Judicial
Hasta enero de 2019 se sabrá si los restos encontrados en Usulután son los de la empleada de Pollo Campestre, su familia sigue viviendo un calvario
Pese a que la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la desaparición de una empleada de Pollo Campestre terminó en el asesinato de la joven, la familia víctima del caso sigue sin recibir la confirmación de que los restos humanos encontrados en un pozo de Usulután son de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, se quejó del trato recibido por empleados de Medicina Legal quienes no le dan una respuesta concreta sobre los resultados del ADN que confirmará la noticia adelantada desde la corporación.
«Yo fui en la mañana (miércoles) a Medicina Legal a preguntar y me dijeron que si los resultados no salían antes de las vacaciones, los iban a tener hasta enero de 2019», expresó el padre de la joven quien desapareció en mayo del presente año.
La familia Flores señaló estar viviendo un verdadero calvario desde hace seis meses, tiempo que se alargará aún más ante la manera en la que se está trabajando en este nuevo caso de feminicidio.
«He recibido muestras de apoyo y me han ofrecido ayuda mis otros familiares, vecinos y amigos quienes están esperando los resultados para apoyarme en cuanto a los gastos fúnebres», detalló el hombre.
Según lo detallado, luego de ser notificado sobre la situación del caso de Flores, las autoridades le solicitaron fotografías de los dientes de su hija para compararlos con las osamentas.
Actualmente, el cadáver en estudio se encuentra en la sede de Medicina Legal de Usulután, pero es en San Salvador donde se están las pruebas correspondientes.
Según señaló este hombre, la familia lo único que desea es tener pronto los resultados del ADN para sentirse tranquilos y poder dar cristiana sepultura a su hija.
Pedirán ampliar investigación a Fiscalía
Respecto al asesino de su hija, el padre pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva ya que consideró que pueden haber más involucrados en el hecho.
«Voy a pedir la investigación porque creo que no sólo él ha participado en el hecho, ya que para hacer un trabajo así a simple vista se ve que hay más involucrados», remarcó.
El afectado argumentó que la Fiscalía tiene que revisar las cámaras de seguridad, para verificar el recorrido que el asesino hizo desde el municipio de Mejicanos hasta Usulután.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
