Judicial
Excandidato a Parlacen por el PSD y otros dos sujetos utilizaron campaña de Cristina López para estafar a 200 personas en Tonacatepeque
Un excandidato al Parlamento Centroamericano por el Partido Salvadoreño Progresista (PSP) es señalado junto a otros dos sujetos de aprovecharse de la precampaña electoral de Cristina López para estafar a 200 personas. La ahora asesora del Órgano Legislativo aseguró desconocer el caso.
Los ofendidos señalaron que se reunieron en dos oportunidades con la exdiputada para quienes los procesados pidieron el voto a cambio de promesas de parcelas de tierra a bajo costo y agilizar el proceso de legalización
La exdiputada se desmarcó del caso señalando que la agenda de trabajo que tenía era responsabilidad de un grupo de asesores del partido y argumentando que a quien le corresponde dar una versión del caso es a la Fiscalía.
Durante el año 2015, Hugo R., de 38 años de edad, y Noé R., de 37, dos miembros del extinto PSD, llegaron a la comunidad Dos de Noviembre para hablar a nombre de una supuesta organización que estaba rematando lotes en las cercanías del municipio de Tonacatepeque. El rumor corrió como pólvora en los habitantes de esta zona del Distrito Italia.
Lo que un inicio comenzó como un rumor entre los habitantes se convirtió en una esperanza para decenas de familias que añoraban un inmueble propio, aprovechándose de eso los políticos pidieron una prima de $500 a las familias interesadas cuyo único requisito a cumplir era ser de bajos recursos y asistir a las reuniones.
En total fueron 200 personas las que se enlistaron en el proceso promovido por Hugo, un excandidato del partido de la rosa quien en las elecciones de ese año se postuló para candidato a diputado en el Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, las víctimas no conocían de las aspiraciones políticas de este imputado quien luego de recibir la prima establecida indicaban que semanalmente se tenía que abonar $5. Además de otros $12 que dijo eran para recibir material de construcción del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Esperanzados en obtener el lote de 6 metros de ancho por 7 de largo, los habitantes comenzaron el proceso en el que se involucraron Noé y Óscar, este último apareció cuando se comenzó con el cobro del dinero por el que se entregaba un recibo de pago.
Las familias también fueron engañadas para limpiar y dividir la tierra, además, se les condicionó a no poder iniciar ningún tipo de construcción hasta tener las escrituras en sus manos. Incluso, los imputados mostraron un documento que señalaron era la escritura de la propiedad que tenía que someterse a trámites en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Posteriormente, varios de los afectados recibieron la visita de un hombre -que aún no ha sido identificado por las autoridades- quien a nombre de Hugo les pidió otros $35 para realizar una especie de derecho para firmar las escrituras. Algo que también muchos pagaron sin dudar.
Los encuentros de las víctimas con Cristina López
Para julio del 2017, las familias comenzaron a notar que algo estaba mal ya que las promesas nunca se cumplían, dicha situación llevó a muchas de estas a cuestionar a los tres sujetos quienes se valieron del periodo preelectoral para tranquilizar a sus víctimas.
La experiencia en política de Hugo le permitió inventar una excusa totalmente creíble y que tenía como cómplice inconsciente a la diputada López, quien en ese entonces comenzaba a promoverse para poder seguir como funcionaria pública.
El jefe de los supuestos estafadores manifestó a sus víctimas que las tierras ya estaban legalizadas pero que había un problema con burocrático con estas y debían de ir a exigir a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación.
Valiéndose de contactos en la política, logró coordinar una visita a la oficina de la diputada López, quien según una de las víctimas los recibió y posteriormente visitó la comunidad y manifestó que les podía ayudar a cambio del voto.
“Ellos (los imputados) llegaron con la diputada Cristina López a la comunidad y nos dijo que a cambio del voto nos ayudaría a sacar más rápido las escrituras”, manifestó uno de los ofendidos.quienes luego de la visita de López nunca más volvieron a ver a los estafadores.
Tres meses después de el último encuentro con Hugo y compañía, dos de los afectados interpusieron la denuncia ante las autoridades que iniciaron con las investigaciones pertinentes.
Del total de afectados, 36 más se agregaron la denuncia con la que se ordenó la captura de los acusados de los cuales solo el excandidato al Parlacen permanece en prisión.
«No recuerdo»
Al contactar a la asesora de la fracción del PCN para conocer su versión sobre el caso, manifestó no recordar la situación y que no conocía a los acusados.
“No podría dar una información de eso porque ahí sería con la Fiscalía”, señaló López a través de una llamada telefónica en la que remitió la responsabilidad de sus relaciones a los asesores que tenía en ese entonces. .
Al cuestionarla sobre la reuniones con los habitantes de la comunidad aseguró que “no recuerdo, en todo caso en la Asamblea tendrían información de eso», agregó.
La vista pública por este proceso será celebrada a mediados de enero de 2019 en el tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador donde se espera que de un veredicto a partir de las pruebas recabadas por el ministerio público.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
