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Autoridades han incautado más de 28.6 toneladas de droga desde 2019
Las fuerzas de seguridad en El Salvador han logrado dar duros golpes contra la narcoactividad en todo el territorio nacional, desde junio de 2019 hasta la fecha, se han incautado a diversas estructuras 28.6 toneladas de diferentes drogas, con lo cual se supera la cantidad de narcóticos confiscados en los cinco años de la última administración del FMLN que totalizaron 23.1 toneladas.
El ministro de la Defensa, René Merino Monroy ha destacado que la droga está valuada en $629.47 millones, entre los tipos de droga se encuentran: cocaína, marihuana y metanfetaminas decomisada en diferentes procedimientos en todo el país. «Seguiremos trabajando en apoyo a la Policía Nacional Civil en el esfuerzo de quitar el financiamiento de estas estructuras y liberar al país de las pandillas», reiteró el funcionario.
De acuerdo con los datos de Seguridad, en 2021, El Salvador destacó debido a su confiscación histórica cuando se decomisaron 11.7 toneladas de estupefacientes, el valor en el mercado de esta superó los $274 millones, mientras que, en 2020, año de la pandemia, las autoridades de Seguridad incautaron de 2.93 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en más de $48 millones.
Para el año pasado, las autoridades superaron la cantidad de droga decomisada en el 2021, incautando 13,020 kilogramos de diferentes drogas valuados en más de $350 millones. Además, el trabajo articulado entre las instituciones permitió las detenciones de más de 40 personas, entre nacionales y extranjeros, vinculados al tráfico internacional de drogas que fueron capturados cuando transportaban fuertes cargamentos de cocaína en altamar.
El Gabinete de Seguridad asegura que los duros golpes al narcotráfico son resultado de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas con las que el país ha «batido récords». Las autoridades aseguran que, a través de las incautaciones de droga, se quita el financiamiento a las estructuras y se debilita su accionar.
«El Gobierno de El Salvador continúa esta lucha frontal contra el narcotráfico no solamente en altamar, sino también en nuestro territorio, algo bien importante de hacer notar, es que durante la administración anterior las incautaciones en tierra fueron casi nulas y ahora a se ha sumado un trabajo fuerte de la Policía Nacional civil haciendo su trabajo en tierra», ha dicho el ministro Merino Monroy.
Uno de los más grandes golpes a la operatividad del narcotráfico internacional se ejecutó el 14 de noviembre de 2022, cuando las fuerzas de seguridad interceptaron una narcolancha que transportaba 3.1 toneladas de droga valuada en $77 millones. El cargamento fue localizado a 470 millas náuticas -unos 870 kilómetros- al sudoeste del Puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate.
«Los narcotraficantes hundieron la embarcación, pero nuestras tropas lograron recuperar la droga, para que esta no pueda ser rescatada luego por el narco. Esta es la incautación más grande del año y hace que el 2022 supere en cantidad de droga incautada en 2021 y 2020», expuso en esa ocasión el presidente de la República, Nayib Bukele.
Durante el operativo se detuvo a tres ciudadanos ecuatorianos que fueron identificados como: Gluber David Alay Reyes, Julio César Delgado Molina y Jorge Luis Mero, quienes están presos a la espera del juicio por tráfico internacional de drogas.
Principal
Presidente Bukele presenta medida que otorgará un ingreso extra del 50 % del salario en enero
El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto denominado Ley Quincena 25, una medida que busca fortalecer el bolsillo de las familias salvadoreñas, al tiempo que pretende estabilizar la economía del país.
El mandatario explicó que este ingreso es complementario equivalente al 50 % del salario mensual, el cual, se pagará entre el 15 y 25 de enero a cada trabajador del sector público y privado, cuyo pago es de hasta $1,500.
Además, aclaró que este beneficio económico en ningún momento sustituirá el pago del salario ni se deducirá de los pagos de renta, ISSS, ni AFP y que tampoco podrá ser embargado.
El mandatario señaló que la normativa que regula este beneficio será implementada, primero, por el Gobierno central a partir de enero de 2026 a empleados públicos.
Agregó que en el caso del sector privado «la implementación será gradual, responsable y enfocada en proteger el empleo».
Afirmó que para este año «el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto Sobre la Renta», de esa manera se garantiza la protección del empleo y la estabilidad económica.
«Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país», puntualizó el gobernante.
La implementación de esta normativa cuenta con el respaldo de las diferentes gremiales empresariales del país, así como el apoyo de las organizaciones de los trabajadores e instancias como la mesa tripartita del salario mínimo.
En enero de cada año la mayoría de los trabajadores lo inician con limitaciones económicas, pues durante diciembre han incurrido en diferentes gastos por las festividades de la época, por lo que inicia mes sin los fondos habituales con los que suele hacerlo.
El poder adquisitivo de las familias se reduce significativamente, por lo que en esas circunstancias muchas no lograr cubrir algunas necesidades por la falta de recursos económicos. Esto a su vez tiene un efecto negativo para la economía en general, pues los ciudadanos reducen su consumo a lo esencial.
En tal sentido, esta normativa contempla el pago de una quincena salarial a cada trabajador, de ahí su nombre «Ley Quincena 25».
De esa manera, enero pasará de ser el mes más ajustado para la economía familiar a convertirse en uno de los más rentables para los trabajadores y, consecuentemente, para el país, según lo anunciado por el Gobierno de Bukele.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, desde la noche del miércoles, se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño. Este nuevo incremento de vientos podría generar ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del país.
El Marn explicó que el nuevo ciclo de vientos nortes podría tener influencia sobre El Salvador hasta el viernes 16 de enero.
«Para la noche del día miércoles 14 de enero se esperan Vientos Nortes con velocidades promedio entre 10 a 25 km/h y ráfagas de entre 40 y 60 km/h, que se podrían extender hasta la madrugada el día viernes 16», agregó el informe de Medio Ambiente.
Además, agregaron que estas condiciones climáticas se deben a «un frente frío y la alta presión que lo acompañan incursionan sobre el Caribe provocando vientos nortes».
El pandillero José Roberto Crespín Hércules, alias Joker, fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de un empresario.
De acuerdo con la acusación fiscal, en 2008, Crespín y otros pandilleros abordaron un microbús propiedad de la víctima, de donde sustrajeron dinero y posteriormente agredieron físicamente a su hijo. Mientras los sujetos huían, la víctima interceptó a uno de ellos y le propinó una paliza.
Durante el juicio se estableció que, «como represalia, el 6 de mayo de 2008, en la colonia Valle del Sol, jurisdicción de Apopa, alias Joker, junto con otros miembros de la estructura criminal, -Crespín Hércules- vigiló y ubicó a la víctima cuando se conducía en uno de los microbuses y le quitó la vida con arma de fuego», detallaron fuentes judiciales.
Las extorsiones y el asesinato de transportistas eran parte común el accionar de las pandillas en El Salvador cuando controlaban diversos territorios. Hasta antes del 2019, este sector pagaba anualmente entre $12 a $34 millones en concepto de extorsión, además fueron víctimas de atentados armados como diariamente sucedía en los gobiernos de ARENA y FMLN.
Sin embargo, actualmente, representantes del sector transporte han asegurado que gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción han logrado una reducción del 100% de lo que entregaban de extorsión cada año a pandilleros.
