Judicial
Antonio Saca y demás condenados en caso «Destape a la Corrupción», ingresarían al programa «Yo Cambios» para reducción de pena
El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, confirmó que el expresidente Elías Antonio Saca y sus colaboradores condenados por actos de corrupción, permanecerán en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, e ingresarán al programa «Yo Cambio».
Lima confirmó que el exmandatario junto a los otros imputados, han estado guardando prisión en el sector nueve de esa penitenciaría y sostuvo que será ese mismo lugar donde continuarán cumpliendo las penas impuestas.
En ese contexto explicó que ese sector reúne las condiciones de seguridad y salubridad para que ellos puedan permanecer en ese centro penal.
«Del Sistema Penitenciario quizás dentro de las instalaciones es el más idóneo para garantizar la seguridad e integridad física y para no tener algún percance en el que puedan ser agredidos al juntarlos con la demás población reclusa», sostuvo.
Agregó también que es un sector que tiene todas las condiciones como las tienen los otros pabellones. «La misma cama que está en otros pabellones está en el sector nueve, el mismo régimen que está en este está en los demás».
Por otro lado, Lima explicó que como reos ordinarios también serán incoporados formalmente al programa «Yo Cambio», uno de los programas insigne del Ejecutivo.
«Muchos y todos los que ingresan, ahora que tienen una condena, están integrados en el programa «Yo cambio» en el que se ofrecen un mundo de oportunidades desde programas deportivos como fútbol, básquetbol, ajedrés y tenis de mesa, Así como también programas de salud mental desde la atención para alcohólicos», detalló.
Sin embargo, ese mismo programa, incluso podría valerle a los imputados que sea considerados para una reducción de pena o una libertad condicional al cumplir la media pena, en el caso de Saca podrían ser cinco años. No obstante, en cuanto a esto no se pronunció el funcionario.
Por su parte, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró esta mañana en el programa Diálogo con Ernesto López, que espera que por la gravedad de los delitos que ha cometido Saca y sus exfuncionarios estos no puedan gozar de esos beneficios.
Asimismo, sostuvo que aunque Saca algún día recupere su libertad, este queda impedido para adquirir bienes al igual que su familia, hasta que termine de pagar la responsabilidad civil que ha sido obligado a pagar, que en su caso son $260 millones. En este sentido, expuso si adquiere algún bien este será incautado de inmediato.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
