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Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez García, en desobediencia judicial por evadir pago de $1.4 millones de dólares A MIDES
Una nota de El Diario de Hoy, evidencia que además de incumplir con el pago de la deuda existente a favor de MIDES, la municipalidad de Apopa contrató la empresa Grupo JOB, para brindar el servicio de recolección y transporte de basura que tenía contrato vigente.
El pasado 17 de febrero del presente año, el periódico “El Diario de Hoy” publicó una noticia titulada “La sospechosa ‘emergencia’ de Apopa” en la que se exponía la forma irregular en la cual la municipalidad de Apopa, representada por la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez García, emitió un “estado de emergencia ambiental” que ha venido renovando y que se utilizó como argumento para evadir los controles legales de la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) para contratar a la empresa GRUPO JOB y que se ocupe del servicio de transporte y recolección de la basura del municipio, pese a que previamente Apopa ya tenía contratado el mismo servicio con MIDES.
Crisis en la recolección de la basura y malversación de fondos.
Ha sido recurrente durante la actual administración municipal en Apopa, las quejas de los habitantes en los barrios y colonias de esa ciudad por la deficiente recolección de basura y la forma en que los desechos se acumulan en las principales calles del municipio.
De acuerdo a una fuente municipal que habló bajo condición de anonimato el problema de la recolección de la basura en la ciudad de Apopa viene heredada de la anterior administración que deliberadamente incumplió el contrato existente con MIDES, para la recolección y el transporte de la basura en el municipio, con la finalidad de romper unilateralmente el contrato como finalmente sucedió. Por este hecho se confirmó que MIDES inició un arbitraje contra la Alcaldía de Apopa, que además incluía los impagos por el servicio de disposición final de la basura en el Relleno Sanitario de Nejapa, resultando la municipalidad condenada en sentencia arbitral durante el año 2021, es decir bajo la batuta de la alcaldesa Jennifer Juárez. El Tribunal Arbitral condenó a Apopa a pagar un aproximado de $1.4 millones de dólares a favor de MIDES, por tales incumplimientos.
Consultado al respecto un apoderado legal de MIDES, confirmó los datos del fallo arbitral y explicó que el monto llegó a la suma de $1.4 millones de dólares, porque las autoridades municipales emplearon los fondos percibidos por la tasa municipal que era exclusiva para el servicio de disposición final de la basura en otros fines, lo que constituye el delito de malversación, que ha sido denunciado ante la Corte de Cuentas de la República y que en los próximos días también será denunciado este hecho ante la Fiscalía. El abogado advirtió que los Alcaldes deben comprender que el hecho que MIDES realice sus reclamos de pagos por vía judicial o arbitral no excluye que fiscalía investigue las denuncias que se presentan, porque el delito de malversación se comete en el momento en que el Alcalde o funcionario delegado de la municipalidad le da un destino distinto a los fondos municipales que el legalmente previsto.
También afirmó que se denunciará a la Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez García, por el delito de desobediencia, establecido en el art. 322 del Código Penal, ya que en múltiples ocasiones ha incumplido la orden del Juzgado Civil de Apopa que está ejecutando la sentencia arbitral y le ha impuesto la obligación de incorporar en el presupuesto municipal los fondos respectivos para dar cumplimiento al adeudo por casi $1.4 millones de dólares; no obstante en 2022 la alcadesa no obedeció el mandato judicial y nuevamente en 2023 pese a ser requerida por el Juzgado para que comprueba que cumplió la orden, todo han sido evasivas a la fecha.
El art. 322 del Código Penal describe que comete el delito de “Desobediencia” el funcionario que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencia, dictadas dentro del ámbito de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo por igual tiempo.
Esquema repetido de generar infundados “estados de emergencia” para contratar fuera de la LACAP.
Este medio en investigación periodística ha podido constatar que distintas municipalidades han aplicado el mismo esquema de declarar “estados de emergencia” para realizar contrataciones de servicios sin aplicar la LACAP, que recientemente quedó derogada a la espera de la entrada en vigencia de la nueva ley de contratación del Estado.
Así ocurrió con la municipalidad de Santa Tecla, durante la administración de Roberto d’Aubuisson (ARENA) que en 2017 declaró estado de emergencia para contratar a una empresa de Salume para el servicio de disposición final de la basura, pese a tener contrato vigente con MIDES. Una auditoría de Corte de Cuentas arrojó que el estado de emergencia carecía de fundamento legal y de hecho y que la empresa propiedad de Salume contratada y que cobró más de $1 millón de dólares carecía de permiso ambiental para cumplir con el compromiso contratado.
Recientemente se ha conocido del caso de la municipalidad de San Vicente, quien contrató en enero 2023 a la empresa CONSTRUPHER, S.A, bajo el argumento de una “emergencia” ocurrida en diciembre 2022, lo que provocó el uso de un inmueble como botadero a cielo abierto, del que se ha emitido una orden del Juzgado Ambiental para que sea clausurado de forma definitiva.
En similar situación está la alcaldía de Ilopango, que bajo una artificiosa “emergencia” rompió el contrato con la empresa que le prestaba el servicio de disposición final de la basura y ahora los traslada al botadero propiedad de Salume en el Puerto de La Libertad.
Y el último caso es el del Alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, recientemente denunciado por MIDES por el delito de malversación ante el impago de una suma superior a $900 mil dólares y que pretende justificar que no existe delito con el argumento que la empresa ya inició un arbitraje, lo que de acuerdo a diversos abogados consultados no es viable, ya que la acción penal en este caso no va amarrada al resultado del cobro de la deuda por parte de la empresa. El delito de malversación se cometió al momento en que el Alcalde habiendo recibido fondos de los contribuyentes en concepto de la tasa municipal para la disposición final de la basura, no realizaron el pago del servicio y usaron esos fondos para otro fin, distinto al que dispone la ordenanza.
El sector turismo en El Salvador continúa posicionándose como un motor clave para la economía nacional y un punto de atracción cada vez más diverso a nivel internacional.
De acuerdo con la ministra de Turismo, Morena Valdez, el aporte del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) del país se ha duplicado en los últimos años, pasando del 5 % al 10 % en 2024.
Las autoridades señalan que este comportamiento refleja no solo una recuperación tras la pandemia, sino una consolidación del sector dentro de la economía salvadoreña.
A este desempeño se suma la generación de divisas. Solo en 2025, El Salvador reportó más de $3,600 millones en ingresos provenientes de visitantes internacionales.
«ONU turismo nos colocó como uno de los tres países del mundo que más creció después de la pandemia, el sector turismo pasó de representar el 5 % del PIB al 10 % en el 2024; en el 2025 se generaron más de $3,600 millones en ingresos de divisas a través de los visitantes internacionales que vinieron de los diferentes países», detalló Valdez en la entrevista que brindó a radio Punto 105.
Durante Semana Santa, el país recibió 208,000 visitantes internacionales, en la que Guatemala se posicionó como el principal emisor de turistas, con 114,000 visitantes, equivalente al 54 % del total.
Le siguieron Honduras, con 39,000 turistas (19 %), y Estados Unidos, con 36,000 (17 %), mientras que 19,000 visitantes provinieron de otras partes del mundo.
«El presidente Nayib Bukele ha tenido esta gran visión, le estamos apostando al mercado centroamericano, porque sabemos que hay un contexto mundial donde los europeos y norteamericanos están viajando menos, y hemos aumentado visitas de sudamericanos y nuevos mercados como México y Colombia. Están buscando este nuevo destino llamado El Salvador, vienen porque se sienten seguros», añadió.
Durante las vacaciones de Semana Santa, más de 120 profesionales de la Defensoría del Consumidor llevaron a cabo inspecciones en diferentes comercios con el fin de garantizar los precios de los productos a la venta así como revisar que no estén vencidos, informó en la Entrevista AM el titular de la institución, Ricardo Salazar.
En total fueron 555 verificaciones en diferentes puntos; siendo uno de los principales aspectos de incumplimiento, la falta de información sobre los mecanismos de atención y el segundo hallazgo, la detección de producto vencido en 63 casos.
«La mayoría de productos vencidos detectados fueron identificados en cocina», dijo Salazar. Indicó que la Defensoría también atendió denuncias de empresas de alquiler de vehículos por cargos no anunciados.
El funcionario dijo que tras estos hallazgos se impondrán sanciones en función de la afectación que generen al consumidor. «La Ley de Protección al Consumidor establece que las sanciones muy graves pueden derivar hasta los 500 salarios mínimos», aclaró.
En lo que va del año, la Defensoría del Consumido ya ha realizado más de 6,700 verificaciones y solo durante el primer trimestre impuso multas por más de 900 mil dólares.
Los 17 parques nacionales y el espacio turístico administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) recibieron 271,130 visitantes durante el período vacacional de Semana Santa.
Según explicó la presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, durante esta temporada se superó la meta proyectada que era de 250,000, lo que representó un crecimiento del 2.2 % comparado con el año pasado, cuando se totalizaron 265,332 visitantes.
«Estamos muy satisfechos por haber alcanzado la meta, pero con la responsabilidad de que hemos sobrepasado esta cantidad de visitantes, seguiremos dándole ese mantenimiento a nuestros parques nacionales», afirmó Aguiñada.
La funcionaria detalló que el Parque de Diversiones Sunset Park fue el destino del ISTU más visitado durante la temporada, debido a la programación variada como el concierto de los Rabanes, entre otras actividades.
En segundo lugar del top se posiciona el Parque Recreativo Apulo, el cual fue «la sensación» luego de inaugurar sus puertas el pasado lunes 30 de marzo. «Las familias salvadoreñas, al igual que nuestros hermanos centroamericanos y extranjeros de diferentes partes del mundo que llegaron a conocer el parque Apulo quedaron fascinados», explicó la funcionaria.
Asimismo, afirmó que el Parque Recreativo Amapulapa, en San Vicente, fue el tercer destino con mayor afluencia de visitantes, mientras que el Parque Natural Puerta del Diablo fue el cuarto lugar.
El quinto lugar fue el Parque Natural Cerro Verde, con su clima fresco, es un destino ideal para compartir en familia y explorar el turismo de aventura.
«Hemos tenido un resultado bastante positivo. La verdad es que las familias salvadoreñas y extranjeros que disfrutaron nuestros parques del ISTU la pasaron como nunca», comentó la presidenta del ISTU.
Por otra parte, aseguró que los precios en los parques van desde $1.50 en adelante, y remarcó que cuentan con políticas de exoneración para entrar gratis los miércoles, si alguna comunidad o centro educativo decide hacer una excursión.
La presidenta del ISTU informó también que durante el período vacacional más de 800 personas hicieron uso del servicio de buses alegres. «Hubo una gran cantidad de personas que se movilizaron en la semana», comentó.
Agregó que para esta temporada se amplió el servicio de jueves a domingo donde se visitó diferentes playas del país como El Espino, Barra de Santiago, Costa del Sol, y el Cerro Verde, la Ruta de las Flores, entre otros destinos.
