Judicial
Denuncian penalmente a Celina de Monterrosa por Falsedad documental agravada y actos arbitrarios, al autorizar ilegalmente el botadero de basura del señor Salume
Hoy por hoy el negocio que generan las cientos de toneladas de basura parecen ser deseadas por empresarios que hacen hasta lo imposible por arrebatarle este servicio a empresas serias, consolidadas y que han demostrado capacidad y responsabilidad en el tratamiento de los desechos.
Vilma Celina de Monterrosa, La Directora General de Evaluación y Cumplimiento del Ministerio del Medio Ambiente (MARN), está en serios aprietos ya que este día ha sido denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber incurrido en distintos delitos.
Es realmente preocupante que se le adjudiquen delitos en los que presuntamente incurrió en falsedad documental agravada y actos arbitrarios. Situación que se dio luego de autorizar y permitir el funcionamiento del Botadero de basura del señor Salume, que se ubica en el cantón Melara del Puerto de La Libertad.
Ante la gravedad que significa el gravísimo daño ambiental que se está generando a cada hora por la falta de tratamiento de los desechos en este botadero, los abogados demandantes han pedido a la fiscalía que se detenga provisionalmente a García de Monterrosa.
Antecedentes que demuestran y comprueban la falta de transparencia
La denuncia establece el «otorgamiento por parte de la Directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del MARN, de un dictamen técnico favorable, insertando documentación falsa para evitar dar cumplimiento a la Ley Ambiental y orden judicial de sancionar a la titular del trámite por funcionar sin permiso ambiental.»
No obstante el permiso ambiental emitido era únicamente de ubicación y construcción; el sitio del Relleno Sanitario, comenzó a recibir los desechos sólidos de múltiples municipios, superando su capacidad instalada y autorizada, lo cual se agravó a partir de los años 2017 y 2018 y a pesar que se realizaron estudios, incluyendo uno ordenado por el Juez Ambiental de San Salvador y realizado por el Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, donde claramente se advirtió que el relacionado sitio estaba operando en infracción del artículo 19 de la Ley de Medio Ambiente.
Recordemos que en 2011, sin cumplir el debido proceso legal y menos el Estudio de impacto ambiental, autorizaron la modificación a Relleno semi mecanizado para tratar hasta 40 toneladas diarias. Al obtener dicha modificación, sorpresivamente se cambia al titular, por lo que deja de ser la Municipalidad y pasa a manos del Sr. Salume. Para el 2013, varias comunidades documentaron que ese proyecto no era viable para su ampliación.
Sin embargo la Denunciada que en esa época se encargaba de ver los temas de ciudadanía en el MARN hizo caso omiso y da el aval para que se autorice la construcción de la ampliación del Relleno Sanitario de El Puerto.
Por lo tanto, la empresa del señor Salume, desde el 2013, ha funcionado violando el Art. 19 de la ley de medio ambiente ya que opera sin permiso de funcionamiento para la fase de ampliación.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
