Tribunal 2º de Sentencia de Santa Tecla, luego de que los encontraran culpables de solicitar dinero a conductores que se veían involucrados en percances viales.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, los dos agentes fueron identificados como Irma Lorena Cáceres Sermeño y Kevin Alexander Sánchez Nolasco, quienes fueron culpados por el de delito de cohecho propio.
Según la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), Cáceres Sermeño participó en dos hechos. Uno de ellos ocurrió el 5 de marzo de 2017, cuando la imputada solicitó dinero a una víctima a cambio de devolverle la placa del vehículo que le había decomisado.
En el segundo caso ocurrió el 18 de junio del mismo año, la agente le solicitó dinero a una segunda víctima a cambio de no remitirle el vehículo, luego de que tuviera un accidente de tránsito.
Por su parte, Sánchez Nolasco le pidió dinero a una víctima a cambio de devolverle sus documentos de tránsito, mismos que habían sido retenidos al afectado el 29 de agosto de 2017, luego de que protagonizara un percance vial.
En el caso de la agente, la FGR demostró que hubo comunicación entre la imputada y la afectada a través de la bitácora de llamadas de los teléfonos de ambas; mientras que en los hechos cometidos por Sánchez Nolasco, se estableció que en el teléfono del imputado había fotografías de los documentos de la víctima.
La condena impuesta
La jueza a cargo de la audiencia de vista pública encontró responsable penal y civilmente a los agentes de Tránsito Terrestre.
Cáceres fue condenada a la pena de seis años de prisión; y Sánchez Nolasco deberá de pagar una pena de tres años de cárcel. Asimismo, ambos serán inhabilitados del cargo que ostentaban en la corporación policial por el mismo período.
La pena de prisión fue cambiada por trabajos de utilidad pública, por lo que la ahora exagente Cáceres Sermeño deberá de realizar 288 jornadas de trabajo público; y Sánchez Nolasco, 144. Además, deberán pagar como responsabilidad civil de $100 cada uno.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.