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Gobierno de El Salvador declara cuarentena ante pandemia de coronavirus a fin de proteger a la población
La Presidencia de la República de El Salvador, en uso de sus facultades constitucionales y tras la declaración de la OMS de pandemia por el Coronavirus (COVID-19) y la necesidad de establecer protocolos para retrasar su avance, poder salvar vidas y ganar tiempo para prepararse y trabajar en la investigación y desarrollo, dio a conocer a través de una cadena nacional de medios de radio y televisión que:
1. Desde ese día, todas las carteras de Estado están a disposición de las acciones tomadas para prevenir y frenar el ingreso de la pandemia al territorio salvadoreño. Así como a garantizar bajo investigación, pruebas de laboratorio y cuarentena de treinta (30) días a las personas que estén en el extranjero en situación de vulnerabilidad.
2. Ordenamos vía decreto del Consejo de Ministros la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático del territorio salvadoreño, acción que debe acatar la Dirección Nacional de Migración y Extranjería. Esto siguiendo la recomendación de la OMS de dar la máxima prioridad a la contención.
3. Se mantendrán indemnes todas las actividades comerciales, incluyendo importación y exportación, bajo el debido control sanitario en las aduanas.
4. Por su parte, el Ministerio de Educación debe ordenar la suspensión de actividades educativas durante un período de veintiún (21) días, con el objetivo de proteger a los salvadoreños contra los riesgos que pueden presentarse.
5. Asimismo, el Ministerio de Salud, todas las instituciones y centros de atención médica públicos y privados estarán trabajando en la investigación, análisis y prevención del virus, como prioridad máxima, con base en la hoja de ruta planteada por la OMS y acatando el mandato de nuestra Constitución.
6. De igual forma, exhortamos a la ciudadanía a cumplir con los protocolos necesarios para evitar casos de Coronavirus en el país, y a no hacerse eco de rumores y descalificaciones que pongan en riesgo la seguridad y estabilidad de todos los salvadoreños.
7. Finalmente, suscribimos las palabras de nuestro representante de la Organización Panamericana de la Salud, Carlos Roberto Garzón, sobre el trabajo que durante 47 días han adelantado en conjunto con el Comité de Crisis Nacional y el gabinete ampliado, en pro de la investigación y evaluación de medidas para intervenir ante esta emergencia. Gracias a ello, El Salvador ha hecho un seguimiento epidemiológico constante y tiene como responder ante diagnósticos, pruebas y medidas.
El brote del virus Covid-19 a nivel mundial se incrementa exponencialmente. Las cifras ascienden a más de 120,000 casos reportados en casi 120 países y más de 4,300 personas fallecidas por causas relacionadas a esta enfermedad. Italia ha cerrado las fronteras y ha ordenado el aislamiento de su población, medida que habría podido evitarse al realizar las medidas de contención antes expuestas.
Es por ello que manifestamos nuestro respaldo al llamado del director ejecutivo de la OMS, Tedros dhanom Ghebreyesus, de trabajar en conjunto y con calma, para minimizar las interrupciones económicas y sociales que pueda provocar el avance de la pandemia, procurando la protección del derecho a la vida de todos los salvadoreños, sin distinción de raza, religión, ideología política y así evitar la muerte de grupos en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno de El Salvador ha estado delante de los demás países en la adopción de medidas que en principio han sido criticadas y posteriormente replicadas por los demás. Hoy nos vemos una vez más en la obligación de acatar las recomendaciones y ser ejemplo ante la comunidad internacional en la defensa y protección de los derechos fundamentales.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
