Judicial
Abogado Ulises del Dios Guzmán se desliga de haber cometido falta al revelar nombre de testigo criteriado en caso «Saqueo Público»
Luego de que el abogado Ulises del Dios Guzmán revelará la identidad del testigo criteriado que tiene la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso «Saqueo público», el Fiscal General de la República, Raúl Melara, asegura que el abogado habría incurrido en una falta grave al haber revelado el nombre.
En dicho caso se espera acusar a 31 personas ligadas, donde figura la exprimera dama, Vanda Pignato; el expresidente del CIFCO, Miguel «Mecafé» Menéndez y el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, entre otros.
Para el fiscal «lo que hizo el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ulises del Dios Guzmán, al mencionar un nombre de testigo, es antiético, prohibido e ilegal».
En ese sentido manifestó, que «una persona que se jacta de conocer las leyes y que incluso quiso ser fiscal general, deberá atenerse a las sanciones legales en que pudo incurrir», detalló el funcionario.
«Ellos (los defensores) han tratado de desmeritar el nombre de una persona y pone en riesgo la vida del testigo criteriado, por lo cual debe atenerse a las sanciones que esto conlleva», indicó Raúl Melara.
En audiencia especial de declaración anticipada del testigo criteriado, (Jorge Hernández), el abogado Ulices del Dios Guzmán, el 6 de diciembre, manifestó que declararía un reconocido expresentador de televisión.
Como periódico Digital Cronio, buscamos la opinión del abogado Ulises del Dios Guzmán, y al ser cuestionado si habría caído en una falta por revelar la identidad del testigo criteriado, Guzmán explico que no, ya que el Juez Séptimo de Instrucción lo dio a conocer con nombre y apellido, y que no aparece con régimen de protección.
Asimismo el abogado explicó: «No presentaron toda la documentación, eso, lo que indica, es que había una gran confusión sobre la calidad de ese testigo, tanto así que hubo una serie de interposición de recursos impugnando la calidad del testigo, es una situación que no está resuelta del todo»
Por lo tanto, Guzmán dijo no entender de qué falta habla el fiscal Melara, «porque incluso los mismos agentes fiscales dentro de la audiencia señalaron que ese criterio de oportunidad se lo habían conseguido en otro proceso».
El abogado dijo también, que no le mandará ningún mensaje al fiscal, solo aclara su posición.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
