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CASO KATHERINE CÁRCAMO: La única testigo seria su hija de siete años según FGR

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La tarde de este jueves autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron el requerimiento en contra del supuesto feminicida Brayan Alexis Arévalo, acusado de asesinar a su esposa, Katherine Lisbeth Cárcamo, en el que la hija de esta será la principal testigo del caso por haber estado en la vivienda cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, mismas que fueron plasmadas en el documento, el imputado habría ahogado a su esposa tras una acalorada discusión que ambos tuvieron en una de las habitaciones de la vivienda.

Esta información fue respaldada por la hija de la víctima, una niña de siete años de edad, quien será la principal testigo del caso que ha presentado la Fiscalía, debido a que estuvo en el interior de la casa cuando ocurrieron los hechos, en la residencial Sevilla 2, el complejo de viviendas de Ciudad Real, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.

El Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la mujer murió a raíz de una asfixia por sofocación. Con este tipo de peritajes, la FGR considera que posee diversos elementos para culpar a Arévalo, quien fue detenido el pasado 30 de abril, cuando visitaba a su madre cerca de la frontera San Cristóbal, en el municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.

La unidad fiscal del departamento situado en el occidente del país solicitó instrucción formal con detención provisional en contra del imputado como medida cautelas, según informaron. Además, pide la reserva parcial del caso.

El caso fue ventilado el pasado 24 de abril, luego de que personal de una empresa de vigilancia privada que se encarga de resguardar la colonia privada notificara a la Policía Nacional Civil (PNC) el suceso, pero la mujer tenía al menos 28 horas de fallecida.

Anteriormente, familiares y amigos ya se habían enterado de casos de violencia intrafamiliar ocurridos entre la pareja.

«Eran muy recurrentes estos hechos, tanto de violencia física, como violencia verbal y psicológica», indicó el jefe de la oficina fiscal santaneca, Max Muñoz. «No hemos establecido que Katherine haya acudido a algún tribunal a solicitar alguna medida de protección», agregó.

El feminicido agravado tiene una pena de 50 años de prisión, según informó fiscalía. El Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo instalará mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, la audiencia inicial contra Alexis.

Por: El Salvador Times

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Condenan a 10 mareros por atacar a dos hombres por su corte de cabello

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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.

Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.

Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.

De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.

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Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres

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Foto: Cortesía

Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.

Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.

Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.

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Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango

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Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.

Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.

La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.

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