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IRRUMPIERON EN APARTAMENTO – El horror que vivió una mujer colombiana que se negó a pagar una cuenta de un bar a un piloto y su madre en la Colonia Escalón
Una mujer de origen colombiano fue brutalmente golpeada, hasta con mata de cactus, por unos vecinos a los que se negó a pagar su cuenta en un restaurante de la colonia Escalón en San Salvador. Sus victimarios también la amenazaron a muerte si los denunciaba.
Camila (nombre modificado por seguridad) es una colombiana de cabello rubio, piel blanca, que a sus 55 años de edad disfrutaba salir de fiesta con sus amistades, entre las cuales se encontraba un supuesto piloto de aviación de nombre Gabriel P., de 35 años, y Sabrina A, de 56, quien es la madre del hombre.
Madre e hijo también eran vecinos de piso de la colombiana, quien reside en un apartamento de lujo de la colonia Escalón en San Salvador.
La amistad de la familia con la extranjera llegó hasta el 28 de abril de 2018, cuando el reloj marcaba las 9:30 de la noche, los hasta ese entonces amigos se reunieron para iniciar una fiesta improvisada que en el apartamento de la víctima.
Media hora después, Sabrina instó a su hijo para que tomara el carro y la llevara a ella junto con Camilia a un restaurante de la zona donde consumieron comida, cervezas y tragos hasta la 12:30 de la media noche.
Lo que en un momento fue diversión y risas se terminó convirtiendo en un ambiente hostil, ya que los familiares alcoholizados exigían a Camila que siguiera pagando las copas, cosa a la que se negó rotundamente.
Los insultos frente al resto de clientes llevaron a Camila a tomar un taxi para irse a su lugar de residencia, al que llegó sin problemas; estando en el lugar decidió acostarse para tratar de superar el mal rato vivido.
El ataque
En medio de la oscuridad, la sudamericana escuchó un violento estruendo como si alguien, con patadas, derrumbara la puerta. Ella se asustó, pero por alguna razón espero en su casa inmovilizada.
Posteriormente, se escucharon unos pasos que se acercaron hasta su cuarto, era Sabrina y Gabriel quienes sin mediar palabras la sacaron de la cama jalada de los brazos.
Camila comenzó a pedir ayuda mientras era arrastrada por todo el pasillo, sus atacantes la llevaron afuera del apartamento donde la levantaron para estrellarle la maceta de repleta de cactus, cuyas espinas se le clavaron en la piel.
Fueron alrededor de 4 a 5 metros donde fue sometida sin poderse defender de sus dos agresores que inconformes con lo hecho la llevaron hasta el portón de la residencial, donde estaba un vigilante que al ver el escándalo llamó a la Policía.
Los gritos desesperados interrumpieron el sueño del resto de sus vecinos que se despertaron para curiosear sobre el ataque, el cual fue detenido por el esposo de Sabrina que creyó que iban a matar a su amiga.
Luego de que todos se tranquilizaron, agentes policiales verificaron que Camila presentaba varias lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo, por lo que le aconsejaron que debía de poner la denuncia.
En ese momento, Camila se negó a seguir los consejos de los agentes, porque dentro del incidente su agresora la amenazó con matarla si llegaba a interponer una denuncia en su contra.
El esposo de la victimaria se comprometió a hacerse cargo de los gastos de la mujer en su recuperación y así evitó que, en ese momento, se detuviera a su compañera de vida y a su hijo.
Sin embargo, al llegar al hospital el supuesto responsable argumentó que no tenía dinero para saldar la cuenta, algo que provocó que Camila pagara con todo los exámenes que corroboraron que las lesiones no eran graves.
Al ver la forma en la que respondió el hombre, los policías no dejaron de aconsejarle a Camila que interpusiera la denuncia hasta que lograron convencerla. Ahora, madre e hijo están procesados por los delitos de lesiones graves, amenazas y allanamiento de morada.
El caso se encuentra en el Juzgado Sexto de Instrucción donde el juzgador estudiará las pruebas para decidir si este proceso entrara a la etapa de sentencia donde se les podría interponer una pena civil y penal.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
