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Alcaldía de San Salvador busca contratar un árbitro para no pagar deuda con empresa MIDES
La Alcaldía de San Salvador busca contratar un árbitro que los favorezca en el caso del impago de $2.8 millones que mantiene con la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), según manifiestan la parte acusadora.
En lo que va del año la Alcaldía enfrenta un proceso legal por no cancelar una deuda residual de $2 millones 850 mil dólares en concepto de la recolección y almacenamiento de desechos sólidos por una deuda residual desde el 2018.
La deuda residual se refiere a que la alcaldía algunas veces hizo pagos incompletos y otras veces no pagó las facturas con una irregularidad que inició en el 2018, es decir ya durante la gestión del actual alcalde Ernesto Muyshondt.
En el proceso se había acordado realizar un proceso de arbitraje, que es un mecanismo en el que las partes difieren su solución a un tribunal arbitral que finalmente tendrá la facultad de pronunciar una decisión final.
Un árbitro es elegido por cada parte; sin embargo deben tener un perfil de «idoneidad» y la parte acusadora señala que la Alcaldía busca contratar a un árbitro que los beneficie con su intervención.
“Extrañamente solicitan a un árbitro que favorezca y defienda sus intereses, desnaturalizando el objeto de la ley Arbitral que debe ser una persona proba e imparcial”, señaló uno de los abogados de MIDES
Este sería el segundo método que ponen en marcha para saldar la deuda, anteriormente la alcaldía se comprometió a realizar pagos de forma gradual; sin embargo solo hicieron un abono y no volvieron a cumplir con sus obligaciones.
La parte acusadora señala que «existen demasiadas irregularidades» en el proceso de arbitraje y por eso interpuso una denuncia contra el concejo municipal y el alcalde Muyshondt ante la Fiscalía General de la República (FGR) a finales de Abril.
Los representantes legales de MIDES señalan que la gravedad del impago reside en que son fondos que la alcaldía recolectó en las tasas municipales que se le cobran a todos los ciudadanos de San Salvador y esos fondos deben ser usados exclusivamente para eso por lo que señalan que han cometido un delito.
La denuncia que está interpuesta en la FGR es por el delito de malversación de fondos que pesa en contra de cada uno de los concejales y del alcalde por no cancelar la deuda.
La Marina Nacional de El Salvador alcanzó un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional al interceptar una embarcación a 1,150 millas náuticas (2,130 km) de la costa, transportando 1,795 kilos de cocaína, valuados en más de 44.8 millones de dólares.
El presidente Nayib Bukele informó que en la embarcación fueron capturados tres narcotraficantes ecuatorianos. Con esta incautación, entre 2024 y lo que va de 2025, las autoridades suman 39 toneladas de droga decomisadas, con un valor superior a 977 millones de dólares.
«Un golpe contundente al narcotráfico internacional. Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo», señaló el mandatario. En los próximos días se presentarán a los detenidos y la droga incautada.
El gobierno salvadoreño se ha destacado en los últimos años por frenar el flujo de droga en la región mediante importantes incautaciones en alta mar, dentro del operativo conocido como «muralla del Pacífico».
Este 2025 ha sido histórico: en seis meses, las autoridades ya superaron la cantidad total de droga incautada durante todo 2024, cuando se decomisaron 17.2 toneladas. Hasta junio de este año, se habían incautado 18.1 toneladas de diversos estupefacientes, valoradas en 449.2 millones de dólares.
Desde el inicio de la administración Bukele, se han incautado 71.6 toneladas de drogas, equivalentes a 1,682.7 millones de dólares.
Un accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles en el distrito de Jayaque, La Libertad, dejó únicamente daños materiales, según reportes en redes sociales.
Imágenes del hecho muestran que el conductor impactó contra una vivienda, ocasionando daños considerables en la estructura. No se reportaron víctimas.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
