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En clara violación de la ley, alcalde arenero de Ilopango anuncia la construcción de un nuevo cementerio
En clara violación a la ley electoral que prohíbe anunciar obras previo a las elecciones, el alcalde de Ilopango y candidato a la reelección por el partido ARENA, Adán Perdomo, convocó hoy a la prensa para anunciar la construcción del nuevo cementerio de la municipalidad, que estaría ubicado frente a la carretera de Oro.
El artículo 178 del Código Electoral estipula que durante los treinta días anteriores a la fecha señalada para la celebración de los comicios, los concejos municipales no podrán publicar en medios de comunicación privados o estatales contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier naturaleza que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que está obligado el Estado.
Además, el mismo artículo advierte que el responsable será el “funcionario o funcionaria jefe o jefa de la unidad gubernativa a la que pertenezca la obra cuya publicidad se trate”. No obstante, en la misma cuenta de Twitter de Perdomo hay un video colgado donde anuncia la construcción de la obra, a la vez que pide el voto para las próximas elecciones.
Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sancionó al Presidente Nayib Bukele por considerar que el recorrido que hizo en el bypass “Camino a Surf City” se trataba de propaganda electoral. Si se toma esto como antecedente, se podría esperar que el ente colegiado ordene también un proceso sancionatorio en contra de Perdomo, quien a diferencia del mandatario, sí se está aprovechando del anuncio de la construcción del cementerio para pedir de forma clara el voto a su favor.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
