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El régimen de excepción marcó el antes y después en el país al acabar con las pandillas
El 27 de marzo se cumplen tres años desde que el gobierno del presidente, Nayib Bukele, implementó el régimen de excepción como herramienta constitucional para ponerle fin a la criminalidad de las pandillas y devolverles a los salvadoreños la tan anhelada paz y tranquilidad.
Los resultados de la «guerra contra las pandillas» son históricos, siendo el más destacado la reducción en la cifra de asesinatos que para el 2024 posicionó a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes. El país dejó de ser el más violento del mundo para convertirse en el más pacífico.
Para este 2025, la proyección es reducir aún más este registro, así lo dio a conocer el presidente Bukele al expresar: «De continuar esta tendencia, cerraríamos el 2025 con menos de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes, acercándonos más a nuestra meta de convertirnos en el país más seguro del mundo».
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 -tras una ola de 87 asesinatos cometidos por pandilleros- profundizó los cambios que necesitaba el país y cerró cualquier posibilidad de las maras de reagruparse luego que las estructuras de mando de las maras Salvatrucha (MS), la pandilla 18, la Mao Mao y otros grupos terroristas fueran desarticuladas.
Los alarmantes índices de homicidios con los que terminaba cada año son cosa del pasado, así como las escenas diarias de asesinatos que en los gobiernos de ARENA y del FMLN acumularon más de 100,000 homicidios y una tasa de hasta 106.3 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo registrada en 2015 cuando 6,656 salvadoreños fueron asesinados.
REFORMAS PERMITIERON ACORRALAR A LOS MAREROS
Emprender la guerra contra las pandillas fue algo titánico, pues el gobierno tuvo que echar mano de los recursos legales y operativos para poner tras las rejas a cerca de 87,000 pandilleros entre marzo de 2019 y febrero de 2025, según la última actualización oficial.
La instalación de 12 cercos de seguridad en zonas con mayor presencia de maras le permitió a las fuerzas del orden tomar control de las comunidades y colonias emblemáticas como La Campanera, en Soyapango, donde los pandilleros fueron desterrados.
Con la aprobación del régimen de excepción, se reformaron los cuerpos legales para castigar drásticamente a los cabecillas de maras, colaboradores, financistas y hasta menores de edad vinculados con estos grupos de crimen organizado. La Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por el partido Nuevas Ideas, avaló las reformas sugeridas por el Ejecutivo.
Se estableció, en reformas al Código Penal, que los financistas, dirigentes y organizadores de grupos terroristas sean condenados hasta 45 años de prisión.
En las enmiendas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativa a las Drogas se estableció que los delitos regulados en esta normativa que sean cometidos por pandilleros se condenen hasta con 30 años de cárcel.
Además, se reformó el Código Procesal Penal para garantizar la protección de los jueces; se normó que no serán aplicables medidas alternas ni sustituir la detención en delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión, entre otros.
La ley Contra el Terrorismo y la Ley Penal Juvenil quedaron reguladas de la siguiente manera: formar parte de una organización terrorista será penado hasta con 20 años de cárcel, pero si es cabecilla la pena será de hasta 60 años; también se estableció cárcel de hasta 20 años si se trata de un menor de 16, y hasta 10 años si el joven tiene 12, respectivamente.
Nunca, en la historia de El Salvador los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajaron de forma articulada para defender la vida e integridad de los salvadoreños.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó la necesidad de cortar de raíz el que las pandillas siguieran utilizando menores de edad para cobrar el dinero de la extorsión y alertar sobre el ingreso de policías y soldados a las comunidades con presencia de estos grupos.
«Tenemos que cortar de raíz ese tipo de actividades en las que están reclutando a nuestros niños y jóvenes. Se valen de la intimidación para obligar a la gente a que les colabore, ese círculo es lo que queremos cortar», expuso Delgado en 2022.
BUKELE: «EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN NOS HA PERMITIDO SABOREAR LA PAZ»
En su discurso por sus primeros cuatro años de gestión (2023), el presidente Bukele, comentó ampliamente la transformación que ha tenido el país gracias a haber enfrentado a las pandillas.
«El régimen de excepción nos ha permitido saborear por fin la paz», agregó ante la Asamblea Legislativa.
También mencionó que «al fin los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten». Aseguró que muchas personas tuvieron que ofrendar su vida para lograr lo inimaginable en El Salvador: «vivir en un país seguro».
Destacó que hoy la nueva normalidad que viven las familias es caminar por calles donde antes no se podía por causa de las pandillas; hoy lo hacen sin temor alguno y a cualquier hora del día, dijo el mandatario.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
