Judicial
Cámara modificó condena y esta pasó de 12 a 4 años en un caso de tráfico ilegal de personas
La Cámara Tercera de lo Penal modificó la condena emitida por el Tribunal 3° de Sentencia en contra de los acusados a quienes se les procesó por el ilícito penal de tráfico ilegal de personas en cinco víctimas.
Los detenidos son identificados como Juan Ovidio Cerón Moreno y José Oswaldo Benítez Chiquillo, de 53 y 34 años.
Las magistradas de esa instancia encontraron un error en tanto que el uno de los jueces condenó a los justiciables por tres de los seis casos de tráfico ilegal de personas, a la pena de 12 años de cárcel.
Sin embargo se trataba de un mismo hecho y por ese motivo la defensa presentó recurso de apelación. A manera de enmendar la equivocación, al referida instancia, basada en la Ley, resolvió pasar de 12 a cuatro años de cárcel para los dos procesados.
Según datos, las víctimas pretendían viajar de forma ilegal hacia Los Estados Unidos, para ello contactaban a los dos condenados y estos les pedían $6 mil por cada persona. Las víctimas en total eran cinco, pero a medida el viaje transcurría, así eran las exigencias que los sentenciados le hacían a los familiares, tanto en El Salvador, como en USA, aumentaban.
Les amenazaban con dejarlos encerrados en bodegas o a su suerte, es decir, abandonados en Monterrey, Nuevo León, México, para evitar eso los familiares de los viajeros accedían y, por medio de bancos, enviaban cantidades de dinero. Algunos eran deportados, mientras que otros lograron llegar hasta su destino.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) les capturaron en octubre de 2015 y condenados el 25 de septiembre de 2018. Actualmente Cerón Moreno tiene un proceo pendiente en el Juzgado de 1ª. instancia de Tejutla, Chalatenango.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
