El Instituto de Bienestar Animal (IBA) en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron la captura de un motorista de la ruta 38-D que atropelló a un perro. Posteriormente, dejó su cuerpo en un basurero en Apopa.

El provocarle dolor o sufrimiento aún animal de compañía es un delito que es sancionado con cárcel, según la nueva reforma de la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal y las reformas al Código Penal de El Salvador.

El hecho fue reportado al IBA a través de una denuncia en redes sociales, donde se reportaban que el canino había sido atropellado en horas de la mañana y solicitaban ayuda veterinaria y dar con el responsable del hecho.

Ante esto, la institución se movilizó al lugar, pero personas de la zona manifestaron que el canino falleció minutos después del accidente y este fue arrojado a un basurero por parte del presunto responsable.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a la dueña del canino, quien relató que el canino por accidente se salió de la vivienda, cuando ella se dirigía a botar la basura.

El chófer de la unidad solo se bajó e hizo a un lado de la calle el cuerpo del canino y posteriormente lo tiró aún basurero del lugar, sin importarle el grave delito que había cometido.

«Se logró identificar al responsable y se obtuvieron las evidencias del hecho, según relato el responsable, el canino se atravesó la calle y no logro esquivarlo», indicó el IBA.

¡ATROPELLADO Y ABANDONADO EN UN BASURERO!

Con absoluta desconsideración por la vida animal, el equipo de @ibaelsalvador, junto a Polipet, procedieron a la detención de un individuo culpable de atropellar y causar la muerte de un inocente perro, para luego abandonar su cuerpo en… pic.twitter.com/louizwcRuE

— Guillermo Hasbun (@GABEHASH) February 14, 2024

El detenido podría ser procesado de acuerdo con la reforma al Código Penal, Art. 261-A, que por acción u omisión provoque o genere maltrato, causándole lesiones, dolor, sufrimiento, daño permanente o menoscaben el bienestar animal, con pena de prisión de 2 a cuatro años.

Además, podría enfrentar una pena de entre 7 a 10 salarios mínimos ($2,555 a $3,650) al cometer una infracción muy grave con base al artículo 63 literal I, de la LEPBA, que sanciona la inadecuada disposición de cadáveres de animales de compañía, en lugares no autorizados que pongan en riesgo la salud pública.