Judicial
Hasta enero de 2019 se sabrá si los restos encontrados en Usulután son los de la empleada de Pollo Campestre, su familia sigue viviendo un calvario
Pese a que la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la desaparición de una empleada de Pollo Campestre terminó en el asesinato de la joven, la familia víctima del caso sigue sin recibir la confirmación de que los restos humanos encontrados en un pozo de Usulután son de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, se quejó del trato recibido por empleados de Medicina Legal quienes no le dan una respuesta concreta sobre los resultados del ADN que confirmará la noticia adelantada desde la corporación.
«Yo fui en la mañana (miércoles) a Medicina Legal a preguntar y me dijeron que si los resultados no salían antes de las vacaciones, los iban a tener hasta enero de 2019», expresó el padre de la joven quien desapareció en mayo del presente año.
La familia Flores señaló estar viviendo un verdadero calvario desde hace seis meses, tiempo que se alargará aún más ante la manera en la que se está trabajando en este nuevo caso de feminicidio.
«He recibido muestras de apoyo y me han ofrecido ayuda mis otros familiares, vecinos y amigos quienes están esperando los resultados para apoyarme en cuanto a los gastos fúnebres», detalló el hombre.
Según lo detallado, luego de ser notificado sobre la situación del caso de Flores, las autoridades le solicitaron fotografías de los dientes de su hija para compararlos con las osamentas.
Actualmente, el cadáver en estudio se encuentra en la sede de Medicina Legal de Usulután, pero es en San Salvador donde se están las pruebas correspondientes.
Según señaló este hombre, la familia lo único que desea es tener pronto los resultados del ADN para sentirse tranquilos y poder dar cristiana sepultura a su hija.
Pedirán ampliar investigación a Fiscalía
Respecto al asesino de su hija, el padre pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva ya que consideró que pueden haber más involucrados en el hecho.
«Voy a pedir la investigación porque creo que no sólo él ha participado en el hecho, ya que para hacer un trabajo así a simple vista se ve que hay más involucrados», remarcó.
El afectado argumentó que la Fiscalía tiene que revisar las cámaras de seguridad, para verificar el recorrido que el asesino hizo desde el municipio de Mejicanos hasta Usulután.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
