Judicial
CASO KATHERINE CÁRCAMO: La única testigo seria su hija de siete años según FGR
La tarde de este jueves autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron el requerimiento en contra del supuesto feminicida Brayan Alexis Arévalo, acusado de asesinar a su esposa, Katherine Lisbeth Cárcamo, en el que la hija de esta será la principal testigo del caso por haber estado en la vivienda cuando ocurrieron los hechos.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, mismas que fueron plasmadas en el documento, el imputado habría ahogado a su esposa tras una acalorada discusión que ambos tuvieron en una de las habitaciones de la vivienda.
Esta información fue respaldada por la hija de la víctima, una niña de siete años de edad, quien será la principal testigo del caso que ha presentado la Fiscalía, debido a que estuvo en el interior de la casa cuando ocurrieron los hechos, en la residencial Sevilla 2, el complejo de viviendas de Ciudad Real, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
El Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la mujer murió a raíz de una asfixia por sofocación. Con este tipo de peritajes, la FGR considera que posee diversos elementos para culpar a Arévalo, quien fue detenido el pasado 30 de abril, cuando visitaba a su madre cerca de la frontera San Cristóbal, en el municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
La unidad fiscal del departamento situado en el occidente del país solicitó instrucción formal con detención provisional en contra del imputado como medida cautelas, según informaron. Además, pide la reserva parcial del caso.
El caso fue ventilado el pasado 24 de abril, luego de que personal de una empresa de vigilancia privada que se encarga de resguardar la colonia privada notificara a la Policía Nacional Civil (PNC) el suceso, pero la mujer tenía al menos 28 horas de fallecida.
Anteriormente, familiares y amigos ya se habían enterado de casos de violencia intrafamiliar ocurridos entre la pareja.
«Eran muy recurrentes estos hechos, tanto de violencia física, como violencia verbal y psicológica», indicó el jefe de la oficina fiscal santaneca, Max Muñoz. «No hemos establecido que Katherine haya acudido a algún tribunal a solicitar alguna medida de protección», agregó.
El feminicido agravado tiene una pena de 50 años de prisión, según informó fiscalía. El Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo instalará mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, la audiencia inicial contra Alexis.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
