Judicial
Hasta enero de 2019 se sabrá si los restos encontrados en Usulután son los de la empleada de Pollo Campestre, su familia sigue viviendo un calvario
Pese a que la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la desaparición de una empleada de Pollo Campestre terminó en el asesinato de la joven, la familia víctima del caso sigue sin recibir la confirmación de que los restos humanos encontrados en un pozo de Usulután son de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, se quejó del trato recibido por empleados de Medicina Legal quienes no le dan una respuesta concreta sobre los resultados del ADN que confirmará la noticia adelantada desde la corporación.
«Yo fui en la mañana (miércoles) a Medicina Legal a preguntar y me dijeron que si los resultados no salían antes de las vacaciones, los iban a tener hasta enero de 2019», expresó el padre de la joven quien desapareció en mayo del presente año.
La familia Flores señaló estar viviendo un verdadero calvario desde hace seis meses, tiempo que se alargará aún más ante la manera en la que se está trabajando en este nuevo caso de feminicidio.
«He recibido muestras de apoyo y me han ofrecido ayuda mis otros familiares, vecinos y amigos quienes están esperando los resultados para apoyarme en cuanto a los gastos fúnebres», detalló el hombre.
Según lo detallado, luego de ser notificado sobre la situación del caso de Flores, las autoridades le solicitaron fotografías de los dientes de su hija para compararlos con las osamentas.
Actualmente, el cadáver en estudio se encuentra en la sede de Medicina Legal de Usulután, pero es en San Salvador donde se están las pruebas correspondientes.
Según señaló este hombre, la familia lo único que desea es tener pronto los resultados del ADN para sentirse tranquilos y poder dar cristiana sepultura a su hija.
Pedirán ampliar investigación a Fiscalía
Respecto al asesino de su hija, el padre pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva ya que consideró que pueden haber más involucrados en el hecho.
«Voy a pedir la investigación porque creo que no sólo él ha participado en el hecho, ya que para hacer un trabajo así a simple vista se ve que hay más involucrados», remarcó.
El afectado argumentó que la Fiscalía tiene que revisar las cámaras de seguridad, para verificar el recorrido que el asesino hizo desde el municipio de Mejicanos hasta Usulután.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Judicial
Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
Judicial
Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
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Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.