Internacionales
Se registraron saqueos y violentas protestas en Haití para exigir la salida del primer ministro Ariel Henry
La tensión aumenta hora a hora en Haití, donde este viernes se registraron saqueos y miles de personas manifestaron para exigir la salida del poder del primer ministro, Ariel Henry.
Esta es la condición que ponen los manifestantes para abandonar las calles, hoy envueltas de nuevo en el humo de neumáticos, barricadas y locales ardiendo tanto en Puerto Príncipe como en otras localidades como St. Marc y Gonaïves.
Las protestas son cada vez más violentas en diferentes partes del país, donde se registran saqueos a organismos públicos, empresas privadas e, incluso, organizaciones humanitarias e instituciones internacionales.
En Gonaïves, ciudad del noroeste de Haití donde reina el caos, las dependencias de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) fueron saqueadas, al igual que varios centros de enseñanza como el Inmaculada Concepción (CIC), el Santa Familia o la universidad pública UPAG, y también la productora de bebidas gaseosas La Brasserie de la Couronne.
La víspera fueron Caritas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) los atacados en esta localidad.
“Es simplemente inaceptable. Los insumos básicos saqueados deberían alimentar cerca de 100.000 escolares hasta finales de año y proporcionar ayuda de emergencia a las familias más vulnerables de Haití”, denunció en un comunicado el director del PMA en Haití, Jean-Martin Bauer.
También la localidad de Saint-Marc (oeste del país) sufrió saqueos: los manifestantes se llevaron todo lo que encontraron a su paso y destrozaron la sede regional de la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ONA), así como locales de transferencia de dinero o de telefonía móvil.
En Les Cayes, en el sur de Haití, una sucursal bancaria fue atacada por unos manifestantes que exigían al Gobierno dar marcha atrás en su decisión de subir por segunda vez en menos de un año el precio de los combustibles.
Frente a ello y en un intento de impedir que los saqueos y el vandalismo vayan a más, en las redes sociales la Policía Nacional instó a “respetar los límites definidos por la ley en lo que respecta a los movimientos de protesta realizados en las calles” y alertó de que “no tolerará ningún ataque a la vida de las personas ni actos reprobables”.
A las ya habituales imágenes de barricadas ardiendo en carreteras principales y secundarias, en Puerto Príncipe se suman estos días las de decenas de personas deambulando por las calles con todo tipo de recipientes para conseguir algo de agua, dada su escasez.
La falta de agua potable se debe a que los vehículos no pueden circular producto de las barricadas y los quioscos de bebidas están cerrados en una ciudad que se encuentra totalmente paralizada.
En los pocos centros de distribución de agua abiertos, frente a los que se forman largas colas, solo los más fuertes logran conseguir el codiciado líquido.
Al margen, Puerto Príncipe fue escenario también hoy de masivas manifestaciones en las que miles de personas pidieron la salida de Henry, a quien consideran incapaz de resolver la crisis que atraviesa el país y que puede verse agravada con el anunciado aumento de los precios de los combustibles.
Cuando esta medida entre en vigor -todavía no se sabe cuándo- ello provocará un incremento de los precios del transporte y de los productos de primera necesidad en un país donde más del 40% de la población sufre inseguridad alimentaria y 4,9 millones de personas (un 43%) necesitan ayuda humanitaria.
Inmerso desde hace años en una crisis sociopolítica y económica, Haití vio agravarse aún más su situación tras el magnicidio en julio pasado del entonces presidente Jovenel Moïse.
A ello se suma la batalla que libran las bandas armadas en Puerto Príncipe y sus alrededores, que ha causado ya la muerte de al menos 300 personas y la huida de la zona capitalina de unas 3.000.
(Con información de EFE)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador realizó hoy domingo un simulacro a nivel nacional en el que se probó de manera total el sistema informático y logístico de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales programada para el próximo 13 de abril, informó el organismo.
El CNE indicó en un comunicado que el proceso se desarrolló de manera simultánea en las 24 delegaciones electorales provinciales y en el exterior, al poner a prueba todos los aspectos técnicos y operativos del proceso electoral, así como el funcionamiento de las Juntas Receptoras del Voto.
Durante el ejercicio se evaluó también el Sistema de Procesamiento y Transmisión de Resultados, además de ponerse en práctica la aplicación de un plan de riesgos y contingencias ante la actual temporada invernal en el país.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, inauguró la mañana de este domingo el simulacro nacional en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, cuya capital es Quito, en un acto que contó con la presencia de delegados de organizaciones políticas y observadores internacionales.
«A siete días de realizar la jornada de votación estamos cumpliendo hoy con un nuevo hito democrático, al ejecutar el simulacro nacional en cada provincia del país y también en el exterior», dijo la funcionaria electoral.
Añadió que el simulacro es una muestra de que Ecuador se prepara con rigor, con planificación y con transparencia para que el día de la elección no haya algún margen de error.
«Cada voto cuenta y cada voto, como siempre lo hemos hecho, será absolutamente respetado para que sea el soberano el que se pronuncie», apuntó.
Atamaint indicó que el CNE junto con otras entidades estatales monitorea el impacto de las fuertes lluvias que afectan a varias provincias para decidir eventuales cambios de recintos de votación.
Indicó, además, que hasta ahora 14 de las 24 provincias del país ya han recibido las papeletas de votación y el material electoral para los comicios venideros.
Poco más de 13,7 millones de ecuatorianos, dentro y fuera del país podrán elegir el 13 de abril al nuevo mandatario entre los candidatos presidenciales Luisa González, afín al izquierdista expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el actual presidente y candidato a la reelección, el empresario Daniel Noboa.
El balotaje se avizora reñido, después de una primera vuelta ajustada efectuada el 9 de febrero pasado, en la que Noboa obtuvo el 44,17 por ciento de los votos y superó por estrecho margen (16.746 votos) a González, quien alcanzó el 44 por ciento.
La campaña electoral que inició el 23 de marzo pasado terminará el próximo 10 de abril, luego de lo cual regirá un silencio electoral para meditar el voto.
La cifra de muertes a causa del terremoto de Myanmar llegó a 3.564 hasta este domingo por la noche, reportó el Equipo de Información del Consejo de Administración Estatal de Myanmar.
Además, se confirmó que, hasta este mismo día, otras 5.012 personas resultaron heridas y 210 siguen desaparecidas debido al terremoto.
Las autoridades locales, así como organizaciones de rescate locales e internacionales informaron que han brindado atención a 653 personas atrapadas en edificios tras el terremoto y recuperaron 682 cuerpos de entre los escombros.
La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.
«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.
MIEDO
En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.
Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
COSTO POLÍTICO
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.
Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.
