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El régimen de excepción marcó el antes y después en el país al acabar con las pandillas
El 27 de marzo se cumplen tres años desde que el gobierno del presidente, Nayib Bukele, implementó el régimen de excepción como herramienta constitucional para ponerle fin a la criminalidad de las pandillas y devolverles a los salvadoreños la tan anhelada paz y tranquilidad.
Los resultados de la «guerra contra las pandillas» son históricos, siendo el más destacado la reducción en la cifra de asesinatos que para el 2024 posicionó a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes. El país dejó de ser el más violento del mundo para convertirse en el más pacífico.
Para este 2025, la proyección es reducir aún más este registro, así lo dio a conocer el presidente Bukele al expresar: «De continuar esta tendencia, cerraríamos el 2025 con menos de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes, acercándonos más a nuestra meta de convertirnos en el país más seguro del mundo».
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 -tras una ola de 87 asesinatos cometidos por pandilleros- profundizó los cambios que necesitaba el país y cerró cualquier posibilidad de las maras de reagruparse luego que las estructuras de mando de las maras Salvatrucha (MS), la pandilla 18, la Mao Mao y otros grupos terroristas fueran desarticuladas.
Los alarmantes índices de homicidios con los que terminaba cada año son cosa del pasado, así como las escenas diarias de asesinatos que en los gobiernos de ARENA y del FMLN acumularon más de 100,000 homicidios y una tasa de hasta 106.3 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo registrada en 2015 cuando 6,656 salvadoreños fueron asesinados.
REFORMAS PERMITIERON ACORRALAR A LOS MAREROS
Emprender la guerra contra las pandillas fue algo titánico, pues el gobierno tuvo que echar mano de los recursos legales y operativos para poner tras las rejas a cerca de 87,000 pandilleros entre marzo de 2019 y febrero de 2025, según la última actualización oficial.
La instalación de 12 cercos de seguridad en zonas con mayor presencia de maras le permitió a las fuerzas del orden tomar control de las comunidades y colonias emblemáticas como La Campanera, en Soyapango, donde los pandilleros fueron desterrados.
Con la aprobación del régimen de excepción, se reformaron los cuerpos legales para castigar drásticamente a los cabecillas de maras, colaboradores, financistas y hasta menores de edad vinculados con estos grupos de crimen organizado. La Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por el partido Nuevas Ideas, avaló las reformas sugeridas por el Ejecutivo.
Se estableció, en reformas al Código Penal, que los financistas, dirigentes y organizadores de grupos terroristas sean condenados hasta 45 años de prisión.
En las enmiendas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativa a las Drogas se estableció que los delitos regulados en esta normativa que sean cometidos por pandilleros se condenen hasta con 30 años de cárcel.
Además, se reformó el Código Procesal Penal para garantizar la protección de los jueces; se normó que no serán aplicables medidas alternas ni sustituir la detención en delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión, entre otros.
La ley Contra el Terrorismo y la Ley Penal Juvenil quedaron reguladas de la siguiente manera: formar parte de una organización terrorista será penado hasta con 20 años de cárcel, pero si es cabecilla la pena será de hasta 60 años; también se estableció cárcel de hasta 20 años si se trata de un menor de 16, y hasta 10 años si el joven tiene 12, respectivamente.
Nunca, en la historia de El Salvador los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajaron de forma articulada para defender la vida e integridad de los salvadoreños.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó la necesidad de cortar de raíz el que las pandillas siguieran utilizando menores de edad para cobrar el dinero de la extorsión y alertar sobre el ingreso de policías y soldados a las comunidades con presencia de estos grupos.
«Tenemos que cortar de raíz ese tipo de actividades en las que están reclutando a nuestros niños y jóvenes. Se valen de la intimidación para obligar a la gente a que les colabore, ese círculo es lo que queremos cortar», expuso Delgado en 2022.
BUKELE: «EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN NOS HA PERMITIDO SABOREAR LA PAZ»
En su discurso por sus primeros cuatro años de gestión (2023), el presidente Bukele, comentó ampliamente la transformación que ha tenido el país gracias a haber enfrentado a las pandillas.
«El régimen de excepción nos ha permitido saborear por fin la paz», agregó ante la Asamblea Legislativa.
También mencionó que «al fin los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten». Aseguró que muchas personas tuvieron que ofrendar su vida para lograr lo inimaginable en El Salvador: «vivir en un país seguro».
Destacó que hoy la nueva normalidad que viven las familias es caminar por calles donde antes no se podía por causa de las pandillas; hoy lo hacen sin temor alguno y a cualquier hora del día, dijo el mandatario.
Según las autoridades, el Ministerio de Vivienda proporcionó los materiales necesarios para apoyar la reconstrucción de las casas destruidas por el siniestro y contribuir a la recuperación de las familias afectadas.
El alcalde Henry Flores señaló que desde la emergencia la municipalidad ha brindado asistencia humanitaria a las familias, quienes permanecen temporalmente en la casa comunal de la zona. El espacio fue acondicionado con camarotes, colchones y frazadas para garantizar condiciones adecuadas mientras avanzan las obras.
Asimismo, el edil aseguró que los trabajos de construcción se desarrollan de forma rápida y expresó que esperan finalizar pronto las viviendas para que las familias puedan recuperar sus hogares.
Un año después del anuncio del programa Dos escuelas por día por parte del presidente Nayib Bukele, el Gobierno reporta la entrega de 210 centros educativos completamente renovados en diferentes zonas del país.
El proyecto fue analizado por el docente y escritor Rafael Góchez durante su participación en una entrevista matutina, donde señaló que la iniciativa debe considerarse una “megaobra” debido a su alcance nacional y al número de instituciones intervenidas.
Según Góchez, más de 700 centros educativos han recibido algún tipo de intervención con estándares de construcción que calificó como de calidad. Además, destacó que el proyecto requiere una logística eficiente y el apoyo de distintas instituciones, entre ellas Centros Penales, mediante el trabajo de privados de libertad que reciben reducción de pena a cambio de participar en las obras.
El académico también afirmó que las remodelaciones representan una intervención integral y no únicamente mejoras superficiales. En ese sentido, señaló que los trabajos incluyen diseño arquitectónico y equipamiento que, a su juicio, contribuyen a motivar a los estudiantes.
Asimismo, sostuvo que la transformación educativa en el país se desarrolla bajo un criterio distinto al de administraciones anteriores, priorizando mejores condiciones para la población estudiantil.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) entregó 1,900 paquetes escolares a estudiantes residentes en la zona de los exbolsones de Perquín, en Morazán Norte, quienes cuentan con doble nacionalidad salvadoreña y hondureña.
La entrega fue encabezada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien señaló que la medida responde al mandato del presidente Nayib Bukele de garantizar educación de calidad para todos los estudiantes del sistema público, independientemente de su ubicación geográfica.
Las autoridades detallaron que los beneficiados pertenecen a 38 centros educativos de la zona. Durante la jornada, los estudiantes ingresaron a territorio salvadoreño en una caravana de autobuses por el punto fronterizo Pasamono para recibir el apoyo educativo en la Zona Extrema de Morazán.
De acuerdo con el Gobierno, la logística de distribución fue coordinada para garantizar que los estudiantes de las comunidades fronterizas reciban las mismas herramientas educativas entregadas en el resto del país.
Según informó la ministra Trigueros, los paquetes incluyeron tabletas, computadoras, libros, cuadernos, uniformes, zapatos y otros útiles escolares. Además, el ministerio realizó jornadas de tallaje de uniformes y calzado para asegurar un ajuste adecuado para cada estudiante.
La institución indicó que este beneficio busca fortalecer el acceso a una educación integral y representar un alivio económico para las familias de las comunidades atendidas.
Por su parte, Ellen Ventura, residente de la comunidad El Zancudo y madre de tres estudiantes beneficiados, agradeció al Gobierno por incluir a las familias de la zona en el programa educativo.
Durante la entrega, las autoridades priorizaron la atención a habitantes de sectores vulnerables de la zona fronteriza.
