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Judicial

Algunos de los imputados que irán a juicio asesinaron a un ordenanza de la PNC y a colaboradores de pandillas contrarias

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El Juzgado Especializado de Instrucción “A” envió a juicio a 111 imputados de 122 presentes, uno fallecido en un penal por causas naturales, acusados por organizaciones terroristas, homicidios agravados, feminicidios, extorsión, financiación por actos de terrorismo y 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, entre otros.

La jueza interina resolvió enviar a juicio, en un juzgado especializado de sentencia, basada en los audios, escuchas telefónicas y testigos criteriados. El caso pasará al conocimiento de una vista pública en la siguiente etapa del proceso penal. Además, hubo 11 procesados sobreseídos provisional como definitivamente; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó su derecho del efecto suspensivo, lo que significa que presentará apelación dentro de cinco días hábiles y será la Cámara Especializada la que resuelva por eso.

Dentro de las investigaciones existen tres casos de homicidio agravado. Uno de ellos fue en José Rafael Rodríguez Guzmán, de 45 años, a quien mataron por ser miembro de la pandilla contraria. Este hecho ocurrió el 7 de abril de 2015 en la colonia Harrison en San Jacinto. Asimismo, parte de los facinerosos mataron a un hombre no identificado, conocido por “El Hermano del 18”, en el interior de una casa destroyer, ubicada en la zona de la estructura.

Mientras tanto, 7 de octubre de 2016, en el interior del pasaje Subay, en San Jacinto, mataron a Walter Alexander Villeda Martínez, quien laboraba como ordenanza de la Policía Nacional Civil (PNC). Por último, parte de los 123 imputados, mató a Bryan Abraham Menjívar, el 10 de mayo de 2017. A él le dispararon porque se dedicaba a la venta de drogas en la zona limítrofe entre la colonia Santa Marta y Harrison, también pertenecía a una estructura contraria.

A parte de esos hechos hay tres casos de feminicidio agravado. Uno de ellos fue en Heidi Yesenia Flores Benítez, a finales de febrero de 2017 en la zona de la colonia Santa Marta. El móvil del crimen se dio porque, según los imputados, la víctima se quedaba con el dinero de la renta. Además, tenía relaciones con varios miembros de la estructura, sin embargo, antes había sido compañera de vida de Gabriel Alexis Osorio Umanzor, apodado como “El Ángel”, quien falleció antes que la PNC capturara a los pandilleros. A la víctima la dejaron un basurero, ubicado sobre calle a Huizúcar; días más tarde solo se encontraron osamentas y mediante estudios se determinó que se trataba de ella.

Asimismo, los facinerosos le dispararon a Josseline Guadalupe Morales Sánchez, el 25 de junio de 2017, en el redondel Poma en Antiguo Cuscatlán. El móvil fue idéntico al caso anterior y también querían dejar el cadáver de la ofendida en el mismo basurero, pero, debido a que la PNC montó un dispositivo en la zona, puesto que mediante llamadas telefónicas se supo del hecho, la bajaron del vehículo y luego le dispararon. Previo a eso la violaron sexualmente.

Por último, los acusados la atentaron contra la vida de Ana Cecilia Muñoz de Márquez. A ella la mató la estructura que opera en la comunidad 22 de Abril. A través de una coordinación entre la “clica” de Harrison y la ya mencionada la mataron. El móvil se desconoce. Según la FGR, estos casos son feminicidios agravados puesto que se establecen los presupuestos de la Ley para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer tales como el menosprecio hacia el ente femenino, además, que consideraron que no son útiles las jóvenes para sus objetivos; también que las motivaciones son repetitivas y que los actores de los crímenes son más de dos.

Por otro lado, en lo que respecta a los 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, la Fiscalía manifestó que los objetivos eran matar a motoristas y cobradores de la ruta 45-AB, la cual hace su recorrido entre Apopa y Metrocentro. En la parada de conocida como “Centro Cultural” los acusados le dispararían a sus víctimas porque, según ellos, pertenecen a la pandilla contraria. Entre otros, casos., planeaban matar a una trabajadora del sexo, sobre la calle Gabriela Mistral, ya que supuestamente vendía drogas y era competencia para los imputados. De igual forma, se disponían a dispararle a un vigilante de un centro nocturno, ubicado sobre el boulevard de Los Héroes. Aparentemente se habían aliado con la estructura de la mencionada calle.

Agentes de la PNC les capturaron a los imputados en un operativo en la colonia Harrison en agosto de 2017.

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Judicial

Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión

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Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.

Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.

Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.

Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.

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Judicial

14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS

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Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.

Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.

Este hecho dejó a varias personas lesionadas.

Todos son procesados por los siguientes delitos:

Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones

La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.

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Judicial

12 años de prisión para sujeto que violó a una mujer en un motel de Guazapa

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.

Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.

Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.

En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.

Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.

Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.

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