Judicial
Algunos de los imputados que irán a juicio asesinaron a un ordenanza de la PNC y a colaboradores de pandillas contrarias
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” envió a juicio a 111 imputados de 122 presentes, uno fallecido en un penal por causas naturales, acusados por organizaciones terroristas, homicidios agravados, feminicidios, extorsión, financiación por actos de terrorismo y 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, entre otros.
La jueza interina resolvió enviar a juicio, en un juzgado especializado de sentencia, basada en los audios, escuchas telefónicas y testigos criteriados. El caso pasará al conocimiento de una vista pública en la siguiente etapa del proceso penal. Además, hubo 11 procesados sobreseídos provisional como definitivamente; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó su derecho del efecto suspensivo, lo que significa que presentará apelación dentro de cinco días hábiles y será la Cámara Especializada la que resuelva por eso.
Dentro de las investigaciones existen tres casos de homicidio agravado. Uno de ellos fue en José Rafael Rodríguez Guzmán, de 45 años, a quien mataron por ser miembro de la pandilla contraria. Este hecho ocurrió el 7 de abril de 2015 en la colonia Harrison en San Jacinto. Asimismo, parte de los facinerosos mataron a un hombre no identificado, conocido por “El Hermano del 18”, en el interior de una casa destroyer, ubicada en la zona de la estructura.
Mientras tanto, 7 de octubre de 2016, en el interior del pasaje Subay, en San Jacinto, mataron a Walter Alexander Villeda Martínez, quien laboraba como ordenanza de la Policía Nacional Civil (PNC). Por último, parte de los 123 imputados, mató a Bryan Abraham Menjívar, el 10 de mayo de 2017. A él le dispararon porque se dedicaba a la venta de drogas en la zona limítrofe entre la colonia Santa Marta y Harrison, también pertenecía a una estructura contraria.
A parte de esos hechos hay tres casos de feminicidio agravado. Uno de ellos fue en Heidi Yesenia Flores Benítez, a finales de febrero de 2017 en la zona de la colonia Santa Marta. El móvil del crimen se dio porque, según los imputados, la víctima se quedaba con el dinero de la renta. Además, tenía relaciones con varios miembros de la estructura, sin embargo, antes había sido compañera de vida de Gabriel Alexis Osorio Umanzor, apodado como “El Ángel”, quien falleció antes que la PNC capturara a los pandilleros. A la víctima la dejaron un basurero, ubicado sobre calle a Huizúcar; días más tarde solo se encontraron osamentas y mediante estudios se determinó que se trataba de ella.
Asimismo, los facinerosos le dispararon a Josseline Guadalupe Morales Sánchez, el 25 de junio de 2017, en el redondel Poma en Antiguo Cuscatlán. El móvil fue idéntico al caso anterior y también querían dejar el cadáver de la ofendida en el mismo basurero, pero, debido a que la PNC montó un dispositivo en la zona, puesto que mediante llamadas telefónicas se supo del hecho, la bajaron del vehículo y luego le dispararon. Previo a eso la violaron sexualmente.
Por último, los acusados la atentaron contra la vida de Ana Cecilia Muñoz de Márquez. A ella la mató la estructura que opera en la comunidad 22 de Abril. A través de una coordinación entre la “clica” de Harrison y la ya mencionada la mataron. El móvil se desconoce. Según la FGR, estos casos son feminicidios agravados puesto que se establecen los presupuestos de la Ley para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer tales como el menosprecio hacia el ente femenino, además, que consideraron que no son útiles las jóvenes para sus objetivos; también que las motivaciones son repetitivas y que los actores de los crímenes son más de dos.
Por otro lado, en lo que respecta a los 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, la Fiscalía manifestó que los objetivos eran matar a motoristas y cobradores de la ruta 45-AB, la cual hace su recorrido entre Apopa y Metrocentro. En la parada de conocida como “Centro Cultural” los acusados le dispararían a sus víctimas porque, según ellos, pertenecen a la pandilla contraria. Entre otros, casos., planeaban matar a una trabajadora del sexo, sobre la calle Gabriela Mistral, ya que supuestamente vendía drogas y era competencia para los imputados. De igual forma, se disponían a dispararle a un vigilante de un centro nocturno, ubicado sobre el boulevard de Los Héroes. Aparentemente se habían aliado con la estructura de la mencionada calle.
Agentes de la PNC les capturaron a los imputados en un operativo en la colonia Harrison en agosto de 2017.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
