Judicial
Antonio Saca y demás condenados en caso «Destape a la Corrupción», ingresarían al programa «Yo Cambios» para reducción de pena
El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, confirmó que el expresidente Elías Antonio Saca y sus colaboradores condenados por actos de corrupción, permanecerán en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, e ingresarán al programa «Yo Cambio».
Lima confirmó que el exmandatario junto a los otros imputados, han estado guardando prisión en el sector nueve de esa penitenciaría y sostuvo que será ese mismo lugar donde continuarán cumpliendo las penas impuestas.
En ese contexto explicó que ese sector reúne las condiciones de seguridad y salubridad para que ellos puedan permanecer en ese centro penal.
«Del Sistema Penitenciario quizás dentro de las instalaciones es el más idóneo para garantizar la seguridad e integridad física y para no tener algún percance en el que puedan ser agredidos al juntarlos con la demás población reclusa», sostuvo.
Agregó también que es un sector que tiene todas las condiciones como las tienen los otros pabellones. «La misma cama que está en otros pabellones está en el sector nueve, el mismo régimen que está en este está en los demás».
Por otro lado, Lima explicó que como reos ordinarios también serán incoporados formalmente al programa «Yo Cambio», uno de los programas insigne del Ejecutivo.
«Muchos y todos los que ingresan, ahora que tienen una condena, están integrados en el programa «Yo cambio» en el que se ofrecen un mundo de oportunidades desde programas deportivos como fútbol, básquetbol, ajedrés y tenis de mesa, Así como también programas de salud mental desde la atención para alcohólicos», detalló.
Sin embargo, ese mismo programa, incluso podría valerle a los imputados que sea considerados para una reducción de pena o una libertad condicional al cumplir la media pena, en el caso de Saca podrían ser cinco años. No obstante, en cuanto a esto no se pronunció el funcionario.
Por su parte, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró esta mañana en el programa Diálogo con Ernesto López, que espera que por la gravedad de los delitos que ha cometido Saca y sus exfuncionarios estos no puedan gozar de esos beneficios.
Asimismo, sostuvo que aunque Saca algún día recupere su libertad, este queda impedido para adquirir bienes al igual que su familia, hasta que termine de pagar la responsabilidad civil que ha sido obligado a pagar, que en su caso son $260 millones. En este sentido, expuso si adquiere algún bien este será incautado de inmediato.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
