Judicial
Cámara modificó condena y esta pasó de 12 a 4 años en un caso de tráfico ilegal de personas
La Cámara Tercera de lo Penal modificó la condena emitida por el Tribunal 3° de Sentencia en contra de los acusados a quienes se les procesó por el ilícito penal de tráfico ilegal de personas en cinco víctimas.
Los detenidos son identificados como Juan Ovidio Cerón Moreno y José Oswaldo Benítez Chiquillo, de 53 y 34 años.
Las magistradas de esa instancia encontraron un error en tanto que el uno de los jueces condenó a los justiciables por tres de los seis casos de tráfico ilegal de personas, a la pena de 12 años de cárcel.
Sin embargo se trataba de un mismo hecho y por ese motivo la defensa presentó recurso de apelación. A manera de enmendar la equivocación, al referida instancia, basada en la Ley, resolvió pasar de 12 a cuatro años de cárcel para los dos procesados.
Según datos, las víctimas pretendían viajar de forma ilegal hacia Los Estados Unidos, para ello contactaban a los dos condenados y estos les pedían $6 mil por cada persona. Las víctimas en total eran cinco, pero a medida el viaje transcurría, así eran las exigencias que los sentenciados le hacían a los familiares, tanto en El Salvador, como en USA, aumentaban.
Les amenazaban con dejarlos encerrados en bodegas o a su suerte, es decir, abandonados en Monterrey, Nuevo León, México, para evitar eso los familiares de los viajeros accedían y, por medio de bancos, enviaban cantidades de dinero. Algunos eran deportados, mientras que otros lograron llegar hasta su destino.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) les capturaron en octubre de 2015 y condenados el 25 de septiembre de 2018. Actualmente Cerón Moreno tiene un proceo pendiente en el Juzgado de 1ª. instancia de Tejutla, Chalatenango.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
