Judicial
Condenan a 29 años de cárcel a un miembro de “Los Retirados” por el sangriento homicidio de un agricultor en Santa Ana
Enrique y Neón (nombres en clave) estaban trabajando la tierra en el cantón Los Apoyos de Santa Ana, como todos los días, sin saber que ese 5 de mayo de 2017 sería el último día de vida para uno de ellos.
Ambos laboraban bajo el sol con la intención de preparar la tierra para poder sembrar maíz y frijol, pero sus esperanzas fenecieron cuando se presentaron ante ellos “Los Retirados”.
La organización en cuestión la conformaban seis sujetos, quienes se presentaron diciendo que su objetivo era asesinar a Enrique, pero como Neón estaba junto a él también le iban a dar muerte para asegurarse de no dejar testigos.
Los criminales amarraron de las manos a Enrique y Neón y los hicieron caminar en silencio hasta la zona de una quebrada, donde los separaron.
Después de separarlos varios metros, a Neón le colocaron una pañoleta roja en la boca, impidiendo que emitiera una sola palabra mientras, a la distancia, otro de “Los Retirados” sacó un machete.
Los sujetos también amordazaron a Enrique y le dieron varios machetazos en el cuello y un golpe con un objeto contundente en la cabeza para terminar de matarlo.
Cuando Neón vio que acabaron con la vida de Enrique temió el mismo destino, pero uno de los criminales le dijo que no lo iban a matar, no sin antes advertirle que si contaba lo sucedido lo encontrarían y lo asesinarían.
Neón denunció el caso a la Policía y se convirtió en testigo criteriado para ayudar a la Fiscalía a procesar a los responsables.
Las investigaciones de las autoridades avanzaron, capturaron a los señalados y los presentaron ante las autoridades judiciales.
Después del desfile probatorio, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 25 años de cárcel a Francisco Ismael Zetino García ya que fue encontrado culpable de la muerte de Enrique Antonio Morales Contreras.
El Juez le añadió otros cuatro años a la sentencia por el delito de privación de libertar, en perjuicio de Neón, por lo que la pena de cárcel que deberá purgar se elevó a los 29 años.
Respecto a los otros cinco integrantes de “Los Retirados”, las autoridades no brindaron información.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
