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Gobierno de El Salvador afirma que 2,000 empresas no pagan cuotas de AFP
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, indicó que más de 103,000 trabajadores que poseen plazas formales se encuentran afectados debido al no traslado de las cuotas correspondientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por parte de los sus patronos.
«Esto es una falta administrativa y es un delito eminentemente penal, y son cerca de 2,000 empleadores en este país que se encuentran en incumplimiento», aseveró el funcionario.
Castro señaló que, con el fin de salvaguardar los derechos de estos trabajadores, la próxima semana se presentará a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar un aviso en contra de estos patronos.
«Esta semana he recibido la última información por parte de las instituciones pertinentes y la próxima semana me presento e interpongo ante la Fiscalía ya un aviso de carácter penal por esto», advirtió.
El ministro amplió que, las empresas que se encuentran en incumplimiento solo han estado reflejando la cuota correspondiente al Instituto Salvadoreños del Seguro Social (ISSS), pero no la que corresponde a las AFP, lo que tiene graves repercusiones para los trabajadores.
«Por ejemplo, si un trabajador cumple sus 30 años de servicio y 60 de vida, y se encuentra en condiciones de jubilarse, pero va a la AFP y se da cuenta que durante tres años su empleador no depósito las cuotas correspondientes, esta persona ya no cumple los 30 años y se vería obligado a trabajar tres años o más o le quedaría menor su pensión», explicó.
«Es una cosa bien grave y que muy poca atención se le pone. Estamos hablando que de los más de 940,000 empleados formales que tiene actualmente el país, 103,000 trabajadores se encuentran afectados», puntualizó Castro.
En este sentido, también señaló que este incumplimiento que ha persistido en el tiempo terminará con la entrada en vigor de la reforma de pensiones que se analiza en el Congreso, la cual contempla la eliminación de la doble planilla (AFP e ISSS), y las integra a un sistema único que no podrá ser burlado por este tipo de patronos. «La planilla única elimina a los evasores previsionales», afirmó.
Esto forma parte de potestades que tendrán el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) que nace con la reforma y que se convertirá en el ente rector, regulador, y administrador de las políticas que se implementen en esta materia.
#DePaís| «El Presidente de la República, @nayibbukele, siempre planteó que se hiciera una reforma al sistema de pensiones», señaló el ministro de @TrabajoSV.
— Diario El Salvador (@elsalvador) November 30, 2022
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«Acá, en el pasado, quien decidía absolutamente todo eran las AFP, ahora va a ser el ISP y, por supuesto, que tendrá la capacidad de trabajar con las administradoras, pero el regulador y rector de las políticas públicas en materia de seguridad social es el nuevo ente», afirmó.
Castro señaló que la propuesta presentada por el Ejecutivo es integral, y ha apostado por el beneficio de los trabajadores, ya que no contempla incremento de edad o aporte previsional y plantea una base sólida que la vuelve sostenible en el tiempo.
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.
