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El régimen de excepción marcó el antes y después en el país al acabar con las pandillas
El 27 de marzo se cumplen tres años desde que el gobierno del presidente, Nayib Bukele, implementó el régimen de excepción como herramienta constitucional para ponerle fin a la criminalidad de las pandillas y devolverles a los salvadoreños la tan anhelada paz y tranquilidad.
Los resultados de la «guerra contra las pandillas» son históricos, siendo el más destacado la reducción en la cifra de asesinatos que para el 2024 posicionó a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes. El país dejó de ser el más violento del mundo para convertirse en el más pacífico.
Para este 2025, la proyección es reducir aún más este registro, así lo dio a conocer el presidente Bukele al expresar: «De continuar esta tendencia, cerraríamos el 2025 con menos de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes, acercándonos más a nuestra meta de convertirnos en el país más seguro del mundo».
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 -tras una ola de 87 asesinatos cometidos por pandilleros- profundizó los cambios que necesitaba el país y cerró cualquier posibilidad de las maras de reagruparse luego que las estructuras de mando de las maras Salvatrucha (MS), la pandilla 18, la Mao Mao y otros grupos terroristas fueran desarticuladas.
Los alarmantes índices de homicidios con los que terminaba cada año son cosa del pasado, así como las escenas diarias de asesinatos que en los gobiernos de ARENA y del FMLN acumularon más de 100,000 homicidios y una tasa de hasta 106.3 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo registrada en 2015 cuando 6,656 salvadoreños fueron asesinados.
REFORMAS PERMITIERON ACORRALAR A LOS MAREROS
Emprender la guerra contra las pandillas fue algo titánico, pues el gobierno tuvo que echar mano de los recursos legales y operativos para poner tras las rejas a cerca de 87,000 pandilleros entre marzo de 2019 y febrero de 2025, según la última actualización oficial.
La instalación de 12 cercos de seguridad en zonas con mayor presencia de maras le permitió a las fuerzas del orden tomar control de las comunidades y colonias emblemáticas como La Campanera, en Soyapango, donde los pandilleros fueron desterrados.
Con la aprobación del régimen de excepción, se reformaron los cuerpos legales para castigar drásticamente a los cabecillas de maras, colaboradores, financistas y hasta menores de edad vinculados con estos grupos de crimen organizado. La Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por el partido Nuevas Ideas, avaló las reformas sugeridas por el Ejecutivo.
Se estableció, en reformas al Código Penal, que los financistas, dirigentes y organizadores de grupos terroristas sean condenados hasta 45 años de prisión.
En las enmiendas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativa a las Drogas se estableció que los delitos regulados en esta normativa que sean cometidos por pandilleros se condenen hasta con 30 años de cárcel.
Además, se reformó el Código Procesal Penal para garantizar la protección de los jueces; se normó que no serán aplicables medidas alternas ni sustituir la detención en delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión, entre otros.
La ley Contra el Terrorismo y la Ley Penal Juvenil quedaron reguladas de la siguiente manera: formar parte de una organización terrorista será penado hasta con 20 años de cárcel, pero si es cabecilla la pena será de hasta 60 años; también se estableció cárcel de hasta 20 años si se trata de un menor de 16, y hasta 10 años si el joven tiene 12, respectivamente.
Nunca, en la historia de El Salvador los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajaron de forma articulada para defender la vida e integridad de los salvadoreños.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó la necesidad de cortar de raíz el que las pandillas siguieran utilizando menores de edad para cobrar el dinero de la extorsión y alertar sobre el ingreso de policías y soldados a las comunidades con presencia de estos grupos.
«Tenemos que cortar de raíz ese tipo de actividades en las que están reclutando a nuestros niños y jóvenes. Se valen de la intimidación para obligar a la gente a que les colabore, ese círculo es lo que queremos cortar», expuso Delgado en 2022.
BUKELE: «EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN NOS HA PERMITIDO SABOREAR LA PAZ»
En su discurso por sus primeros cuatro años de gestión (2023), el presidente Bukele, comentó ampliamente la transformación que ha tenido el país gracias a haber enfrentado a las pandillas.
«El régimen de excepción nos ha permitido saborear por fin la paz», agregó ante la Asamblea Legislativa.
También mencionó que «al fin los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten». Aseguró que muchas personas tuvieron que ofrendar su vida para lograr lo inimaginable en El Salvador: «vivir en un país seguro».
Destacó que hoy la nueva normalidad que viven las familias es caminar por calles donde antes no se podía por causa de las pandillas; hoy lo hacen sin temor alguno y a cualquier hora del día, dijo el mandatario.
Respaldado con cifras y con el sentir de su población, El Salvador mantiene en el primer trimestre de 2026, las cifras más bajas de homicidios de Centroamérica, consolidándose como un país seguro para vivir, para hacer turismo y negocios.
En contraste, y de acuerdo a cifras oficiales, Guatemala registra actualmente el mayor índice de crímenes contra la vida, seguido por Honduras y en tercer lugar Costa Rica, donde el tema del narcotráfico y las bandas criminales, han disparado los actos delictivos.
Es así como, mientras en El Salvador se contabilizan 19 homicidios en los primeros tres meses de 2026, en contraste; según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala, en el primer trimestre de este año, se registran 613 homicidios con promedio de 6.8 asesinatos por día. De ellos, 204 ocurrieron en enero, 172 en febrero y 237 en marzo. El punto más crítico ocurrió en enero, cuando operativos de control en las cárceles generó una ola de violencia, que cegó la vida de al menos once policías, a manos de las pandillas.
La matanza protagonizada por pandilleros fue en respuesta a que el gobierno intentaba recuperar el control de las cárceles, las cuales estaban en manos de las pandillas, que hasta tenían tiendas y diversas comodidades al interior y que se daban el lujo de exigir servicio de comidas a domicilio.
El Salvador, después de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo, con tasas de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes y un promedio de 18 homicidios por día en el 2015, ahora es considerado el más seguro de Latinoamérica.
Las medidas de seguridad han permitido posicionarse en el tiempo, como el país con los índices más bajos de asesinatos. En el 2025 El Salvador alcanzó el récord histórico de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, al registrarse solo 82 asesinatos durante el año. Una cifra muy inferior a 2019, cuando la tasa de homicidios fue de 38 por cada 100,000 habitantes.
Honduras bajo fuego
Honduras ocupa el segundo lugar en el índice de más víctimas por homicidios. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad de Honduras, en el primer trimestre hubo 524 muertes violentas, a un promedio de 6 por día, desatando preocupación entre la población. En enero hubo un reporte de 179 muertes violentas, en febrero 168 y para marzo 177. La tendencia de hechos de violencia en Honduras, se mantiene en abril. Uno de los casos más recientes sucedió el pasado 6 de abril cuando tres jóvenes fueron abatidos a balazos al interior de sus viviendas, en la comunidad El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso, por posibles vínculos con el narcotráfico.
Costa Rica, que por años fue considerada un «ejemplo de seguridad», ha sido golpeada últimamente por la violencia. En el primer trimestre de 2026, las autoridades costarricenses registran un total de 177 homicidios, la mayoría protagonizados por personas vinculadas al crimen organizado o el narcotráfico.
Frente a estos índices de violencia, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández ha expresado su intención de replicar aspectos del plan de seguridad de El Salvador tras evaluar el éxito en la seguridad de este país, el cual antepone los derechos de las víctimas y personas honradas por encima del de los grupos criminales.
La funcionaria costarricense respaldo establecer un mayor control en las cárceles y un combate más fuerte contra las bandas delincuenciales. Tomando como ejemplo a El Salvador, en Costa Rica se construye el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), que es una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En Panamá, el trimestre ha cerrado con cifras alarmantes: más de 120 muertes violentas; según datos de la Policía hubo 42 homicidios en 27 días de marzo.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, ha dicho que más del 90% de estos crímenes están vinculados a estructuras delictivas. Según Fernández, la mayoría de los crímenes responde a conflictos entre pandillas y grupos criminales.
Sobre Nicaragua hay poca información oficial sobre índices de criminalidad. Un reporte de la Policía Nacional, correspondiente al periodo de Semana Santa, del 29 de marzo al 5 de abril, revela que hubo tres muertes violentas. Mientras tanto el Colectivo de Mujeres de Nicaragua, registra cinco feminicidios en los primero tres meses de 2026.
En una reciente entrevista radial, Mauricio Soza, Inspector General de la Policía Nacional, expresó que la tasa de homicidios de Nicaragua es de 4.5 por cada 100,000 habitantes y destacó que su país es «de los más seguros» de Centroamérica, aunque el país está sumido en carencia de libertades en diferentes ámbitos.
El sistema financiero salvadoreño continúa consolidando su papel como principal fuente de financiamiento para la economía. De acuerdo con datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la cartera de créditos alcanzó los $21,056.8 millones al cierre de febrero de 2026, impulsada principalmente por el crecimiento de la banca.
Del total, los bancos concentran la mayor participación, con $19,242.9 millones en préstamos, equivalentes a más del 90 % de la cartera total. Por su parte, los bancos cooperativos registran $1,428.6 millones, mientras que las sociedades de ahorro y crédito (SAC) suman $385.3 millones.
En términos de colocación mensual, durante febrero de 2026 se otorgaron $953.7 millones en créditos a través de bancos, $13 millones mediante bancos cooperativos y $22 millones por parte de las SAC, lo que suma cerca de $989 millones en nuevos financiamientos en el sistema.
Al analizar la estructura del crédito en la banca, se observa que el consumo es el principal destino, con un saldo de $6,067.3 millones. Le siguen el comercio, con $3,082.9 millones, y la adquisición de vivienda, que alcanza los $3,005.8 millones. Estos tres segmentos concentran más de la mitad del crédito bancario.
BH dispone de $3 millones para colocar préstamos, aunque este monto puede variar dependiendo de las solicitudes del producto financiero. Foto: Banco Hipotecario
Otros sectores relevantes dentro de la cartera de los bancos incluyen la industria manufacturera, con $1,796 millones; los servicios, con $1,791.2 millones; y la construcción, con $1,426.2 millones. Asimismo, el financiamiento a electricidad, gas, agua y servicios suma $737.6 millones, mientras que el sector agropecuario registra $409.1 millones.
En el caso de los bancos cooperativos, el crédito también presenta una alta concentración en consumo, con $676.1 millones, seguido por servicios ($163.6 millones) y adquisición de vivienda ($175.3 millones). Destaca además el financiamiento a instituciones financieras, que alcanza $251.5 millones dentro de este segmento.
Por su parte, las sociedades de ahorro y crédito mantienen una cartera más enfocada en consumo, con $197.1 millones, y comercio, con $91 millones. Otros sectores como servicios ($46.5 millones) y transporte, almacenaje y comunicación ($21.4 millones) también forman parte de su estructura crediticia.
En conjunto, los datos reflejan una distribución del crédito donde predominan los segmentos vinculados al consumo, el comercio y la vivienda, mientras que sectores productivos como industria y agropecuario mantienen una participación menor dentro del total del sistema financiero.
Con una cartera que supera los $21,000 millones y un flujo mensual cercano a los $1,000 millones, el crédito continúa siendo un componente clave para la actividad económica en El Salvador, tanto para el financiamiento de los hogares como para la operación de empresas en distintos sectores.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto del congreso emitió ayer dictamen favorable a la iniciativa del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para suscribir un contrato de préstamo en especie (C-062025) con la empresa AGM El Salvador, por un monto de $23.7 millones para el proyecto Suministro e Instalación de Luminarias con Tecnología Led en Tramos Priorizados de la Red Vial a escala nacional.
La ejecución de este proyecto comprende obras en los siguientes tramos: Sacacoyo-Acajutla, periférico Claudia Lars, carretera Troncal del Norte entre San Salvador y Apopa, y carretera de Oro entre Apopa y San Martín, el cual será realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
Para ahondar en detalles del proyecto, la comisión recibió a Marlon Omar Herrera, director general de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda.
«El MOPT determinó que la oferta técnica como económica presentadas por la empresa AGM El Salvador cumple con los criterios establecidos para la aceptación de la mismas; siendo ella quien proveería el financiamiento en especie para el contrato de suministro», explicó.
Herrera agregó: «El objetivo general del proyecto es contribuir para mejorar las condiciones de seguridad vial en las carreteras mejorando la visibilidad nocturna a través de la implementación de un sistema de iluminación con tecnología innovadora en diversos tramos de carretera a escala nacional».
Manifestó que al contar con este tipo de iluminación también se contribuye a reducir la accidentabilidad vial, por lo que el MOPT ha priorizado iluminar los tramos de carreteras antes mencionados; además, dijo que se favorecerán las condiciones de seguridad.
«El beneficio con este proyecto es contribuir al fortalecimiento de la seguridad vial, ya que con la iluminación adecuada de la carretera no solamente se brinda mejora en la infraestructura, sino que se dota de visión nocturna que produzca un entorno más seguro para los automovilistas y peatones», sostuvo.
Expuso que se mejorarán las condiciones para la circulación del tráfico en tiempo, ahorro de costos operativos y movilidad relacionada con el turismo.
«Se beneficia directamente a varios municipios de Sonsonate, La Libertad y de todo el país, porque es nuestra conexión y son nuestras arterias principales con occidente», afirmó Christian Guevara, presidente de la comisión de hacienda.
El legislador cian añadió: «Seguimos apoyando al norte [del país] porque se van a iluminar la Troncal del Norte y carretera de Oro, con alcance de muchas personas que viven en Soyapango, Ilopango y San Martín». Dicho préstamo tendrá un plazo de 48 meses, que se pagarán seis meses después de que el MOPT certifique los avances o entregas del proyecto.
