Judicial
Condenan a 29 años de cárcel a un miembro de “Los Retirados” por el sangriento homicidio de un agricultor en Santa Ana
Enrique y Neón (nombres en clave) estaban trabajando la tierra en el cantón Los Apoyos de Santa Ana, como todos los días, sin saber que ese 5 de mayo de 2017 sería el último día de vida para uno de ellos.
Ambos laboraban bajo el sol con la intención de preparar la tierra para poder sembrar maíz y frijol, pero sus esperanzas fenecieron cuando se presentaron ante ellos “Los Retirados”.
La organización en cuestión la conformaban seis sujetos, quienes se presentaron diciendo que su objetivo era asesinar a Enrique, pero como Neón estaba junto a él también le iban a dar muerte para asegurarse de no dejar testigos.
Los criminales amarraron de las manos a Enrique y Neón y los hicieron caminar en silencio hasta la zona de una quebrada, donde los separaron.
Después de separarlos varios metros, a Neón le colocaron una pañoleta roja en la boca, impidiendo que emitiera una sola palabra mientras, a la distancia, otro de “Los Retirados” sacó un machete.
Los sujetos también amordazaron a Enrique y le dieron varios machetazos en el cuello y un golpe con un objeto contundente en la cabeza para terminar de matarlo.
Cuando Neón vio que acabaron con la vida de Enrique temió el mismo destino, pero uno de los criminales le dijo que no lo iban a matar, no sin antes advertirle que si contaba lo sucedido lo encontrarían y lo asesinarían.
Neón denunció el caso a la Policía y se convirtió en testigo criteriado para ayudar a la Fiscalía a procesar a los responsables.
Las investigaciones de las autoridades avanzaron, capturaron a los señalados y los presentaron ante las autoridades judiciales.
Después del desfile probatorio, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 25 años de cárcel a Francisco Ismael Zetino García ya que fue encontrado culpable de la muerte de Enrique Antonio Morales Contreras.
El Juez le añadió otros cuatro años a la sentencia por el delito de privación de libertar, en perjuicio de Neón, por lo que la pena de cárcel que deberá purgar se elevó a los 29 años.
Respecto a los otros cinco integrantes de “Los Retirados”, las autoridades no brindaron información.
Por: El Salvador Times.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
