Judicial
CASO KATHERINE CÁRCAMO: La única testigo seria su hija de siete años según FGR
La tarde de este jueves autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron el requerimiento en contra del supuesto feminicida Brayan Alexis Arévalo, acusado de asesinar a su esposa, Katherine Lisbeth Cárcamo, en el que la hija de esta será la principal testigo del caso por haber estado en la vivienda cuando ocurrieron los hechos.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, mismas que fueron plasmadas en el documento, el imputado habría ahogado a su esposa tras una acalorada discusión que ambos tuvieron en una de las habitaciones de la vivienda.
Esta información fue respaldada por la hija de la víctima, una niña de siete años de edad, quien será la principal testigo del caso que ha presentado la Fiscalía, debido a que estuvo en el interior de la casa cuando ocurrieron los hechos, en la residencial Sevilla 2, el complejo de viviendas de Ciudad Real, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
El Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la mujer murió a raíz de una asfixia por sofocación. Con este tipo de peritajes, la FGR considera que posee diversos elementos para culpar a Arévalo, quien fue detenido el pasado 30 de abril, cuando visitaba a su madre cerca de la frontera San Cristóbal, en el municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
La unidad fiscal del departamento situado en el occidente del país solicitó instrucción formal con detención provisional en contra del imputado como medida cautelas, según informaron. Además, pide la reserva parcial del caso.
El caso fue ventilado el pasado 24 de abril, luego de que personal de una empresa de vigilancia privada que se encarga de resguardar la colonia privada notificara a la Policía Nacional Civil (PNC) el suceso, pero la mujer tenía al menos 28 horas de fallecida.
Anteriormente, familiares y amigos ya se habían enterado de casos de violencia intrafamiliar ocurridos entre la pareja.
«Eran muy recurrentes estos hechos, tanto de violencia física, como violencia verbal y psicológica», indicó el jefe de la oficina fiscal santaneca, Max Muñoz. «No hemos establecido que Katherine haya acudido a algún tribunal a solicitar alguna medida de protección», agregó.
El feminicido agravado tiene una pena de 50 años de prisión, según informó fiscalía. El Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo instalará mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, la audiencia inicial contra Alexis.
Por: El Salvador Times
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
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«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
