Internacionales
Se registraron saqueos y violentas protestas en Haití para exigir la salida del primer ministro Ariel Henry
La tensión aumenta hora a hora en Haití, donde este viernes se registraron saqueos y miles de personas manifestaron para exigir la salida del poder del primer ministro, Ariel Henry.
Esta es la condición que ponen los manifestantes para abandonar las calles, hoy envueltas de nuevo en el humo de neumáticos, barricadas y locales ardiendo tanto en Puerto Príncipe como en otras localidades como St. Marc y Gonaïves.
Las protestas son cada vez más violentas en diferentes partes del país, donde se registran saqueos a organismos públicos, empresas privadas e, incluso, organizaciones humanitarias e instituciones internacionales.
En Gonaïves, ciudad del noroeste de Haití donde reina el caos, las dependencias de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) fueron saqueadas, al igual que varios centros de enseñanza como el Inmaculada Concepción (CIC), el Santa Familia o la universidad pública UPAG, y también la productora de bebidas gaseosas La Brasserie de la Couronne.
La víspera fueron Caritas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) los atacados en esta localidad.
“Es simplemente inaceptable. Los insumos básicos saqueados deberían alimentar cerca de 100.000 escolares hasta finales de año y proporcionar ayuda de emergencia a las familias más vulnerables de Haití”, denunció en un comunicado el director del PMA en Haití, Jean-Martin Bauer.
También la localidad de Saint-Marc (oeste del país) sufrió saqueos: los manifestantes se llevaron todo lo que encontraron a su paso y destrozaron la sede regional de la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ONA), así como locales de transferencia de dinero o de telefonía móvil.
En Les Cayes, en el sur de Haití, una sucursal bancaria fue atacada por unos manifestantes que exigían al Gobierno dar marcha atrás en su decisión de subir por segunda vez en menos de un año el precio de los combustibles.
Frente a ello y en un intento de impedir que los saqueos y el vandalismo vayan a más, en las redes sociales la Policía Nacional instó a “respetar los límites definidos por la ley en lo que respecta a los movimientos de protesta realizados en las calles” y alertó de que “no tolerará ningún ataque a la vida de las personas ni actos reprobables”.
A las ya habituales imágenes de barricadas ardiendo en carreteras principales y secundarias, en Puerto Príncipe se suman estos días las de decenas de personas deambulando por las calles con todo tipo de recipientes para conseguir algo de agua, dada su escasez.
La falta de agua potable se debe a que los vehículos no pueden circular producto de las barricadas y los quioscos de bebidas están cerrados en una ciudad que se encuentra totalmente paralizada.
En los pocos centros de distribución de agua abiertos, frente a los que se forman largas colas, solo los más fuertes logran conseguir el codiciado líquido.
Al margen, Puerto Príncipe fue escenario también hoy de masivas manifestaciones en las que miles de personas pidieron la salida de Henry, a quien consideran incapaz de resolver la crisis que atraviesa el país y que puede verse agravada con el anunciado aumento de los precios de los combustibles.
Cuando esta medida entre en vigor -todavía no se sabe cuándo- ello provocará un incremento de los precios del transporte y de los productos de primera necesidad en un país donde más del 40% de la población sufre inseguridad alimentaria y 4,9 millones de personas (un 43%) necesitan ayuda humanitaria.
Inmerso desde hace años en una crisis sociopolítica y económica, Haití vio agravarse aún más su situación tras el magnicidio en julio pasado del entonces presidente Jovenel Moïse.
A ello se suma la batalla que libran las bandas armadas en Puerto Príncipe y sus alrededores, que ha causado ya la muerte de al menos 300 personas y la huida de la zona capitalina de unas 3.000.
(Con información de EFE)
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
