Judicial
Juzgado impone 30 años de cárcel a feminicida
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres emitió un fallo de carácter condenatorio contra el imputado Juan Antonio Arévalo, quien fue condenado a la pena principal de prisión de 30 años, y como responsabilidad civil, se le condenó a la cantidad de $2,500 dólares, por el delito de feminicidio agravado.
El delito está previsto y sancionado en los Arts. 45 literales a y c, relacionados con el Articulo 46 literal a, ambos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en perjuicio de una mujer adulta, cuya identidad se omite en virtud de la reserva contenida en el artículo 57 literal e, de la misma normativa.
Según el Tribunal Especializado, los hechos sucedieron a la noche del 28 de junio de 2017, en casa de habitación de la víctima, ubicada en la Residencial Altavista, jurisdicción de Tonacatepeque, en San Salvador.
Según la FGR, el imputado Juan Antonio Arévalo, quien formaba parte de la Corporación Policial, disparo su arma de equipo en contra de la víctima, ocasionándole heridas graves.
La víctima fue trasladada al Hospital Nacional de San Bartolo, he ingresándola con diagnostico reservado, pero debido a la gravedad de las lesiones de bala, falleció 2 semanas después en el Hospital General del Seguro Social. Las pruebas aportadas por el Ministerio Publico fueron suficientes y contundentes para establecer la autoría del imputado y emitir una pena de 30 años de prisión.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
