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El régimen de excepción marcó el antes y después en el país al acabar con las pandillas
El 27 de marzo se cumplen tres años desde que el gobierno del presidente, Nayib Bukele, implementó el régimen de excepción como herramienta constitucional para ponerle fin a la criminalidad de las pandillas y devolverles a los salvadoreños la tan anhelada paz y tranquilidad.
Los resultados de la «guerra contra las pandillas» son históricos, siendo el más destacado la reducción en la cifra de asesinatos que para el 2024 posicionó a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes. El país dejó de ser el más violento del mundo para convertirse en el más pacífico.
Para este 2025, la proyección es reducir aún más este registro, así lo dio a conocer el presidente Bukele al expresar: «De continuar esta tendencia, cerraríamos el 2025 con menos de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes, acercándonos más a nuestra meta de convertirnos en el país más seguro del mundo».
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 -tras una ola de 87 asesinatos cometidos por pandilleros- profundizó los cambios que necesitaba el país y cerró cualquier posibilidad de las maras de reagruparse luego que las estructuras de mando de las maras Salvatrucha (MS), la pandilla 18, la Mao Mao y otros grupos terroristas fueran desarticuladas.
Los alarmantes índices de homicidios con los que terminaba cada año son cosa del pasado, así como las escenas diarias de asesinatos que en los gobiernos de ARENA y del FMLN acumularon más de 100,000 homicidios y una tasa de hasta 106.3 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo registrada en 2015 cuando 6,656 salvadoreños fueron asesinados.
REFORMAS PERMITIERON ACORRALAR A LOS MAREROS
Emprender la guerra contra las pandillas fue algo titánico, pues el gobierno tuvo que echar mano de los recursos legales y operativos para poner tras las rejas a cerca de 87,000 pandilleros entre marzo de 2019 y febrero de 2025, según la última actualización oficial.
La instalación de 12 cercos de seguridad en zonas con mayor presencia de maras le permitió a las fuerzas del orden tomar control de las comunidades y colonias emblemáticas como La Campanera, en Soyapango, donde los pandilleros fueron desterrados.
Con la aprobación del régimen de excepción, se reformaron los cuerpos legales para castigar drásticamente a los cabecillas de maras, colaboradores, financistas y hasta menores de edad vinculados con estos grupos de crimen organizado. La Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por el partido Nuevas Ideas, avaló las reformas sugeridas por el Ejecutivo.
Se estableció, en reformas al Código Penal, que los financistas, dirigentes y organizadores de grupos terroristas sean condenados hasta 45 años de prisión.
En las enmiendas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativa a las Drogas se estableció que los delitos regulados en esta normativa que sean cometidos por pandilleros se condenen hasta con 30 años de cárcel.
Además, se reformó el Código Procesal Penal para garantizar la protección de los jueces; se normó que no serán aplicables medidas alternas ni sustituir la detención en delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión, entre otros.
La ley Contra el Terrorismo y la Ley Penal Juvenil quedaron reguladas de la siguiente manera: formar parte de una organización terrorista será penado hasta con 20 años de cárcel, pero si es cabecilla la pena será de hasta 60 años; también se estableció cárcel de hasta 20 años si se trata de un menor de 16, y hasta 10 años si el joven tiene 12, respectivamente.
Nunca, en la historia de El Salvador los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajaron de forma articulada para defender la vida e integridad de los salvadoreños.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó la necesidad de cortar de raíz el que las pandillas siguieran utilizando menores de edad para cobrar el dinero de la extorsión y alertar sobre el ingreso de policías y soldados a las comunidades con presencia de estos grupos.
«Tenemos que cortar de raíz ese tipo de actividades en las que están reclutando a nuestros niños y jóvenes. Se valen de la intimidación para obligar a la gente a que les colabore, ese círculo es lo que queremos cortar», expuso Delgado en 2022.
BUKELE: «EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN NOS HA PERMITIDO SABOREAR LA PAZ»
En su discurso por sus primeros cuatro años de gestión (2023), el presidente Bukele, comentó ampliamente la transformación que ha tenido el país gracias a haber enfrentado a las pandillas.
«El régimen de excepción nos ha permitido saborear por fin la paz», agregó ante la Asamblea Legislativa.
También mencionó que «al fin los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten». Aseguró que muchas personas tuvieron que ofrendar su vida para lograr lo inimaginable en El Salvador: «vivir en un país seguro».
Destacó que hoy la nueva normalidad que viven las familias es caminar por calles donde antes no se podía por causa de las pandillas; hoy lo hacen sin temor alguno y a cualquier hora del día, dijo el mandatario.
El falso importador de vehículos Raúl Alberto C., comenzó a enfrentar un proceso penal por el delito de estafa, en el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango.
En la audiencia inicial, se ordenó que el expediente pase a la segunda etapa procesal y que sea el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, el que continue conociendo de la fase de investigación.
En la acusación presentada por la Fiscalía General de la República y que nace de una denuncia interpuesta, se detalla que el imputado publicó en redes sociales su negocio de importación de vehículos.
La víctima dijo que en junio del año pasado lo contactó a través de redes sociales y que al contactarlo acordó adquirir dos vehículos por la cantidad de $19,781.46.
El afectado le entregó el dinero, pero con el paso del tiempo los automotores no se los entregaba, cuando le preguntaba el imputado siempre salía con excusas para justificar los motivos por los cuales no cumplía con el acuerdo.
Al final, la víctima pidió a la Fiscalía que iniciara acciones legales con el fin de recuperar los más de $19,000, hasta la fecha no ha recibido los fondos entregados.
El presidente Nayib Bukele anunció el miércoles que, tras sostener una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizará una inversión de $1,300 millones en cuatro importantes áreas sociales, para el seguimiento del programa Crece.
A través de X, el mandatario indicó: «$1,300 millones más para vivienda, turismo, salud y educación», y acompañó el mensaje con fotos del encuentro con el representante del Grupo BID en Casa Presidencial.
Por su parte, Goldfajn calificó de «muy buena» la reunión con el mandatario salvadoreño, la cual tuvo el objetivo de continuar fortaleciendo las alianzas con el Grupo BID.
«Conversamos sobre los avances de El Salvador Crece, un programa de apoyo al crecimiento de El Salvador a través de @el_BID y @BIDInvest, en sectores como vivienda, turismo, entre otros, y el apoyo del Grupo BID de $1,300 millones al país en 2026», detalló Goldfajn.
El BID ya apoya al país en diferentes proyectos, como el «Programa para la continuidad educativa postsecundaria de los jóvenes estudiantes salvadoreños en situación de vulnerabilidad», que se encuentra en preparación. Este tiene como propósito «mejorar la continuidad educativa postsecundaria (vocacional, técnica y universitaria) de los jóvenes estudiantes salvadoreños en situación de vulnerabilidad, para facilitar su posterior inserción en el mercado laboral formal», explica el banco regional en su sitio web.
También está en etapa de preparación el «Programa de integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador», cuyo objetivo es «fortalecer las trayectorias de los jóvenes en El Salvador, mejorando la continuidad educativa postsecundaria y facilitando su inserción exitosa y pertinente en el mercado laboral».
Además, el Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) – Segunda Operación. En noviembre de 2025, el BID aprobó un crédito de $195 millones para financiar la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES).
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, por unanimidad, la Ley de Creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de especializar a los profesionales de la institución y brindar una mejor atención a la población.
Durante la sesión plenaria ordinaria 97, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, dijo que el decreto respectivo «evidencia el compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho al apostar por una Fiscalía más preparada, más técnica y por supuesto más especializada», detalló Navarro.
Agregó que la lucha contra el crimen también depende de las capacidades permanentes y sostenibles de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
«Antes era frecuente que se cayeran los casos en los juzgados, porque no tenían la fuerza técnica ni la robustez para sustentar la acción penal, y eso se traducía en una falta de ética y compromiso con la justicia», aseveró Navarro.
La nueva ley contempla el desarrollo de una carrera fiscal al especializar al personal en ciencias jurídicas, criminalísticas, forenses, entre otras relacionadas.
Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas, consideró que al fortalecer la carrera fiscal «se va a permitir el ingreso, el ascenso y la permanencia del personal que ahí labora, porque ahora se tomarán en cuenta méritos, evaluaciones objetivas, así como una capacitación continua».
Durante el estudio de la iniciativa por la comisión de seguridad nacional y justicia, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, explicó que ya existen convenios con instituciones nacionales e internacionales en materia de formación.
Además, proyectan la creación de la primera Maestría en Investigación Criminal de la región centroamericana y del Caribe. El instituto se adscribirá a la FGR y contará con patrimonio propio, que deberá presentarse en el proyecto de presupuesto institucional anual; este año funcionará con fondos destinados al centro de formación, que existe en la Fiscalía, explicó Delgado.
