Judicial
Algunos de los imputados que irán a juicio asesinaron a un ordenanza de la PNC y a colaboradores de pandillas contrarias
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” envió a juicio a 111 imputados de 122 presentes, uno fallecido en un penal por causas naturales, acusados por organizaciones terroristas, homicidios agravados, feminicidios, extorsión, financiación por actos de terrorismo y 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, entre otros.
La jueza interina resolvió enviar a juicio, en un juzgado especializado de sentencia, basada en los audios, escuchas telefónicas y testigos criteriados. El caso pasará al conocimiento de una vista pública en la siguiente etapa del proceso penal. Además, hubo 11 procesados sobreseídos provisional como definitivamente; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó su derecho del efecto suspensivo, lo que significa que presentará apelación dentro de cinco días hábiles y será la Cámara Especializada la que resuelva por eso.
Dentro de las investigaciones existen tres casos de homicidio agravado. Uno de ellos fue en José Rafael Rodríguez Guzmán, de 45 años, a quien mataron por ser miembro de la pandilla contraria. Este hecho ocurrió el 7 de abril de 2015 en la colonia Harrison en San Jacinto. Asimismo, parte de los facinerosos mataron a un hombre no identificado, conocido por “El Hermano del 18”, en el interior de una casa destroyer, ubicada en la zona de la estructura.
Mientras tanto, 7 de octubre de 2016, en el interior del pasaje Subay, en San Jacinto, mataron a Walter Alexander Villeda Martínez, quien laboraba como ordenanza de la Policía Nacional Civil (PNC). Por último, parte de los 123 imputados, mató a Bryan Abraham Menjívar, el 10 de mayo de 2017. A él le dispararon porque se dedicaba a la venta de drogas en la zona limítrofe entre la colonia Santa Marta y Harrison, también pertenecía a una estructura contraria.
A parte de esos hechos hay tres casos de feminicidio agravado. Uno de ellos fue en Heidi Yesenia Flores Benítez, a finales de febrero de 2017 en la zona de la colonia Santa Marta. El móvil del crimen se dio porque, según los imputados, la víctima se quedaba con el dinero de la renta. Además, tenía relaciones con varios miembros de la estructura, sin embargo, antes había sido compañera de vida de Gabriel Alexis Osorio Umanzor, apodado como “El Ángel”, quien falleció antes que la PNC capturara a los pandilleros. A la víctima la dejaron un basurero, ubicado sobre calle a Huizúcar; días más tarde solo se encontraron osamentas y mediante estudios se determinó que se trataba de ella.
Asimismo, los facinerosos le dispararon a Josseline Guadalupe Morales Sánchez, el 25 de junio de 2017, en el redondel Poma en Antiguo Cuscatlán. El móvil fue idéntico al caso anterior y también querían dejar el cadáver de la ofendida en el mismo basurero, pero, debido a que la PNC montó un dispositivo en la zona, puesto que mediante llamadas telefónicas se supo del hecho, la bajaron del vehículo y luego le dispararon. Previo a eso la violaron sexualmente.
Por último, los acusados la atentaron contra la vida de Ana Cecilia Muñoz de Márquez. A ella la mató la estructura que opera en la comunidad 22 de Abril. A través de una coordinación entre la “clica” de Harrison y la ya mencionada la mataron. El móvil se desconoce. Según la FGR, estos casos son feminicidios agravados puesto que se establecen los presupuestos de la Ley para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer tales como el menosprecio hacia el ente femenino, además, que consideraron que no son útiles las jóvenes para sus objetivos; también que las motivaciones son repetitivas y que los actores de los crímenes son más de dos.
Por otro lado, en lo que respecta a los 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, la Fiscalía manifestó que los objetivos eran matar a motoristas y cobradores de la ruta 45-AB, la cual hace su recorrido entre Apopa y Metrocentro. En la parada de conocida como “Centro Cultural” los acusados le dispararían a sus víctimas porque, según ellos, pertenecen a la pandilla contraria. Entre otros, casos., planeaban matar a una trabajadora del sexo, sobre la calle Gabriela Mistral, ya que supuestamente vendía drogas y era competencia para los imputados. De igual forma, se disponían a dispararle a un vigilante de un centro nocturno, ubicado sobre el boulevard de Los Héroes. Aparentemente se habían aliado con la estructura de la mencionada calle.
Agentes de la PNC les capturaron a los imputados en un operativo en la colonia Harrison en agosto de 2017.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
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Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
