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El régimen de excepción marcó el antes y después en el país al acabar con las pandillas
El 27 de marzo se cumplen tres años desde que el gobierno del presidente, Nayib Bukele, implementó el régimen de excepción como herramienta constitucional para ponerle fin a la criminalidad de las pandillas y devolverles a los salvadoreños la tan anhelada paz y tranquilidad.
Los resultados de la «guerra contra las pandillas» son históricos, siendo el más destacado la reducción en la cifra de asesinatos que para el 2024 posicionó a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes. El país dejó de ser el más violento del mundo para convertirse en el más pacífico.
Para este 2025, la proyección es reducir aún más este registro, así lo dio a conocer el presidente Bukele al expresar: «De continuar esta tendencia, cerraríamos el 2025 con menos de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes, acercándonos más a nuestra meta de convertirnos en el país más seguro del mundo».
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 -tras una ola de 87 asesinatos cometidos por pandilleros- profundizó los cambios que necesitaba el país y cerró cualquier posibilidad de las maras de reagruparse luego que las estructuras de mando de las maras Salvatrucha (MS), la pandilla 18, la Mao Mao y otros grupos terroristas fueran desarticuladas.
Los alarmantes índices de homicidios con los que terminaba cada año son cosa del pasado, así como las escenas diarias de asesinatos que en los gobiernos de ARENA y del FMLN acumularon más de 100,000 homicidios y una tasa de hasta 106.3 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo registrada en 2015 cuando 6,656 salvadoreños fueron asesinados.
REFORMAS PERMITIERON ACORRALAR A LOS MAREROS
Emprender la guerra contra las pandillas fue algo titánico, pues el gobierno tuvo que echar mano de los recursos legales y operativos para poner tras las rejas a cerca de 87,000 pandilleros entre marzo de 2019 y febrero de 2025, según la última actualización oficial.
La instalación de 12 cercos de seguridad en zonas con mayor presencia de maras le permitió a las fuerzas del orden tomar control de las comunidades y colonias emblemáticas como La Campanera, en Soyapango, donde los pandilleros fueron desterrados.
Con la aprobación del régimen de excepción, se reformaron los cuerpos legales para castigar drásticamente a los cabecillas de maras, colaboradores, financistas y hasta menores de edad vinculados con estos grupos de crimen organizado. La Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por el partido Nuevas Ideas, avaló las reformas sugeridas por el Ejecutivo.
Se estableció, en reformas al Código Penal, que los financistas, dirigentes y organizadores de grupos terroristas sean condenados hasta 45 años de prisión.
En las enmiendas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativa a las Drogas se estableció que los delitos regulados en esta normativa que sean cometidos por pandilleros se condenen hasta con 30 años de cárcel.
Además, se reformó el Código Procesal Penal para garantizar la protección de los jueces; se normó que no serán aplicables medidas alternas ni sustituir la detención en delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión, entre otros.
La ley Contra el Terrorismo y la Ley Penal Juvenil quedaron reguladas de la siguiente manera: formar parte de una organización terrorista será penado hasta con 20 años de cárcel, pero si es cabecilla la pena será de hasta 60 años; también se estableció cárcel de hasta 20 años si se trata de un menor de 16, y hasta 10 años si el joven tiene 12, respectivamente.
Nunca, en la historia de El Salvador los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajaron de forma articulada para defender la vida e integridad de los salvadoreños.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó la necesidad de cortar de raíz el que las pandillas siguieran utilizando menores de edad para cobrar el dinero de la extorsión y alertar sobre el ingreso de policías y soldados a las comunidades con presencia de estos grupos.
«Tenemos que cortar de raíz ese tipo de actividades en las que están reclutando a nuestros niños y jóvenes. Se valen de la intimidación para obligar a la gente a que les colabore, ese círculo es lo que queremos cortar», expuso Delgado en 2022.
BUKELE: «EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN NOS HA PERMITIDO SABOREAR LA PAZ»
En su discurso por sus primeros cuatro años de gestión (2023), el presidente Bukele, comentó ampliamente la transformación que ha tenido el país gracias a haber enfrentado a las pandillas.
«El régimen de excepción nos ha permitido saborear por fin la paz», agregó ante la Asamblea Legislativa.
También mencionó que «al fin los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten». Aseguró que muchas personas tuvieron que ofrendar su vida para lograr lo inimaginable en El Salvador: «vivir en un país seguro».
Destacó que hoy la nueva normalidad que viven las familias es caminar por calles donde antes no se podía por causa de las pandillas; hoy lo hacen sin temor alguno y a cualquier hora del día, dijo el mandatario.
El Gobierno continúa beneficiando a cientos de familias salvadoreñas con una vivienda propia. Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se han invertido $56 millones a través del Programa de Reasentamientos impulsado por el Ministerio de Vivienda, en coordinación con las instituciones del Sistema de Vivienda.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que el programa brinda un espacio seguro, accesible y de calidad, sobre todo a las familias que vivían en zonas de peligro como ríos, quebradas, taludes o cárcavas y que en cada temporada lluviosa tenían que ser albergadas.
«Este esfuerzo [la entrega de viviendas] forma parte del Programa de Reasentamientos, que ya alcanza una inversión de $56 millones, beneficiando a familias en condición de riesgo, vulnerabilidad o afectadas por fenómenos naturales», destacó Sol.
Asimismo, en fechas anteriores, Sol ha mencionado que cuando llegaron al Gobierno encontraron un déficit habitacional elevado, familias que vivían en zonas de alto riesgo y a eso a lo que le han estado apostado durante toda la administración Bukele.
Es importante destacar que, a través de las diferentes modalidades de intervención, el Ministerio de Vivienda brinda una solución habitacional adecuada e integral, procurando el arraigo, el tejido social, redes de apoyo y las mejores condiciones de vida de las familias, garantizando servicios urbanos y escrituras de propiedad.
También, como parte del programa, la ministra informó recientemente que los equipos sociales del Sistema de Vivienda han concluido el censo de las familias de las comunidades de alto riesgo Río Mar y Chilama 1 y 2, a quienes se les ha presentado un proyecto habitacional para su reubicación.
Recientemente, Michelle Sol entregó viviendas a 16 familias de la Lotificación La Aguja, en La Libertad Costa, en el marco de este programa. La inversión social por cada vivienda fue de $35,000, sumando un total de $560,000.
Las viviendas constan de dos habitaciones, sala, comedor, cocina, lavatrastos de acero inoxidable, baño completo, pila, ventanas tipo francesa, puerta balcón y cuentan con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.
En Soyapango, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de José Luis Obando Vásquez, de 38 años, quien ingreso a un local para hurtar 47 teléfonos celulares y otros dispositivos por un monto de $25,000.
Según el informe policial el saqueador se ocultó en un establecimiento contiguo al local y por la noche abrió un agujero para ingresar a la tienda de donde sustrajo los celulares.
Tras cometer el hurto se desplazó por el techo hasta llegar al baño de un restaurante donde permaneció escondido a esperar que abrieran y salir con los aparatos.
La Policía recibió la denuncia de lo hurtado y tras una búsqueda en la zona, equipos de investigadores lo ubicaron y le decomisaron 47 dispositivos.
«Además se encontraron 23 celulares y una tableta en varias partes del establecimiento donde se ocultó. El valor de lo incautado es de aproximadamente $25,000. Será remitido por el delito de hurto», publico la PNC.
El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sea acusado ante un juzgado de paz de ese distrito y enfrente la primera audiencia por el delito de hurto.
El delito de hurto es sancionado con prisión de dos a cinco años si el valor de lo sustraído sobrepasa los $20 y si al momento de acusar la Fiscalía inicia la causa como hurto agravado la pena a imponer es de cinco a ocho años de cárcel.
La medianoche de este martes 24 de marzo, la Marina y la Fuerza Armada de El Salvador difundieron información sobre el rescate de 16 náufragos de nacionalidad ecuatoriana en sus costas. De acuerdo con el reporte, dos de ellos presentaban quemaduras, por lo que fueron trasladados a puerto seguro en la Base Naval de La Unión. El resto arribaría en las próximas horas para verificar su estado de salud y estatus legal.
La noticia se conoció rápidamente en Ecuador, en medio de la desesperación e incertidumbre que viven los familiares de 16 pescadores desaparecidos que viajaban en la embarcación Negra Francisca Duarte II, oriundos de la parroquia San Mateo de Manta y del cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí.
Este reporte internacional ha generado un fuerte impacto entre los allegados, quienes han reactivado sus esperanzas al coincidir el número de náufragos —16— con el de los pescadores reportados como desaparecidos desde el pasado martes 17 de marzo. Ese día, las autoridades de la Armada del Ecuador confirmaron el incendio de la embarcación en altamar, cuando sus tripulantes se encontraban en ruta de retorno hacia puerto.
Familias buscan confirmación oficial
Ante esta situación, la mañana de este martes 24 de marzo, familiares de los pescadores se trasladaron hasta la Capitanía del Puerto de Manta en busca de información oficial. En el lugar, el abogado de las familias, Jorge Chiriboga, indicó que, tras conocer el reporte, intentaron comunicarse con el call center de la Armada de El Salvador sin obtener respuestas claras sobre el rescate de los náufragos.
Por ello, decidieron acudir personalmente a la Capitanía, con el objetivo de que las autoridades ecuatorianas establezcan contacto directo con sus pares en El Salvador y puedan confirmar si los rescatados corresponden o no a los pescadores manabitas desaparecidos.
Con centenares de velas encendidas, los allegados elevaron plegarias por sus parientes perdidos en el océano.
Ecuador
Mientras tanto, los familiares permanecen en los exteriores de la Capitanía, aferrados a la esperanza que hoy vuelve a tomar fuerza, a la espera de una confirmación que podría cambiar el rumbo de esta historia.
