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EEUU y Fundación Gloria de Kriete invertirán $14.2 millones en educación para jóvenes salvadoreños
El gobierno de EE.UU., a través de su Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y la Fundación Gloria de Kriete anunciaron una alianza que permitirá la expansión del Programa Oportunidades, gracias a una inversión conjunta de $14.2 millones que beneficiará la educación de 2,155 jóvenes salvadoreños.
Los fondos (7,1 millones de dólares de USAID y 7,1 millones de dólares de la Fundación Gloria de Kriete) se usarán para operar seis centros Oportunidades: dos en modalidad de tiempo completo, en San Salvador y Santa Ana, y los cuatro restantes, en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel, en modalidad sabatina.
“Nos sentimos sumamente complacidos y agradecidos con este valioso aporte de USAID, que nos permitirá ampliar la cobertura de Oportunidades en el país. La firma de esta alianza entre Oportunidades y USAID ratifica la confianza y validación de parte de la cooperación internacional y nos indica que los resultados que arrojan nuestros programas son positivos en la formación de nuestros jóvenes”, comentó el presidente de la Fundación Gloria de Kriete, Roberto Kriete.
Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O’Brien, dijo que “para el gobierno de los Estados Unidos, esto va más allá de ser una donación. Es una inversión en el futuro de El Salvador y es parte de nuestro compromiso de crear las condiciones adecuadas para que todos los salvadoreños puedan prosperar, aquí en su hogar”.
El Programa Oportunidades cuenta con el apoyo operativo de Ágape y tiene una sólida estructura organizativa y administrativa, con cobertura del 24.8 % del territorio nacional. Atiende a los jóvenes por un período de 5 a 8 años, impactando positivamente en sus vidas, educación, salud y economía familiar.
Los jóvenes del Programa Oportunidades pasan por tres fases: 1) Educación complementaria en bachillerato, donde reciben cursos de formación lingüística, científica, lógica matemática, codificación, computación, inglés, orientación vocacional y valores; 2) Educación superior, técnica o universitaria, en la cual los jóvenes continúan sus estudios superiores en las 21 universidades aliadas donde actualmente se tienen a 1,492 estudiantes, y 3) Intermediación laboral, en la que se desarrolla la Certificación de Empleabilidad, misma que permite que el joven reciba 80 talleres, laboratorios y charlas que los preparan para ingresar al mercado laboral. El resultado de todo este trabajo ha permitido que más de 700 jóvenes hayan ingresado al mercado laboral regional.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
