Internacionales
Terribles imágenes de “masacre” en cárcel de Venezuela tras motín
Decenas de reclusos murieron hoy durante el motín e intento de fuga masivo en el centro penitenciario de Los Llanos en Guanare, capital del estado occidental de Portuguesa. Se trata de la primera masacre en una cárcel venezolana durante la coronacrisis.
Fuentes militares confirmaron a medios chavistas que 41 presos fueron abatidos durante el presunto intento de fuga y nueve resultaron heridos, aunque medios locales elevan la cifra hasta el medio centenar y más de 50 heridos. Los familiares, protegidos con tapabocas, esperan desde hace horas en los exteriores del recinto para conocer la identidad de las víctimas.
El relato oficial describe que los presos apuñalaron en la cabeza y en la espalda al director de la cárcel y luego intentaron huir. La actuación de los militares provocó la masacre, durante la cual sólo una sargento resultó herida entre las fuerzas del orden. “Los internos rompieron las rejas de seguridad del perímetro e intentaron alcanzar la calle, enviando adelante a internos desarmados y sin protección, quienes cayeron al intentar fugarse del penal”, describe de forma confusa la nota informativa de la Guardia Nacional Bolivariana.
“Se ha registrado presuntamente el asesinato de varios privados de libertad”, develó Humberto Prado, director de la ong Una Ventana Para La Libertad y comisionado de derechos humanos de la presidencia encargada. El Parlamento ha iniciado una investigación “con el objeto de establecer la verdad y confirmar el número de muertos”, precisó Prado.
Los heridos fueron trasladados hasta el hospital Doctor Miguel Oraá en Guanare, cuyas urgencias están colapsadas por el número de heridos y la gravedad de sus lesiones. Ya antes de la masacre, este centro médico carecía de insumos médicos y sus instalaciones mostraban un deterioro avanzado.
“La situación en el hospital de Guanare tras la situación del retén (cárcel) evidencia el colapso del sistema de salud”, denunció la diputada Larissa González. Las imágenes que se filtraron a través de las redes sociales confirman la crudeza de los sucesos violentos.
“La situación en el hospital de Guanare tras la situación del retén (cárcel) evidencia el colapso del sistema de salud”, denunció la diputada Larissa González. Las imágenes que se filtraron a través de las redes sociales confirman la crudeza de los sucesos violentos.
“Otra masacre ejecutada por la tiranía, ahora en una cárcel de Guanare. La principal responsable del hacinamiento, el asesinato de reos y las mafias enquistadas en los centros de reclusión es Iris Varela, una delincuente que propició la destrucción de las instituciones del país”, disparó la fiscal rebelde Luisa Ortega desde su exilio en Bogotá.
Varela, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, es una conocida aliada radical de Nicolás Maduro, encargada de las prisiones desde hace casi una década. Al igual que todas las cárceles del país, Los Llanos sufre un hacinamiento extremo: 2500 presos para unas instalaciones construidas para 750. “Los privados de libertad habían levantado su voz por la falta de atención médica y alimentación”, añadió Prado.
En 2018, 68 presos murieron por quemaduras o balazos durante la represión suscitada en el interior de la comisaría de Valencia, a dos horas de Caracas. Un año después, una treintena de reclusos falleció en Acarigua, ciudad cercana a Guanare, también en la zona de los llanos venezolanos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
Autoridades penitenciarias de Honduras descubrieron un arsenal en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde pandilleros ocultaban armamento de guerra y equipo de vigilancia.
El hallazgo se realizó en una cocina del pabellón que era ocupado por miembros de pandillas, días después de que más de 160 reclusos de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad.
Entre los objetos decomisados figuran un lanzacohetes RPG-7, dos fusiles AK-47, un fusil lanzagranadas, una pistola 9 milímetros, municiones, chalecos antibalas, gorros pasamontañas, cinco cámaras de seguridad, 40 enrutadores de internet, dinero en efectivo y drogas.
“¿Contra quién iban a pelear?”, cuestionó el coronel Ramiro Muñoz, director del Instituto Penitenciario, durante la presentación del material incautado.
Las cárceles hondureñas han sido calificadas por las propias autoridades como “bombas de tiempo”, debido al hacinamiento y su función como centros de operaciones del crimen organizado y las pandillas.
Internacionales
Brasil suspende producción en planta embotelladora de Coca-Cola por posible contaminación
El gobierno de Brasil suspendió de forma preventiva la producción y embotellamiento en una planta de la empresa Solar, segunda mayor fabricante de bebidas de Coca-Cola en el país, ubicada en el estado de Ceará (noreste), tras detectar una posible contaminación en el proceso industrial.
La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, quien detalló que unos nueve millones de litros de bebidas permanecen retenidos en la planta mientras se realizan análisis para determinar si hubo contacto del producto con un líquido utilizado en el sistema de refrigeración.
Fávaro aseguró que, pese a la suspensión, “no hay riesgo para la población”, ya que la refrigeración en dicha planta se realiza con etanol alimenticio y agua. No obstante, destacó que la decisión fue tomada con carácter preventivo para garantizar la seguridad del consumo.
La paralización fue ordenada la noche del martes, luego de identificarse una posible falla en el sistema que podría haber provocado una mezcla del refrigerante con el producto.
En un comunicado conjunto, Solar y Coca-Cola Brasil confirmaron la suspensión temporal de la producción y señalaron que están realizando exámenes rigurosos para garantizar la seguridad de sus bebidas.
Una vez concluidos los análisis, si se descarta la presencia de contaminantes, la empresa podrá reanudar sus operaciones y distribuir los productos retenidos, añadió el titular de Agricultura.
