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Diputados quitan potestad a los médicos de cuidar la salud de los salvadoreños y se la otorgan a los alcaldes
Los partidos políticos de Arena, Fmln, Rodolfo Parker y el PCN decidieron quitarle la potestad al Ministerio de Salud de cuidar la salud de los salvadoreños ante el covid-19, y otorgaron el poder a los alcaldes, quienes decidirán ahora las medidas contra el virus.
Con el decreto legislativo publicado, 607, por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, se deja en manos de los ediles la vida y salud de todas las familias salvadoreñas, como si fueran médicos o personal de salud.
Los diputados de dichos partidos políticos no solo se opusieron a todas las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a los préstamos para combatir la pandemia, sino que además, anulan el Código de Salud que otorga el tema sanitario al único ente rector, el Ministerio de Salud.
Además, impone cárcel por aplicar cercos militares y cercos sanitarios sin contar con el consentimiento de las alcaldías de los municipios afectados.
La Asamblea Legislativa, una oposición ya sin escrúpulos, hizo tal acción cuando en el mundo, El Salvador es reconocido como uno de los países que mejor manejó la pandemia.
Lo hacen, cuando la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció las excelentes acciones que tomó el Gobierno, incluso anticipadamente para contener el virus.
Los legisladores, además, ignoran descaradamente lo que los salvadoreños han manifestado en todas las encuestas, incluso en aquellas que son totalmente opositoras al Presidente Bukele. Nueve de cada diez salvadoreños apoyan el accionar del Gobierno ante la pandemia.
En cambio, colocan una nota de 2.8% de desaprobación a los diputados y a los partidos políticos, a quienes consideran los mayores violadores de las leyes y la Constitución, además de calificarlos de corruptos.
Una imagen que muestra a un perrito viajando a bordo de una coaster de la ruta 109 se volvió viral este martes en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con humor ante la curiosa escena.
La fotografía fue compartida en la página de Facebook “Accidente” y generó diversos comentarios, especialmente porque el servicio de transporte colectivo se encuentra temporalmente gratuito como parte de una medida gubernamental.
Hasta el momento, la publicación ha alcanzado más de 230 reacciones y ha sido compartida en al menos 16 ocasiones, convirtiéndose en un contenido ampliamente comentado por los internautas.
Un equipo de rescate de la Cruz Roja Salvadoreña recuperó el cuerpo de una persona que falleció por inmersión en una pileta ubicada en la finca El Chauite, en el distrito de Jayaque, departamento de La Libertad.
Según informaron las autoridades, la víctima aún no ha sido identificada, pero se presume que padecía de epilepsia, lo que pudo haber sido un factor determinante en el incidente.
La Policía Nacional Civil (PNC) realizó la inspección correspondiente en la escena y descartó indicios de hecho delictivo, tratándose de un caso accidental.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
