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IRRUMPIERON EN APARTAMENTO – El horror que vivió una mujer colombiana que se negó a pagar una cuenta de un bar a un piloto y su madre en la Colonia Escalón
Una mujer de origen colombiano fue brutalmente golpeada, hasta con mata de cactus, por unos vecinos a los que se negó a pagar su cuenta en un restaurante de la colonia Escalón en San Salvador. Sus victimarios también la amenazaron a muerte si los denunciaba.
Camila (nombre modificado por seguridad) es una colombiana de cabello rubio, piel blanca, que a sus 55 años de edad disfrutaba salir de fiesta con sus amistades, entre las cuales se encontraba un supuesto piloto de aviación de nombre Gabriel P., de 35 años, y Sabrina A, de 56, quien es la madre del hombre.
Madre e hijo también eran vecinos de piso de la colombiana, quien reside en un apartamento de lujo de la colonia Escalón en San Salvador.
La amistad de la familia con la extranjera llegó hasta el 28 de abril de 2018, cuando el reloj marcaba las 9:30 de la noche, los hasta ese entonces amigos se reunieron para iniciar una fiesta improvisada que en el apartamento de la víctima.
Media hora después, Sabrina instó a su hijo para que tomara el carro y la llevara a ella junto con Camilia a un restaurante de la zona donde consumieron comida, cervezas y tragos hasta la 12:30 de la media noche.
Lo que en un momento fue diversión y risas se terminó convirtiendo en un ambiente hostil, ya que los familiares alcoholizados exigían a Camila que siguiera pagando las copas, cosa a la que se negó rotundamente.
Los insultos frente al resto de clientes llevaron a Camila a tomar un taxi para irse a su lugar de residencia, al que llegó sin problemas; estando en el lugar decidió acostarse para tratar de superar el mal rato vivido.
El ataque
En medio de la oscuridad, la sudamericana escuchó un violento estruendo como si alguien, con patadas, derrumbara la puerta. Ella se asustó, pero por alguna razón espero en su casa inmovilizada.
Posteriormente, se escucharon unos pasos que se acercaron hasta su cuarto, era Sabrina y Gabriel quienes sin mediar palabras la sacaron de la cama jalada de los brazos.
Camila comenzó a pedir ayuda mientras era arrastrada por todo el pasillo, sus atacantes la llevaron afuera del apartamento donde la levantaron para estrellarle la maceta de repleta de cactus, cuyas espinas se le clavaron en la piel.
Fueron alrededor de 4 a 5 metros donde fue sometida sin poderse defender de sus dos agresores que inconformes con lo hecho la llevaron hasta el portón de la residencial, donde estaba un vigilante que al ver el escándalo llamó a la Policía.
Los gritos desesperados interrumpieron el sueño del resto de sus vecinos que se despertaron para curiosear sobre el ataque, el cual fue detenido por el esposo de Sabrina que creyó que iban a matar a su amiga.
Luego de que todos se tranquilizaron, agentes policiales verificaron que Camila presentaba varias lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo, por lo que le aconsejaron que debía de poner la denuncia.
En ese momento, Camila se negó a seguir los consejos de los agentes, porque dentro del incidente su agresora la amenazó con matarla si llegaba a interponer una denuncia en su contra.
El esposo de la victimaria se comprometió a hacerse cargo de los gastos de la mujer en su recuperación y así evitó que, en ese momento, se detuviera a su compañera de vida y a su hijo.
Sin embargo, al llegar al hospital el supuesto responsable argumentó que no tenía dinero para saldar la cuenta, algo que provocó que Camila pagara con todo los exámenes que corroboraron que las lesiones no eran graves.
Al ver la forma en la que respondió el hombre, los policías no dejaron de aconsejarle a Camila que interpusiera la denuncia hasta que lograron convencerla. Ahora, madre e hijo están procesados por los delitos de lesiones graves, amenazas y allanamiento de morada.
El caso se encuentra en el Juzgado Sexto de Instrucción donde el juzgador estudiará las pruebas para decidir si este proceso entrara a la etapa de sentencia donde se les podría interponer una pena civil y penal.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
