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IRRUMPIERON EN APARTAMENTO – El horror que vivió una mujer colombiana que se negó a pagar una cuenta de un bar a un piloto y su madre en la Colonia Escalón
Una mujer de origen colombiano fue brutalmente golpeada, hasta con mata de cactus, por unos vecinos a los que se negó a pagar su cuenta en un restaurante de la colonia Escalón en San Salvador. Sus victimarios también la amenazaron a muerte si los denunciaba.
Camila (nombre modificado por seguridad) es una colombiana de cabello rubio, piel blanca, que a sus 55 años de edad disfrutaba salir de fiesta con sus amistades, entre las cuales se encontraba un supuesto piloto de aviación de nombre Gabriel P., de 35 años, y Sabrina A, de 56, quien es la madre del hombre.
Madre e hijo también eran vecinos de piso de la colombiana, quien reside en un apartamento de lujo de la colonia Escalón en San Salvador.
La amistad de la familia con la extranjera llegó hasta el 28 de abril de 2018, cuando el reloj marcaba las 9:30 de la noche, los hasta ese entonces amigos se reunieron para iniciar una fiesta improvisada que en el apartamento de la víctima.
Media hora después, Sabrina instó a su hijo para que tomara el carro y la llevara a ella junto con Camilia a un restaurante de la zona donde consumieron comida, cervezas y tragos hasta la 12:30 de la media noche.
Lo que en un momento fue diversión y risas se terminó convirtiendo en un ambiente hostil, ya que los familiares alcoholizados exigían a Camila que siguiera pagando las copas, cosa a la que se negó rotundamente.
Los insultos frente al resto de clientes llevaron a Camila a tomar un taxi para irse a su lugar de residencia, al que llegó sin problemas; estando en el lugar decidió acostarse para tratar de superar el mal rato vivido.
El ataque
En medio de la oscuridad, la sudamericana escuchó un violento estruendo como si alguien, con patadas, derrumbara la puerta. Ella se asustó, pero por alguna razón espero en su casa inmovilizada.
Posteriormente, se escucharon unos pasos que se acercaron hasta su cuarto, era Sabrina y Gabriel quienes sin mediar palabras la sacaron de la cama jalada de los brazos.
Camila comenzó a pedir ayuda mientras era arrastrada por todo el pasillo, sus atacantes la llevaron afuera del apartamento donde la levantaron para estrellarle la maceta de repleta de cactus, cuyas espinas se le clavaron en la piel.
Fueron alrededor de 4 a 5 metros donde fue sometida sin poderse defender de sus dos agresores que inconformes con lo hecho la llevaron hasta el portón de la residencial, donde estaba un vigilante que al ver el escándalo llamó a la Policía.
Los gritos desesperados interrumpieron el sueño del resto de sus vecinos que se despertaron para curiosear sobre el ataque, el cual fue detenido por el esposo de Sabrina que creyó que iban a matar a su amiga.
Luego de que todos se tranquilizaron, agentes policiales verificaron que Camila presentaba varias lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo, por lo que le aconsejaron que debía de poner la denuncia.
En ese momento, Camila se negó a seguir los consejos de los agentes, porque dentro del incidente su agresora la amenazó con matarla si llegaba a interponer una denuncia en su contra.
El esposo de la victimaria se comprometió a hacerse cargo de los gastos de la mujer en su recuperación y así evitó que, en ese momento, se detuviera a su compañera de vida y a su hijo.
Sin embargo, al llegar al hospital el supuesto responsable argumentó que no tenía dinero para saldar la cuenta, algo que provocó que Camila pagara con todo los exámenes que corroboraron que las lesiones no eran graves.
Al ver la forma en la que respondió el hombre, los policías no dejaron de aconsejarle a Camila que interpusiera la denuncia hasta que lograron convencerla. Ahora, madre e hijo están procesados por los delitos de lesiones graves, amenazas y allanamiento de morada.
El caso se encuentra en el Juzgado Sexto de Instrucción donde el juzgador estudiará las pruebas para decidir si este proceso entrara a la etapa de sentencia donde se les podría interponer una pena civil y penal.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
