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IRRUMPIERON EN APARTAMENTO – El horror que vivió una mujer colombiana que se negó a pagar una cuenta de un bar a un piloto y su madre en la Colonia Escalón

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Foto de Referencia

Una mujer de origen colombiano fue brutalmente golpeada, hasta con mata de cactus, por unos vecinos a los que se negó a pagar su cuenta en un restaurante de la colonia Escalón en San Salvador. Sus victimarios también la amenazaron a muerte si los denunciaba.

Camila (nombre modificado por seguridad) es una colombiana de cabello rubio, piel blanca, que a sus 55 años de edad disfrutaba salir de fiesta con sus amistades, entre las cuales se encontraba un supuesto piloto de aviación de nombre Gabriel P., de 35 años, y Sabrina A, de 56, quien es la madre del hombre.

Madre e hijo también eran vecinos de piso de la colombiana, quien reside en un apartamento de lujo de la colonia Escalón en San Salvador.

La amistad de la familia con la extranjera llegó hasta el 28 de abril de 2018, cuando el reloj marcaba las 9:30 de la noche, los hasta ese entonces amigos se reunieron para iniciar una fiesta improvisada que en el apartamento de la víctima.

Media hora después, Sabrina instó a su hijo para que tomara el carro y la llevara a ella junto con Camilia a un restaurante de la zona donde consumieron comida, cervezas y tragos hasta la 12:30 de la media noche.

Lo que en un momento fue diversión y risas se terminó convirtiendo en un ambiente hostil, ya que los familiares alcoholizados exigían a Camila que siguiera pagando las copas, cosa a la que se negó rotundamente.

Los insultos frente al resto de clientes llevaron a Camila a tomar un taxi para irse a su lugar de residencia, al que llegó sin problemas; estando en el lugar decidió acostarse para tratar de superar el mal rato vivido.

El ataque

En medio de la oscuridad, la sudamericana escuchó un violento estruendo como si alguien, con patadas, derrumbara la puerta. Ella se asustó, pero por alguna razón espero en su casa inmovilizada. 

Posteriormente, se escucharon unos pasos que se acercaron hasta su cuarto, era Sabrina y Gabriel quienes sin mediar palabras la sacaron de la cama jalada de los brazos.

Camila comenzó a pedir ayuda mientras era arrastrada por todo el pasillo, sus atacantes la llevaron afuera del apartamento donde la levantaron para estrellarle la maceta de repleta de cactus, cuyas espinas se le clavaron en la piel.

Fueron alrededor de 4 a 5 metros donde fue sometida sin poderse defender de sus dos agresores que inconformes con lo hecho la llevaron hasta el portón de la residencial, donde estaba un vigilante que al ver el escándalo llamó a la Policía.

Los gritos desesperados interrumpieron el sueño del resto de sus vecinos que se despertaron para curiosear sobre el ataque, el cual fue detenido por el esposo de Sabrina que creyó que iban a matar a su amiga.

Luego de que todos se tranquilizaron, agentes policiales verificaron que Camila presentaba varias lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo, por lo que le aconsejaron que debía de poner la denuncia.

En ese momento, Camila se negó a seguir los consejos de los agentes, porque dentro del incidente su agresora la amenazó con matarla si llegaba a interponer una denuncia en su contra.

El esposo de la victimaria se comprometió a hacerse cargo de los gastos de la mujer en su recuperación y así evitó que, en ese momento, se detuviera a su compañera de vida y a su hijo.

Sin embargo, al llegar al hospital el supuesto responsable argumentó que no tenía dinero para saldar la cuenta, algo que provocó que Camila pagara con todo los exámenes que corroboraron que las lesiones no eran graves.

Al ver la forma en la que respondió el hombre, los policías no dejaron de aconsejarle a Camila que interpusiera la denuncia hasta que lograron convencerla. Ahora, madre e hijo están procesados por los delitos de lesiones graves, amenazas y allanamiento de morada.

El caso se encuentra en el Juzgado Sexto de Instrucción donde el juzgador estudiará las pruebas para decidir si este proceso entrara a la etapa de sentencia donde se les podría interponer una pena civil y penal.

 

 

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

 

 

 

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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