Internacionales
Se registraron saqueos y violentas protestas en Haití para exigir la salida del primer ministro Ariel Henry
La tensión aumenta hora a hora en Haití, donde este viernes se registraron saqueos y miles de personas manifestaron para exigir la salida del poder del primer ministro, Ariel Henry.
Esta es la condición que ponen los manifestantes para abandonar las calles, hoy envueltas de nuevo en el humo de neumáticos, barricadas y locales ardiendo tanto en Puerto Príncipe como en otras localidades como St. Marc y Gonaïves.
Las protestas son cada vez más violentas en diferentes partes del país, donde se registran saqueos a organismos públicos, empresas privadas e, incluso, organizaciones humanitarias e instituciones internacionales.
En Gonaïves, ciudad del noroeste de Haití donde reina el caos, las dependencias de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) fueron saqueadas, al igual que varios centros de enseñanza como el Inmaculada Concepción (CIC), el Santa Familia o la universidad pública UPAG, y también la productora de bebidas gaseosas La Brasserie de la Couronne.
La víspera fueron Caritas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) los atacados en esta localidad.
“Es simplemente inaceptable. Los insumos básicos saqueados deberían alimentar cerca de 100.000 escolares hasta finales de año y proporcionar ayuda de emergencia a las familias más vulnerables de Haití”, denunció en un comunicado el director del PMA en Haití, Jean-Martin Bauer.
También la localidad de Saint-Marc (oeste del país) sufrió saqueos: los manifestantes se llevaron todo lo que encontraron a su paso y destrozaron la sede regional de la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ONA), así como locales de transferencia de dinero o de telefonía móvil.
En Les Cayes, en el sur de Haití, una sucursal bancaria fue atacada por unos manifestantes que exigían al Gobierno dar marcha atrás en su decisión de subir por segunda vez en menos de un año el precio de los combustibles.
Frente a ello y en un intento de impedir que los saqueos y el vandalismo vayan a más, en las redes sociales la Policía Nacional instó a “respetar los límites definidos por la ley en lo que respecta a los movimientos de protesta realizados en las calles” y alertó de que “no tolerará ningún ataque a la vida de las personas ni actos reprobables”.
A las ya habituales imágenes de barricadas ardiendo en carreteras principales y secundarias, en Puerto Príncipe se suman estos días las de decenas de personas deambulando por las calles con todo tipo de recipientes para conseguir algo de agua, dada su escasez.
La falta de agua potable se debe a que los vehículos no pueden circular producto de las barricadas y los quioscos de bebidas están cerrados en una ciudad que se encuentra totalmente paralizada.
En los pocos centros de distribución de agua abiertos, frente a los que se forman largas colas, solo los más fuertes logran conseguir el codiciado líquido.
Al margen, Puerto Príncipe fue escenario también hoy de masivas manifestaciones en las que miles de personas pidieron la salida de Henry, a quien consideran incapaz de resolver la crisis que atraviesa el país y que puede verse agravada con el anunciado aumento de los precios de los combustibles.
Cuando esta medida entre en vigor -todavía no se sabe cuándo- ello provocará un incremento de los precios del transporte y de los productos de primera necesidad en un país donde más del 40% de la población sufre inseguridad alimentaria y 4,9 millones de personas (un 43%) necesitan ayuda humanitaria.
Inmerso desde hace años en una crisis sociopolítica y económica, Haití vio agravarse aún más su situación tras el magnicidio en julio pasado del entonces presidente Jovenel Moïse.
A ello se suma la batalla que libran las bandas armadas en Puerto Príncipe y sus alrededores, que ha causado ya la muerte de al menos 300 personas y la huida de la zona capitalina de unas 3.000.
(Con información de EFE)
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
