Judicial
Excandidato a Parlacen por el PSD y otros dos sujetos utilizaron campaña de Cristina López para estafar a 200 personas en Tonacatepeque
Un excandidato al Parlamento Centroamericano por el Partido Salvadoreño Progresista (PSP) es señalado junto a otros dos sujetos de aprovecharse de la precampaña electoral de Cristina López para estafar a 200 personas. La ahora asesora del Órgano Legislativo aseguró desconocer el caso.
Los ofendidos señalaron que se reunieron en dos oportunidades con la exdiputada para quienes los procesados pidieron el voto a cambio de promesas de parcelas de tierra a bajo costo y agilizar el proceso de legalización
La exdiputada se desmarcó del caso señalando que la agenda de trabajo que tenía era responsabilidad de un grupo de asesores del partido y argumentando que a quien le corresponde dar una versión del caso es a la Fiscalía.
Durante el año 2015, Hugo R., de 38 años de edad, y Noé R., de 37, dos miembros del extinto PSD, llegaron a la comunidad Dos de Noviembre para hablar a nombre de una supuesta organización que estaba rematando lotes en las cercanías del municipio de Tonacatepeque. El rumor corrió como pólvora en los habitantes de esta zona del Distrito Italia.
Lo que un inicio comenzó como un rumor entre los habitantes se convirtió en una esperanza para decenas de familias que añoraban un inmueble propio, aprovechándose de eso los políticos pidieron una prima de $500 a las familias interesadas cuyo único requisito a cumplir era ser de bajos recursos y asistir a las reuniones.
En total fueron 200 personas las que se enlistaron en el proceso promovido por Hugo, un excandidato del partido de la rosa quien en las elecciones de ese año se postuló para candidato a diputado en el Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, las víctimas no conocían de las aspiraciones políticas de este imputado quien luego de recibir la prima establecida indicaban que semanalmente se tenía que abonar $5. Además de otros $12 que dijo eran para recibir material de construcción del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Esperanzados en obtener el lote de 6 metros de ancho por 7 de largo, los habitantes comenzaron el proceso en el que se involucraron Noé y Óscar, este último apareció cuando se comenzó con el cobro del dinero por el que se entregaba un recibo de pago.
Las familias también fueron engañadas para limpiar y dividir la tierra, además, se les condicionó a no poder iniciar ningún tipo de construcción hasta tener las escrituras en sus manos. Incluso, los imputados mostraron un documento que señalaron era la escritura de la propiedad que tenía que someterse a trámites en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Posteriormente, varios de los afectados recibieron la visita de un hombre -que aún no ha sido identificado por las autoridades- quien a nombre de Hugo les pidió otros $35 para realizar una especie de derecho para firmar las escrituras. Algo que también muchos pagaron sin dudar.
Los encuentros de las víctimas con Cristina López
Para julio del 2017, las familias comenzaron a notar que algo estaba mal ya que las promesas nunca se cumplían, dicha situación llevó a muchas de estas a cuestionar a los tres sujetos quienes se valieron del periodo preelectoral para tranquilizar a sus víctimas.
La experiencia en política de Hugo le permitió inventar una excusa totalmente creíble y que tenía como cómplice inconsciente a la diputada López, quien en ese entonces comenzaba a promoverse para poder seguir como funcionaria pública.
El jefe de los supuestos estafadores manifestó a sus víctimas que las tierras ya estaban legalizadas pero que había un problema con burocrático con estas y debían de ir a exigir a la Asamblea Legislativa su pronta aprobación.
Valiéndose de contactos en la política, logró coordinar una visita a la oficina de la diputada López, quien según una de las víctimas los recibió y posteriormente visitó la comunidad y manifestó que les podía ayudar a cambio del voto.
“Ellos (los imputados) llegaron con la diputada Cristina López a la comunidad y nos dijo que a cambio del voto nos ayudaría a sacar más rápido las escrituras”, manifestó uno de los ofendidos.quienes luego de la visita de López nunca más volvieron a ver a los estafadores.
Tres meses después de el último encuentro con Hugo y compañía, dos de los afectados interpusieron la denuncia ante las autoridades que iniciaron con las investigaciones pertinentes.
Del total de afectados, 36 más se agregaron la denuncia con la que se ordenó la captura de los acusados de los cuales solo el excandidato al Parlacen permanece en prisión.
«No recuerdo»
Al contactar a la asesora de la fracción del PCN para conocer su versión sobre el caso, manifestó no recordar la situación y que no conocía a los acusados.
“No podría dar una información de eso porque ahí sería con la Fiscalía”, señaló López a través de una llamada telefónica en la que remitió la responsabilidad de sus relaciones a los asesores que tenía en ese entonces. .
Al cuestionarla sobre la reuniones con los habitantes de la comunidad aseguró que “no recuerdo, en todo caso en la Asamblea tendrían información de eso», agregó.
La vista pública por este proceso será celebrada a mediados de enero de 2019 en el tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador donde se espera que de un veredicto a partir de las pruebas recabadas por el ministerio público.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
