Durante más de dos décadas, los centros escolares en El Salvador fueron blanco de violencia y reclutamiento por parte de pandillas, dejando un saldo devastador entre la población estudiantil.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 15 de julio de 2021, cuando cuatro estudiantes fueron asesinados a 500 metros del Centro Escolar Cantón El Anonal, en Turín, Ahuachapán. El crimen reflejó el asedio cotidiano que sufrían los jóvenes, quienes eran intimidados o reclutados para actividades como narcomenudeo y cobro de extorsiones.

Según registros de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, entre 2010 y el primer trimestre de 2019, las pandillas asesinaron a 481 estudiantes. Solo en 2011, el año más violento, fueron 139 víctimas, un promedio de tres estudiantes por semana.

La violencia también impactó en la educación. En 2014 más de 100,000 alumnos desertaron debido a la inseguridad, y en 2015 el Ministerio de Educación registró 13,000 deserciones directas por violencia y 15,000 migraciones de estudiantes y sus familias.

El impacto alcanzó también a docentes: en 2011, al menos 362 pidieron traslados por amenazas, y la Asamblea Legislativa aprobó medidas de emergencia para reubicar a maestros en riesgo.

Con la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción en 2022, las autoridades reportaron una reducción drástica de homicidios y delitos dentro y alrededor de los centros educativos. El presidente Nayib Bukele afirmó entonces que se había «roto el círculo vicioso de las pandillas», aunque advirtió que el reto ahora es invertir en el futuro para evitar que la violencia vuelva a resurgir.

Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele alcanzó 995 días sin homicidios, tras una jornada el pasado sábado en la que la Policía Nacional Civil (PNC) no reportó muertes violentas a nivel nacional.

Entre el 1° y el 23 de agosto se contabilizan 20 días sin asesinatos, mientras que en lo que va de 2025, 197 días se han registrado sin que las familias tengan que lamentar la pérdida de un ser querido por violencia.

Según las autoridades, la reducción histórica de homicidios comenzó en junio de 2019 con la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y se consolidó con la puesta en marcha del régimen de excepción. Para mantener estos resultados, la PNC y la Fuerza Armada realizan patrullajes constantes en todo el territorio, con el objetivo de garantizar seguridad y capturar a los remanentes de pandillas.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, señaló que en zonas rurales los cuerpos de seguridad buscan a los delincuentes que intentan evadir la justicia, mientras que en áreas urbanas se ejecutan cercos de seguridad apoyados por la población para identificar a pandilleros.

“La situación con la pandilla es que el control que ellos tenían sobre el territorio lo perdieron y lo recuperó el Estado”, afirmó Merino Monroy, destacando la recuperación de la seguridad en el país.